Desde Lima

La ley de impunidad de Alan García, calificada como una “amnistía encubierta” a favor de los violadores a los derechos humanos, tuvo corta vida. Arrinconado por las críticas que le llegaron de diversos sectores, desde dentro y fuera del país, García se vio obligado a retroceder y el lunes envió al Congreso una solicitud escrita para que derogue la ley que unos días antes él mismo había promulgado al amparo de las facultades legislativas que le dio el Congreso. El martes, el Parlamento derogó la cuestionada ley con el único voto en contra del vicepresidente de Alan García, Luis Giampietri, un almirante en retiro acusado de violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna de los años ’80 y ’90. Sin embargo, durante el debate parlamentario el oficialismo defendió la ley de impunidad, aunque después votó por su derogatoria, tal como lo había pedido el presidente García.

En medio de la crisis política gatillada por la ley de impunidad para militares y policías, el presidente García adelantó el cambio de su gabinete ministerial, previsto para la primera semana de octubre por razones del calendario electoral, que obliga a los ministros a renunciar seis meses antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril de 2011 para poder postular. El martes en la noche juramentó el nuevo gabinete, presidido por el ministro de Educación, Antonio Chang, con nueve cambios y nueve ministros ratificados.

A los cambios previstos de los ministros que serán candidatos en las próximas elecciones, se sumó la salida del ministro de Defensa, Rafael Rey, impulsor de la ley de impunidad para violadores a los derechos humanos, y del titular de Justicia, Víctor García Toma, quien había cuestionado públicamente esta ley cuando Alan García todavía la defendía. Rey, que fue el único de los ministros salientes que no estuvo en la juramentación del nuevo gabinete, dijo estar “profundamente dolido” por la derogatoria de la ley que permitía el archivamiento de los juicios por violaciones a los derechos humanos. En su último acto como ministro de Defensa, Rey hizo repartir entre los congresistas, durante el debate parlamentario, volantes defendiendo la ley de impunidad.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros organismos, habían exigido la derogatoria de esta ley, pero el gobierno insistió con su defensa. Eso fue hasta el lunes en la noche, cuando el presidente García finalmente cedió a las críticas que le llegaban desde todos lados.

Horas antes de que el gobierno anuncie la derogatoria de la ley de impunidad, el escritor Mario Vargas Llosa le envió, desde París, una carta al presidente García, que se hizo pública ese mismo lunes, criticando duramente la ley y renunciando a la presidencia de la comisión encargada de la construcción del Lugar de la Memoria, un museo en homenaje a las víctimas de la guerra interna. En su carta de renuncia, el escritor calificó la ley de Alan García como “una amnistía apenas disfrazada” para violadores a los derechos humanos que “ha indignado a todos los sectores democráticos del país y a la opinión pública internacional”. Explicó su renuncia señalando que esa ley era incompatible con la construcción de un museo en memoria de las víctimas de la violencia política. “Vargas Llosa no tiene tanto poder”, respondió el presidente García a la difundida versión de que la renuncia pública del escritor precipitó la decisión del gobierno de pedir la derogatoria de la ley de impunidad.

Alan García ha negado que esta ley buscaba protegerlo de posibles futuros juicios por violaciones a los derechos humanos. “No necesito una ley de amnistía”, dijo García. Pero lo real es que la ley que él promulgó permitía el archivamiento de los juicios por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el proceso judicial por la matanza de más de cien presos de Sendero Luminoso en la isla penal El Frontón, ocurrido en 1986 en el primer gobierno de García, lo que lo beneficiaba directamente al estar sindicado como autor intelectual de esa matanza.

Aunque esta vez ha dado marcha atrás retirando la ley de impunidad, el oficialismo, apoyado por el fujimorismo y sectores de la derecha, ha insistido en que se debe “dar una solución a la injusticia que viven muchos militares”, en referencia a los procesados por violaciones a los derechos humanos, a quienes el presidente García ha defendido más de una vez. Se han anunciado propuestas legislativas en ese sentido. Una nueva versión de esta frustrada ley de impunidad podría estar en camino.