El Grupo de los 6 (G-6), conformado por la Unión Industrial, la Sociedad Rural, las cámaras de la Construcción y Comercio, la Bolsa porteña y los bancos nacionales (Adeba), apoyó ayer las nuevas medidas del Gobierno para evitar el financiamiento de actos terroristas. El ministro de Justicia, Julio Alak, había anunciado el día anterior que enviará al Congreso una serie de proyectos de ley en la materia, que están en sintonía con la norma sancionada a mitad de año donde se definió al lavado de dinero como un delito autónomo. “El apoyo a las políticas del Gobierno, que se ajustan a los estándares internacionales y a lo que recomienda el GAFI, fortalecen nuestro entorno de negocios promoviendo una mayor inserción en los mercados internacionales”, sostuvo el G-6 a través de un comunicado.

Esta no es la primera vez que el nucleamiento empresario –del que forma parte Hugo Biolcati como titular de la Rural– se manifiesta a favor de las políticas antilavado del Ejecutivo. En agosto, el G-6 fue recibido por la embajadora estadounidense Vilma Martínez, a quien le pidieron su colaboración para evitar posibles sanciones del Grupo de Acción Financiera a la Argentina. Ese organismo es el encargado de delinear las políticas contra el lavado.

En aquella oportunidad, el G-6 también se había mostrado a favor de la ley que estableció al lavado como un delito autónomo. Incluso, los empresarios llegaron a enviarle una carta al titular del GAFI, Luis Urrutia Corral, señalando que las medidas de control que se aplican en la Argentina son más severas que en otros países.

“Por una inversión de 50.000 dólares en el país te piden tres veces más garantías que por una inversión de cinco millones en Nueva York”, le habían explicado a la embajadora Martínez. Los empresarios consideran que el país ya es exigente con ellos en los controles de lavado y buscan neutralizar presiones en pos de una mayor vigilancia. Por otro lado, como contraejemplo, los empresarios señalan que en países como Estados Unidos e Inglaterra funcionan dos de los principales espacios de opacidad financiera e informativa a nivel global: el estado de Delaware y la city de Londres, dos jurisdicciones que exigen escasas regulaciones a tran-sacciones que pueden ser consideradas como lavado de dinero.

Los nuevos proyectos que se enviarán al Congreso incrementan las sanciones, los años de cárcel y las multas estipuladas para los delitos vinculados con el terrorismo. Este era uno de los pedido explícitos del GAFI, que el próximo 24 de octubre volverá a reunirse en París. Argentina quiere evitar cualquier tipo de sanción.

“Estas son medidas necesarias para que no surjan nuevas trabas en el comercio internacional. Cualquier mala calificación para el país en un organismo internacional nos puede complicar nuestra inserción comercial en el mundo”, explicó a Página/12 Carlos Wagner, titular de la Cámara de la Construcción. Los empresarios seguirán de cerca los próximos pasos de los nuevos proyectos de ley, e incluso no descartan la posibilidad de acompañar a la delegación argentina al próximo encuentro del GAFI. “Queremos ser útiles y aportar algo para evitar cualquier sanción. Si el Gobierno lo considera oportuno, podríamos acompañar a la comitiva”, agregó Wagner.