La Cámara de Diputados dio ayer media sanción a los dos proyectos de ley referidos al lavado de activos y la financiación del terrorismo: uno que agrava las penas por delitos con fines terroristas y otro referente a los delitos financieros, con la posibilidad de que la Unidad de Información Financiera (UIF) pueda congelar los fondos vinculados con ese tipo de acciones. La aprobación fue con 134 votos a favor y 90 en contra en el caso de terrorismo, y 165 positivos y 57 negativos para la ley de lavado. El tratamiento fue el más reñido de la jornada, dada la resistencia que genera la incorporación del artículo 41 al Código Penal, por el cual se duplican las penas máximas y mínimas en el caso de que el delito pueda estar vinculado con un acto terrorista, lo que deja abierta la puerta para que se interprete la ley criminalizando la protesta social, según advirtieron distintas organizaciones y especialistas.

Estas medidas fueron solicitadas por las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ente que regula los movimientos y reglamentaciones a nivel global. En este sentido, los proyectos tienen por objeto incluir en el Código Penal los delitos contra la manipulación de los mercados financieros y reforzar las penas para quienes cometan actos de terrorismo o colaboren en ellos.

La discusión comenzó a las 19.30 con la exposición del diputado Oscar Albrieu (FpV), quien aclaró que las facultades del titular de la UIF, José Sbattella, de congelar los activos, es “una medida de urgencia”, pero que el segundo paso será indefectiblemente el aviso inmediato a la Justicia para que apruebe el embargo del dinero. A los fines de llevar a la práctica estas sanciones se incorporarán una serie de delitos financieros que actualmente son infracciones administrativas. La medida incorpora la tipificación del delito de abuso de información privilegiada, la manipulación de valores negociables, la captación clandestina y fraudulenta de ahorros públicos y el cohecho financiero.

Sobre este proyecto no hubo mayores discusiones, tras la aclaración de Albrieu de que el congelamiento es transitorio. Sin embargo, lo que generó la discusión más encendida fue el agravamiento de las penas en caso de que se consideren vinculadas con el terrorismo. El proyecto señala: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala”.

“La ley va más allá del pedido del GAFI, dado que son leyes que van a durar en el tiempo. No puede ser que una pena por homicidio, con 25 años, pase a 50 si se considera que es un acto terrorista, mientras que la pena máxima por delitos de lesa humanidad es de 25 años”, criticó el diputado radical Manuel Garrido. En tal sentido, Jorge Yoma (FpV) había anticipado que acompañaría la medida, porque las autoridades del Ministerio de Justicia se habían comprometido a morigerar los desequilibrios en las penas tras la duplicación. Independientemente de los tiempos, la carátula de acto terrorista implica además que se lleve a cárcel efectiva delitos excarcelables.

La iniciativa, que fue girada al Senado, impulsará la creación de un agravante específico de las sanciones para quienes cometan actos de terrorismo o colaboren en ellos. En esa línea, el proyecto indica la aplicación de prisión y multa a quien directa o indirectamente recolecte o provea bie-nes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar la comisión de un delito de naturaleza terrorista. La diputada Ramona Pucheta, socialista del MIJD (movimiento de Raúl Castells), aseguró que quien aterroriza a la población es “el imperio, ese mismo que ahora nos pide que saquemos esa ley”.

El diputado Agustín Rossi (FpV), encargado del cierre del debate, recordó que el gobierno nacional nunca reprimió protestas sociales, por lo que consideró definiciones sin asidero que se especule con la posibilidad de que se criminalice la protesta social. La oposición criticó el hecho de que no se haya discutido más la propuesta, con la asistencia de juristas y que, en cambio, se haga a las apuradas. También atacaron a los diputados kirchneristas por votar algo “de lo cual no están de acuerdo”. “Ninguna fuerza nacional y progresista puede bancar estas medidas”, coincidieron en señalar varios expositores. “El oficialismo está para defender las iniciativas de su gobierno, es una obviedad, pero es así”, contestó Rossi.