La presidenta de la Nación enviará al Congreso en los próximos días un anteproyecto de marco regulatorio para la ley que declara la producción, comercialización y distribución de papel de diario como actividad de interés público. La propuesta apunta a evitar que se importe el insumo y asegurar el acceso a precio igualitario de las cantidades que requiera cada medio gráfico. El borrador seguirá un proceso similar al que atravesó la ley de servicios audiovisuales y será debatido en diez foros participativos en todo el país. La primera de esas reuniones será el martes 21 de septiembre en la ciudad de Tucumán. Además, busca asegurar que Papel Prensa funcione al máximo de su capacidad instalada para abastecer la mayor porción posible del mercado interno.

“La idea es que no haya nadie que pueda controlar la palabra impresa por el manejo del papel, que era una forma indirecta de controlar quién podía tener un diario y quién no”, afirmó Cristina Fernández (ver aparte). Según precisó el titular del Palacio de Hacienda, Amado Boudou, la propuesta del Ejecutivo incluye dos cláusulas transitorias vinculadas con Papel Prensa. La primera condiciona a la empresa a funcionar al máximo de su capacidad productiva o a cubrir la totalidad de la demanda de papel en el país.

A su vez, la firma, cuyo paquete accionario se divide entre Clarín (49 por ciento), La Nación (22 por ciento) y el Estado Nacional (27,46 por ciento), se verá obligada a presentar cada tres años un proyecto de inversión si la planta no puede abastecer el total de la demanda interna. En ese sentido, la segunda cláusula propone que “si los socios privados no pueden cumplir el plan de inversiones, sea el Estado el que cumpla esa función y vea así incrementada su participación en la firma”, informó Boudou.

Para despejar posibles cuestionamientos, respecto de la intencionalidad del Gobierno de erosionar el poder de decisión de los propietarios privados mediante ese instrumento, el funcionario explicó que “los derechos políticos de esas nuevas acciones serán ejercidos por el Comité Federal asesor y no por el Estado, que sí sería el responsable de los derechos económicos de ese eventual incremento en su participación”.

“No buscamos licuar la posición de los socios mayoritarios en la toma de decisiones, si no no le estaríamos otorgando los derechos políticos de las nuevas acciones a los potenciales competidores de estos dos grandes medios gráficos”, sostuvo Boudou. El ministro estimó que, “por el contrario, Clarín y La Nación son quienes intentan licuar la capacidad de opinar del Estado nacional en la toma de decisiones de Papel Prensa, algo que es ridículo considerando que el Estado posee el 27 por ciento de la empresa”.

El anteproyecto de marco regulatorio complementa la iniciativa que el Ejecutivo presentó en el Congreso a fines de agosto para declarar la producción, comercialización y distribución de papel de diario como actividad de interés público. Los diputados de Proyecto Sur ya presentaron una propuesta propia y el arco opositor agrupado en el autodenominado Grupo A rechaza las medidas del Gobierno.

“La firma Papel Prensa no está produciendo al máximo de su capacidad instalada y esto provoca que no haya libertad de expresión en el país. Creemos que es posible abastecer íntegramente el mercado interno si esa empresa produce al tope de su capacidad. Hoy es una compañía monopólica que produce por debajo de su capacidad máxima para poder vender a precios más altos y asegurar la posición dominante de sus dueños privados”, sostuvo Boudou.

De todas formas, remarcó que tendrán una estimación más precisa de la demanda total una vez que finalicen los diez foros de debate alrededor del país. En los últimos seis años la empresa redujo su producción y las importaciones aumentaron. Los datos oficiales indican que el mercado interno de papel de diario oscila entre 220 y 250 mil toneladas anuales. Entre 2005-2009 el 71 por ciento del total de las 170 mil toneladas anuales producidas en promedio por Papel Prensa fue comprado por sus propios dueños, con un descuento del 15 por ciento.

Luego del almuerzo que la Presidenta mantuvo con directivos de medios del interior del país, Boudou anticipó cómo estará conformado el Consejo Federal, que se encargará de garantizar el cumplimiento del nuevo esquema regulatorio junto con una comisión bicameral del Congreso. Ese organismo lo integrará un medio de cada provincia y dos integrantes de las asociaciones de usuarios, los cargos durarán cuatro años y las empresas que lo compongan deberán rotar.

Al igual que el debate en 24 foros que tuvo la ley de medios, donde se recogieron y modificaron cuestiones a partir de distintas propuestas, el anteproyecto será analizado en diez instancias en todo el país para “lograr un proyecto de ley con amplio nivel de consenso”, sostuvo Boudou.