El gobierno de Mauricio Macri desalojó un predio del barrio de Belgrano que pertenece al Estado porteño, usufructuado desde hace veintiséis años por el Club Obras Sanitarias, pero en lugar de construir allí un espacio verde, como lo obliga expresamente una ley, se lo dio en concesión a la Asociación Argentina de Tenis (AAT), cuyo presidente, Arturo Grimaldi, es testigo de casamiento del jefe de Gobierno.

La denuncia fue realizada por la integrante electa de la Junta de la Comuna 13 (Belgrano, Núñez, Colegiales), Julieta Costa Díaz, junto a los legisladores Jorge Selser y Adrián Camps (todos de Proyecto Sur), quienes presentaron esta semana un recurso de amparo ante la Justicia porteña para que los terrenos sean restituidos para el uso público.

Se trata de los cotizados lotes ubicados en la avenida Figueroa Alcorta 7350, donde funciona una dependencia del Club Obras Sanitarias de la Nación. Esa ocupación, dice la presentación, es ilegal, ya que los terrenos fueron transferidos por la Nación a la Ciudad, en 1996, para la construcción de un “espacio verde de uso público”. Esa transferencia fue ratificada en 1999 por la ley 239, de la ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, decidió en 2009, mediante decreto 725-GCBA-2009, intimar a Obras Sanitarias a desocupar los terrenos irregularmente ocupados. En los considerandos del decreto se expresa textualmente que “resulta indispensable concluir con la ocupación irregular del predio en cuestión, y afectar el mismo al destino que prevé la ley N° 239, el decreto nacional N° 670/96, y la escritura de transferencia del año 2000”, es decir “la construcción de un espacio verde de uso público”.

Este decreto fue cuestionado judicialmente por el Club Obras Sanitarias, que pretendía extender la explotación del predio. La Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña rechazó los cuestionamientos en primera y segunda instancia, al entender que el desalojo no afecta los derechos del club, “que desde hace más de dos décadas ha dispuesto del uso y goce gratuito de un importante inmueble en una zona privilegiada de la ciudad”.

A su favor, el club había argumentado que prestaba servicios no solamente a sus socios sino a los alumnos del Instituto José Ingenieros, una escuela privada dependiente de la institución, y a deportistas de la Asociación de Tenis sobre Sillas de Ruedas.

El predio en cuestión consta de 46.300 metros cuadrados, de los cuales Obras Sanitarias ocupa la tercera parte. El resto corresponde a un edificio de la Universidad Di Tella, un local abandonado de lo que fue el boliche Junior, una capilla y la plaza El Salvador.

El desalojo, finalmente, se produjo el 16 de septiembre y no estuvo a cargo de la Policía Metropolitana sino del propio director de Concesiones, Ezequiel Sabor, quien sacó del lugar “a la encargada del buffet y a la concesionaria de las canchas de tenis”, de acuerdo con el relato que consta en la presentación judicial realizada por socios del club Obras, a la que accedió este diario.

La Metropolitana recién se hizo presente “en forma desmesurada” el lunes siguiente, 19 de septiembre, cuando los trabajadores del club intentaron ingresar para cumplir con sus tareas. Según los socios denunciantes, tras el desalojo se otorgó una “concesión gratuita encubierta en favor de la Asociación Argentina de Tenis, que le permite desarrollar todo tipo de actividades, como el alquiler de canchas a particulares.

El interés de los socios no coincide con el de los vecinos. Los primeros pretenden continuar con el uso de las instalaciones del club. El de los vecinos, que se respete la ley y se recupere ese lugar como espacio verde de uso público.

Justamente, unos doscientos vecinos, convocados por la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano –que hace años reclama por la parquización del terreno– marcharon el miércoles 5 de octubre al predio en conflicto y comprobaron que “no sólo seguía ocupado ilegalmente sino que en su interior se lleva adelante una construcción ilegal”, dijo a Página/12 la comunera Costa Díaz. Los vecinos concurrieron con personal de la comisaría 51, ante quienes formularon una denuncia por el delito de usurpación. La consejera hizo lo propio ante la Fiscalía. “Vamos a ver si actúan de manera tan expeditiva como cuando persiguen a la gente sin vivienda que utiliza algún espacio público, como en el caso del Parque Indoamericano, o se hacen los distraídos con los amigos del Poder Ejecutivo.”

El abogado Andrés Gil Domínguez, patrocinante legal de Club Obras Sanitarias, confirmó a Página/12 que “después del desalojo, la Asociación Argentina de Tenis comenzó a hacer trabajos de refacción dentro del espacio presuntamente concesionado, consistentes en “el desmantelamiento del buffet y la construcción de vestuarios”. Agregó que tras el recurso de amparo presentado por los socios del club, “la Justicia suspendió los efectos del desalojo y restituyó el predio al club, pero desde entonces el lugar permanece custodiado por la empresa de seguridad privada de la AAT, Road Investigation”.

El conflicto se ha judicializado con demandas cruzadas. A las ya mencionadas, se suma el recurso de amparo presentado esta semana por los legisladores Jorge Selser y Adrián Camps, que al igual que Costa Díaz pertenecen al Partido Socialista Auténtico. Reclaman que se cumpla con la ley 239 y se construya un espacio verde de uso público en los terrenos de Figueroa Alcorta 7350.

El mismo 5 de octubre, ante la insistencia de los manifestantes, “uno de los ocupantes exhibió la fotocopia de un documento certificado por escribano público entre el señor Arturo Grimaldi y el director de Concesiones del GCABA, Ezequiel Sabor, otorgando este último al primero el uso precario a título gratuito del terreno que es objeto de la ley 239”, dice el escrito presentado por los diputados.

“A la vista de todos siguen allí funcionando diez canchas de tenis cuya utilización requiere del pago de un alquiler, en apariencia administradas por el Carminatti Tennis Center como figura en diversos sitios web dedicados a la práctica del tenis”, agrega la consejera de Proyecto Sur.

Página/12 intentó consultar a la Dirección de Concesiones de la Ciudad, para saber si se había otorgado alguna concesión para el uso del predio desalojado, pero ni su titular, Ezequiel Sabor, ni sus colaboradores pudieron ser localizados.

“El PRO, tan preocupado por el uso indebido del espacio público por parte de vendedores de baratijas o cuidacoches, está entregando a privados por acción o por omisión, un terreno en un lugar privilegiado de la ciudad”, advirtió la integrante de la junta comunal.

En tanto, Gil Domínguez dijo a este diario que tras el primer revés judicial, el Club Obras Sanitarias presentó a la Legislatura un proyecto “para que se le otorgue al club una equiparación a la situación del Club de Amigos, que obtuvo recientemente una prórroga de la concesión del espacio que utiliza por veinte años”.