El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que agrava las penas vinculadas al terrorismo y al financiamiento de esas actividades. Los cambios, que se introducirán en el Código Penal incrementan las sanciones, los años de cárcel y las multas estipuladas para esos delitos. Desde el Ministerio de Justicia enfatizaron a Página/12 que la legislación excluye la posibilidad de considerar actos terroristas las acciones realizadas en el ejercicio de derechos constitucionales, como la protesta social. Además presentaron otra iniciativa que penaliza la manipulación del mercado financiero, un ámbito donde hasta ahora el organismo de control solamente podía multar y sancionar. Las medidas impulsadas responden a una parte de las “recomendaciones” efectuadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional que volverá a reunirse en París el 24 de octubre.

Los proyectos que presentó el Gobierno complementan la ley que ya modificó el Código Penal para definir como delito autónomo el lavado de activos provenientes de ilícitos y ampliar el alcance de las sanciones penales a operaciones de evasión tributaria o narcotráfico. La promulgación de esa norma en junio pasado evitó una sanción del GAFI, institución intergubernamental conformado por 34 países y 2 organizaciones regionales. Bajo la óptica del organismo, Argentina es considerado un país cooperante con un plan de acción en curso para adecuar su legislación a los estándares que impulsa el GAFI y, por lo tanto, se encuentra bajo un seguimiento intensivo. El país se comprometió a resolver distintos aspectos para junio del 2012. El paquete de medidas presentado ayer apunta a cubrir los requerimientos del organismo vinculados con el terrorismo y su financiamiento.

Se trata de un terreno sensible, ya que las presiones del GAFI fuerzan a sancionar leyes que pueden afectar la soberanía y los principios que rigen el derecho de los países. Por eso el titular de la cartera, Julio Alak, aseguró que las normas no implican una resignación de soberanía jurídica y precisó que los cambios en el Código Penal “garantizan la vigencia irrestricta de los derechos humanos y excluye expresamente que puedan ser considerados actos terroristas las acciones realizadas en el ejercicio de derechos constitucionales”. En la cartera de Justicia explicaron a este diario que “se creó un agravante específico dentro de la parte general del Código Penal que se aplica a todos los delitos contemplados en esa legislación que se cometan con finalidad terrorista. No resignamos los principios de ordenamiento jurídico interno y aseguramos que no pueda aplicarse cuando se trate de protestas sociales”.

El segundo proyecto incorpora al Código Penal un conjunto de delitos financieros que hoy son considerados como infracciones administrativas en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El abuso de información privilegiada, la manipulación del precio de los activos, la captación fraudulenta de ahorros y el cohecho financiero serán incorporados a la legislación si se aprueba la iniciativa. “Son herramientas necesarias para fortalecer al Estado en su misión de proteger la estabilidad económica y financiero”, aseveró el titular de la CNV, Alejandro Vanoli. “Si la estafa de la firma Enron o el esquema aplicado por Bernard Madoff sucedía en Argentina, la CNV solo podía apercibir o multar por un máximo 1,5 millón de pesos o seis veces el daño. Si se aprueba el proyecto esos delitos podrán ser penados con cárcel”, explicó el economista a este diario. La iniciativa no elimina las atribuciones de la CNV sino que suma la posibilidad de definir como delito penal distintos mecanismos difundidos de abuso financiero para que la Justicia cuente con las herramientas para sancionarlos. El paquete de iniciativas se completa con la reglamentación de un sistema de regulación, supervisión y sanción para la Unidad de Información Financiera (UIF) y la creación del Programa Nacional de Monitoreo de la implementación de las herramientas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.