El argumento de la mayoría opositora en el Congreso respecto de que sobran recursos para elevar la jubilación mínima al 82 por ciento móvil del salario mínimo, sin más demostración que dicha afirmación, empezó a despertar preocupación y no sólo en el Gobierno. En círculos académicos y de especialistas en previsión social se advierte, incluso, el riesgo de que lo que se esté impulsando sea la desfinanciación del sistema previsional público para justificar el retorno al régimen de capitalización individual (las AFJP), una batalla perdida por el capital financiero pero no una guerra definitivamente resignada. En lo inmediato, sin embargo, la discusión pasa por la sustentabilidad económica del proyecto; es decir, si hay o habrá recursos para atender un compromiso como el del 82 por ciento móvil. La mayor parte de los opositores soslaya la discusión. Proyecto Sur presentó su propia propuesta de financiamiento, no tomada por el resto. Otros, desde el plano académico, se preguntan si seriamente se ha hecho un estudio antes de promover la suba jubilatoria, mediante un análisis actuarial que atienda al pasivo existente en el sistema, teniendo en cuenta tanto las deudas preexistentes por juicios o ajustes a resolverse en estrados judiciales, como los fondos que deben ser afectados a cargas intergeneracionales (ahorros para pagar a los futuros jubilados). Desde este último planteo, hasta la propuesta de Proyecto Sur quedaría descolocada.

El martes 31, Página/12 publicó la opinión de Sergio Bobrovsky, abogado previsional que promovió la reparación del maltrato a los jubilados durante la década de los ’90, en una denuncia que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bobrovsky calificó de “mamarracho” y de “falto de sustentabilidad económica” el proyecto del 82 por ciento móvil tal como se trató en el Congreso, y que “el incremento fenomenal de las erogaciones sin fuentes de financiamiento” agotaría el stock de dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en dos o tres años. A similares conclusiones arribó, por una vía diferente, otro prestigioso profesional, el economista y profesor de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, Salvador Treber.

En recientes publicaciones, Treber puso en discusión varios argumentos que interpelan la opinión de quienes promueven el avance hacia un régimen de movilidad del haber mínimo de los jubilados, atado al salario mínimo. “Lo lógico y racional hubiese sido respaldar el planteo con un estudio actuarial que analizara a cuánto asciende el pasivo existente en el sistema”, escribió Treber, quien reconoció que realizar una proyección fundada en esos aspectos “es una tarea nada simple”, por la cantidad de factores que requiere proyectar y tomar en cuenta: “Evolución de la población, actual y futura tasa de envejecimiento, correlativa estimación de ingresos vinculada con las asignaciones por pagar y las reservas técnicas para afrontarlas”, citó.

Pidió tener en cuenta, además, el pasivo existente en el sistema, por deudas preexistentes por juicios (sentencias por diferencias de haberes de la década anterior, principalmente) o pendientes de resolución judicial. Se trata, indica el profesor de la UNC, de “centenares de miles de juicios de asignaciones congeladas o reducidas antes de 2003 que, según los analistas más prudentes, no bajaría de 30 mil millones de pesos”. Aproximadamente el 20 por ciento del FGS.

El desequilibrio creciente entre el número de aportantes y la cantidad de personas con derecho a la jubilación es otra cuestión sobre la que Treber llama la atención. La relación entre activos que abonan cada mes sus obligaciones y la masa de jubilados o pensionados es de 1,35 a 1. El autofinanciamiento del régimen previsional hace años que pasó a ser una utopía, pero no sólo para Argentina. Por eso, paulatinamente se van tapando con “parches” las necesidades de cubrir los compromisos con transferencias de recursos de parte de lo recaudado por Impuesto a las Ganancias (20 por ciento) o el IVA (11 por ciento), además de una partida de los fondos destinados a la coparticipación federal (15 por ciento). El autor de estas opiniones también advierte sobre la necesidad de pronunciarse sobre las fórmulas propuestas para evitar el tránsito hacia este casi natural colapso del sistema, en vez de promover propuestas que lo acelerarían.

Otro aspecto, entre varios, puntualizado por Treber, es el referido a la responsabilidad intergeneracional de los aportes y la administración de los recursos actuales. Los fondos que se acumulen para afrontar esos compromisos futuros no pueden ser guardados en efectivo: deben invertirse, buscando protegerlos de la desvalorización monetaria y que generen fondos adicionales (ganancias). De modo tal que dudosamente puedan considerarse de libre disponibilidad inmediata sin afectar las jubilaciones futuras.

Frente a la demanda de fundamentaciones a quienes sostienen que existen fondos suficientes para implementar el 82 por ciento móvil, se ha escuchado una única argumentación, la de Proyecto Sur, que ni siquiera es acompañada por el conjunto de opositores. La base del argumento, sustentado en una estimación realizada por los economistas del sector, Claudio Lozano y Tomás Raffo, es que la restitución de los aportes patronales a grandes empresas (excluyendo a las de menos de 40 empleados) sería suficiente para atraer una masa de recursos adicionales de 21 mil millones de pesos anuales.

Dicho cálculo se basa en proyectar lo que pagan por contribuciones patronales el 4 por ciento de los empleadores (21 mil empresarios de un total de 546 mil patrones) del sector privado, que son los que presentan nóminas salariales con más de 40 empleados. Dicho bloque concentra el 60 por ciento de los trabajadores formales privados (en blanco), el 72 por ciento de la masa salarial y el 75 por ciento de las contribuciones patronales, señala el estudio. “Si retornáramos las contribuciones a los niveles de 1993 solamente para ese segmento empresarial, la proyección anual de la masa de recursos adicionales sería de 21.077,6 millones de pesos”, indican los autores.

Este resultado representaría el financiamiento de más de la mitad de los recursos que demandaría la implementación del 82 por ciento móvil en el primer año. Todavía faltaría considerar el largo listado de aspectos adicionales sobre los que se interroga Treber, todos fundamentales para la salud del sistema previsional público. Y, además, considerar la respuesta de los 21 mil empresarios alcanzados por el eventual aumento de cargas por tener más de 40 empleados. ¿Cuántos se tentarían con pasar a “empleados en negro” la cantidad que sea necesaria para “bajar” a menos de 40 la nómina “en blanco” y pagar menos cargas?

Todo indica que al debate, todavía, le quedan unas cuantas cuestiones por dilucidar.