Los nichos de trabajo esclavo o “no libre” recientemente descubiertos componen un universo muy preocupante, pero la mayoría de los trabajadores rurales no se de-sempeña en esas condiciones infrahumanas y, sin embargo, está muy lejos de los derechos laborales alcanzados por buena parte del asalariado industrial. Cerca del 70 por ciento del total de los trabajadores rurales está “en negro”, y de la minoría de registrados una relevante porción cobra por debajo del salario mínimo que establece la ley, trabaja de forma transitoria y en malas condiciones de seguridad e higiene. Hugo Luis Biolcati, presidente de la Sociedad Rural, parecía desconocer esta situación cuando hace unos días indicó que “el salario mínimo del campo supera ampliamente al mínimo, vital y móvil. Y se le suma comida y vivienda”. El empresario generalizó la situación de una ínfima porción de los trabajadores rurales que son los registrados, permanentes y calificados de la región pampeana, un conjunto para nada representativo. Los factores que explican la precariedad laboral en el sector son la debilidad de la acción sindical, el aumento en la proporción de trabajadores transitorios, la vulnerabilidad de los hogares rurales y un escenario de difícil fiscalización.

Al menos un millón de personas se ocupan a lo largo del año de forma permanente o transitoria en el agro, aunque sólo están registrados 320.542, según el último dato del Indec correspondiente al tercer trimestre de 2010. Esto supone una tasa de informalidad cercana al 70 por ciento, duplicando a la media de la economía. Pero esta situación no es homogénea en todos los cultivos y zonas del país. Por ejemplo, la informalidad es especialmente alta en cultivos extrapampeanos hortícolas como el ajo, la cebolla, la zanahoria, y también en la producción yerbatera en Misiones. En cambio, la caña de azúcar en Tucumán y las tareas de empaque en el Alto Valle de Río Negro tienen una mejor realidad laboral, a raíz de una tradición sindical fuerte.

Las fuentes de precariedad laboral más usuales son la inestabilidad, desprotección social, remuneraciones por debajo del salario mínimo vital y móvil y sistema de pago a destajo, junto con malas condiciones de seguridad e higiene. Para tener una idea de la precariedad salarial del sector, en el tercer trimestre de 2010 el Indec observó que el salario para únicamente los trabajadores en blanco fue de 2004 pesos, apenas por encima de los 1740 en que estaba el salario mínimo en ese momento. Sin embargo, el dato sólo toma en cuenta esos tres meses del año y, siendo temporarios la mitad de los trabajadores rurales, el promedio anual es mucho más bajo. Pero, además, hay una fuerte heterogeneidad entre el promedio salarial en los cultivos de cereales y oleaginosas (en general radicados en la región pampeana), de alrededor de 2347 pesos según el organismo oficial, y las hortalizas (1595 pesos), frutas (1719 pesos) y cultivos industriales (1591 pesos), que se ubican fuera de la zona núcleo. Y, de nuevo, esto tomando sólo los datos de los trabajadores en blanco.

La informalidad

“Los factores que explican los problemas de informalidad laboral y, en forma más general de calidad de empleo, son varios. En el plano colectivo, la debilidad de la acción sindical, y desde un costado más micro, cabe resaltar la vulnerabilidad de los hogares de los trabajadores y la incapacidad resultante para disputar ingresos y condiciones de trabajo, ya que no es nada fácil rechazar un empleo en ese contexto. Además, son escenarios muy difíciles de fiscalizar, porque los agentes llegan a la tranquera y el patrón ordena que se vaya la mitad de los trabajadores y queden sólo los que están en blanco”, explicó a Página/12 Germán Quaranta, autor del trabajo “Restructuración y dinámica de los mercados de trabajo agrarios en la Argentina” junto a Francisco Fabio, ambos investigadores del área de empleo y desarrollo rural del Ceil-Piette/Conicet.

Otro punto sensible es la legislación laboral que se aplica sobre el sector, donde rige la ley de 1980, con la firma de Jorge Rafael Videla. “La ley de la dictadura deja afuera a los trabajadores agrarios de la Ley de Contrato de Trabajo y creó el Registro de los Trabajadores Rurales (Renatre), compuesto por las cuatro entidades y el gremio Uatre. El Renatre debería regular las condiciones de trabajo en el sector, pero en cambio el vínculo entre el sindicato y la patronal ha incubado e incentivado la situación que tenemos en la actualidad”, indicó a este diario el secretario general de la Asociación de Trabajadores Horticultores y Floricultores, Ernesto Ojeda. En junio del año pasado, el Gobierno presentó en el Congreso una nueva ley de trabajo rural, que propone que el Renatre pase a la órbita del Ministerio de Trabajo, donde también participarían los representantes del sector. “Vuelve a poner la tarea de registración en manos del Estado, de donde nunca debió salir”, agregó Ojeda. Tanto la Mesa de Enlace como el gremio de los peones rurales, Uatre, rechazaron la iniciativa. Ya en 2008, la Mesa de Enlace se había negado a convalidar la jornada laboral de ocho horas.

El trabajo transitorio

Una situación relevante que está vinculada con la informalidad y también con el trabajo registrado pero muy precario es la de los trabajadores temporarios, que representan la mitad de todo el universo de trabajadores rurales. Estos empleados ven especialmente limitada su capacidad de organización gremial y su número se ha incrementado en forma relativa en los últimos años, a partir de los nuevos paquetes tecnológicos y cambios de formas organizacionales de las empresas.

Por ejemplo, en la región pampeana la siembra directa redujo en un 30 por ciento la demanda de mano de obra respecto de las tecnologías previas. “Los cultivos de soja, trigo y maíz, dados los actuales procesos, presentan en su etapa primaria requerimientos casi insignificantes de mano de obra”, advierten Quaranta y Fabio. También ponen como ejemplo el caso del algodón en el Noroeste del país, ya que en los ’90 con la crisis de la industria textil y la difusión de las fibras sintéticas generó condiciones desfavorables para los pequeños productores incentivando la concentración hacia las explotaciones medianas y la mecanización de la cosecha. Algo similar sucedió con la producción azucarera, puesto que la mecanización de la cosecha de caña de azúcar redujo los requerimientos de mano de obra de 50 mil cosecheros en los años ’60 a 15 mil en los ’90.

Producciones alternativas no logran compensar esas pérdidas de empleo, por lo que a medida que aumenta el nivel tecnológico cae la proporción de permanentes, aumenta el desempleo estacional y los trabajos transitorios, indican los investigadores. Pero además del avance tecnológico, la mayor presencia de trabajo temporario se explica por el cambio organizacional que transitan las empresas del sector, que buscan contratar empleados ajustándose a los tiempos efectivos de trabajo y así evitar tiempos muertos, una vieja estrategia capitalista. “De esta forma, hay una tendencia a ‘eventualizar’ la contratación de los jornales, que se monta sobre la estacionalidad característica de las tareas agrícolas, situación que profundiza y modifica la precariedad y la vulnerabilidad de estos trabajadores”, indican Quaranta y Fabio. Así, hay casos de empresas frutícolas muy grandes que trabajan con sólo diez empleados permanentes.

Esta modalidad que se visualiza en las grandes empresas a veces está asociada al trabajo registrado o en muchos casos subregistrado. “Por más que sea registrado sigue siendo precario. Les es muy difícil conseguir trabajo todo el año y, si no se logra continuidad, los ingresos anualizados son inferiores al salario mínimo”, consideró Quaranta.

El sector rural exhibe situaciones extremas como el trabajo “no libre” o esclavo, donde se vulneran derechos humanos elementales, y un mínimo universo de asalariados bien pagos, como puede ser el maquinista contratado en la región pampeana. En el medio, la gran mayoría de los trabajadores rurales conviven con la informalidad y los flagelos que ello conlleva: menores salarios, jornada de más de ocho horas, falta de acceso a la seguridad social y a derechos adquiridos como vacaciones, aguinaldo y licencia por enfermedad, entre otros. Otro importante núcleo registrado no escapa a la precariedad ligada a la eventualidad laboral, sumada a deficiencias en las condiciones de higiene y seguridad.