Las explicaciones que el ministro de Planificación, Julio De Vido, ofreció en la extensa conferencia de prensa del viernes (compartida con su par de Economía, Amado Boudou) sirvieron para despejar interrogantes acerca de cómo será el régimen de quita paulatina de los subsidios en las tarifas de electricidad, gas y agua. El ordenamiento dispuesto establece sectores de actividad y zonas o edificios en los que la quita será inmediata. Para el resto, según la ubicación geográfica, se señalaron ya las primeras zonas en las que los usuarios recibirán, en enero, el formulario para reclamar que se les mantenga el subsidio. El resto deberá esperar y seguirán gozando del descuento.

Algunos aspectos de la implementación de la quita fueron analizados para Página/12 por un especialista en servicios públicos que colaboró, en estos años, con propuestas para adaptar un modelo, el de las privatizaciones, que considera “fracasado” y necesitado de cambios más profundos. Marcos Rebasa está vinculado desde siempre profesionalmente con el peronismo, formó parte del primer directorio del Ente Regulador de la Electricidad y actualmente preside el Foro de los Servicios Públicos y el Petróleo.

–¿Coincide con la oportunidad elegida para revisar los subsidios?

–El mantenimiento de las tarifas en un nivel fijo de precios (con posterioridad a la debacle de la convertibilidad) estuvo bien hasta determinado punto. Está claro que se les estaba haciendo pagar un precio también a las concesionarias privadas por las excesivas ganancias que recibieron en los años anteriores, y que se buscaba beneficiar con menores costos a los sectores productivos, usuarios mayoristas de esos servicios. El peligro es pasarse de la raya, que el congelamiento dure demasiado tiempo, quedarse enganchado con el instrumento. Un poco lo que pasó con la convertibilidad, que cumplió su función estabilizadora hasta cierto momento pero que debió abandonarse mucho antes de lo que se hizo. Yo estoy de acuerdo con que había que revisar los subsidios pero desde mucho antes, para no convertirlo en un costo fabuloso para el Estado, que podría estar aplicándose a fines redistribucionistas.

–¿Por qué cree que no se hizo antes? ¿No había condiciones políticas?

–Si se hizo ahora y no antes, seguramente es por motivos políticos. Pero esa evaluación yo no la puedo hacer. Lo que sí digo es que nosotros propusimos a la Secretaría de Energía hace ya cinco años ir trabajando en alguna fórmula de salida de los subsidios generales, al menos en el mercado mayorista (grandes usuarios). Se nos decía que podía tener un perjuicio inflacionario. Pero se podría haber trabajado con una pauta gradual, no retirarlos de una vez. Por ejemplo, disminuir el cinco por ciento de los subsidios por vez, periódicamente. A esta altura ya el tema hubiera estado resuelto, con las tarifas niveladas. Se nos dijo también que eliminarlos para todos hubiera generado un problema de inequidad. Yo creo que el mayor problema no es de equidad sino económico, el que provoca un anclaje presupuestario de tantos miles de millones de pesos, que son recursos que podrían tener otro destino.

-Eso es cierto. Es una masa de dinero que se volcó al crecimiento. ¿Pero a qué precio? Probablemente a un costo muy alto. Ese es el punto: hasta dónde la medida es beneficiosa y cuándo hay que empezar a cambiarla. Ojo que yo no estoy en contra de que se hayan aplicado subsidios ni de que se revisen para eliminarlos parcialmente. Lo que digo es que se podría haber hecho antes, con una quita pautada y pausada.

–¿No cree que si se hubiera hecho antes habría enfrentado una mayor resistencia?

–No lo sé con seguridad, pero me imagino que con una alternativa de reducción pautada, de a dos puntos para el usuario residencial, de a cinco puntos para el mayorista, habría tenido dos grandes beneficios: no impacta tanto en los bolsillos y tampoco en los índices inflacionarios. Eso también es “sintonía fina”. Pero ahora se hace de una sola vez, se les da la opción a millones de usuarios de reclamar seguir con el subsidio o renunciar, y va a haber mucha especulación con esto. No sabemos cómo termina y, por lo tanto, si el Estado no va a seguir pagando un excesivo costo en subsidios por mucho tiempo más. Tampoco se puede asegurar que no va a haber costo político. En esta combinación, el costo total puede ser alto. De todos modos, era necesario empezar a transparentar, de alguna manera, el tema de las tarifas y los subsidios. Esperemos que salga bien.

–¿Esto es una consecuencia del modelo de privatizaciones?

–Una consecuencia, pero no la solución. Hay problemas más graves que soportamos por el fracaso total del modelo energético de las privatizaciones. Por eso aclaro que puedo tener críticas a la gestión actual, pero para nada coincido con los ex secretarios (de Energía), que critican pero no se hacen cargo del monstruo que crearon. Este modelo no garantizó las inversiones, no aseguró la generación, dejó una regulación ineficiente. Esto requiere cambios de fondo, que urgentemente deberían ponerse en discusión.