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El 49,8 por ciento de los trabajadores del campo no está registrado. De la otra mitad, el 92 por ciento está anotado cobrando el salario mínimo del peón rural, el más bajo de todos los sectores productivos. De esta manera, los actuales trabajadores agropecuarios, cuando lleguen a la edad de jubilarse, o no tendrán ese derecho de la seguridad social o cobrarán la mínima. Página/12 accedió a un informe del Ministerio de Trabajo recién finalizado sobre el empleo irregular en el país, que incluye datos sobre la situación de los distintos sectores y los 24 distritos del país. En 2003, el trabajo no registrado superaba el 50 por ciento; a fines de 2010 retrocedió al 34,6 por ciento, un porcentaje aún muy alto, tanto en términos históricos como comparado con otros países. Esa cifra se mantiene en un umbral elevado pese a un ciclo económico muy bueno, con tasas de crecimiento elevadas durante muchos años. Esto refleja que la existencia de un importante núcleo duro de trabajadores contratados en forma irregular no se perfora solamente con políticas que impulsen un fuerte aumento del PBI. Se presenta entonces la necesidad de una estrategia específica para atender ese problema.

En los últimos siete años la cartera laboral realizó más de 850 mil inspecciones, que abarcaron a 2,7 millones de trabajadores. En 2010, de cada 10 nuevos empleos privados, 8 se registraron. Pero sectores como el campo, la producción de madera y papel, la gastronomía y la construcción mantienen en sus plantillas a más de cinco millones de trabajadores informales.

La Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo produjo un informe basado en los datos de los operativos realizados durante 2010. En el sector agropecuario se inspeccionaron 12.923 establecimientos, que suman 42.314 trabajadores. El 49,8 por ciento no estaba registrado. En el rubro producción de madera y papel el nivel de informalidad encontrado fue del 36,9 por ciento. En gastronomía, del 31,3 por ciento. En transporte y almacenamiento, del 31,2 por ciento. El sector de mejor performance fue el de hotelería: en 12.432 inspecciones se halló un índice de trabajo no registrado del 15,7 por ciento.

“Se ha hecho mucho en el mundo laboral, pero también falta mucho, porque los desafíos nunca terminan. Hemos avanzado y consolidado políticas laborales como el Plan Nacional de Regulación del Trabajo, y es justamente ahí donde tenemos que juntar nuestros esfuerzos; no podemos bajar los brazos ni un minuto”, señaló a Página/12 el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Y agregó: “Articular un trabajo conjunto entre las provincias y la Nación no fue una tarea fácil; esto se construyó desde las dificultades, pero con una profunda convicción de que era necesario crear una institución para mejorar la calidad institucional del país y del mundo del trabajo”.

En los noventa, dependencias del Estado fueron desarticuladas y disminuidas a su mínima expresión. La decisión no fue inocente: estaba directamente relacionada con el modelo económico vigente. Los trabajadores con contratos irregulares cobran salarios más bajos, es decir que disminuyen los costos de las empresas. En 2003 el Ministerio de Trabajo contaba con 20 inspectores para cubrir los 24 distritos del país; en la actualidad hay 450 profesionales realizando operativos. De todas maneras hay provincias en que el trabajo informal bajó muy poco. En Corrientes, el 47,5 por ciento de los trabajadores no está registrado; en La Rioja, alcanzan el 40,7 por ciento del total, y en Salta, el 40,3 por ciento.

“La informalidad laboral ha descendido fuertemente desde el pico del 50 por ciento de 2002, pero ese descenso no se condice con el crecimiento económico y la caída del desempleo. Con una desocupación del 7,3 por ciento, los sindicatos tienen el poder suficiente para presionar por mejores condiciones de trabajo”, indicó a Página/12 Mariana González, economista de Cenda y del Centro de Estudios Laborales de CTA. “La responsabilidad de bajar el índice de trabajo informal es del Estado y de los sindicatos. El Ministerio de Trabajo ha destinado una importante cantidad de fondos y de recursos humanos a la tarea, pero aún debe redoblar los esfuerzos. En el caso de los sindicatos existe una gran heterogeneidad en los distintos sectores. Hay algunos que se ocupan del tema y otros que no demuestran el menor interés”, completó la economista.

El 50 por ciento de empleo informal en el campo eleva el promedio general. Si el registro estuviera en línea con la media del resto de los sectores, el trabajo no registrado en el país bajaría cinco puntos. Los especialistas afirman que el sector agropecuario tiene dos problemas que lo diferencian del resto: la extensión territorial a controlar y la cultura laboral histórica del sector. Argentina tiene más de treinta millones de hectáreas sembradas de granos y oleaginosas, a las que hay que sumarles las que se utilizan para ganado y producciones regionales. Sin una fuerte organización gremial con convicción de mejorar la calidad laboral de los empleados del campo, la tarea de control estatal se hace difícil.

Dos rubros que en los noventa llegaron a más de un 60 por ciento de informalidad y que lograron un fuerte descenso son la construcción y los textiles. Según el informe de la cartera laboral, el trabajo informal en la construcción cayó al 30,2 por ciento, la mitad que hace diez años, y el sector textil descendió al 22,5 por ciento, muy por debajo del promedio. En Trabajo aseguran que esas notable bajas se deben a un fuerte compromiso asumido por los sindicatos de los sectores involucrados.

En la cartera laboral aseguran que la mejor situación económica, la caída de la desocupación, el trabajo conjunto entre la AFIP y el Ministerio de Trabajo y una mayor demanda de calidad laboral de los trabajadores confluyeron para que en 2010 ocho de cada diez nuevos empleos fueran en blanco. También señalan que la mayor informalidad se da en empresas de hasta diez empleados, pero que aún existe un alto nivel de trabajo no registrado en medianas y grandes compañías. En estas empresas se encuentra la mayor cantidad de trabajo “gris”, es decir que están registrados por un salario menor al que reciben.

En el marco del Plan Nacional de Regulación del Trabajo, la cartera laboral instaló 36 delegaciones regionales para realizar inspecciones; aumentó la cantidad de inspectores un 2000 por ciento y promulgó la Ley de Regularización Laboral, que permitió que las empresas blanquearan a 900 mil trabajadores, sin la mochila de deudas, multas e intereses. También realizó una campaña de regularización del personal doméstico, resultado del cual 200 mil mujeres fueron registradas. En las 850 mil inspecciones realizadas en 7 años se consiguió que el 38 por ciento del personal encontrado en forma irregular formalizara su situación. La mayoría de los especialistas piensa que sólo un régimen de fuertes multas a las empresas y un compromiso mayor de los sindicatos permitirán un avance firme para mejorar la actual situación que implica que uno de cada tres empleados se encuentra en condiciones de informalidad.

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