“No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, leyó con nitidez el secretario del Jurado de Enjuiciamiento. La destitución del camarista mendocino, que está prófugo, fue una decisión unánime del jury: lo acusaron de haber “omitido” en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 –con la Triple A– y durante la última dictadura. Apenas se oficializó la remoción, el juez Walter Bento ordenó la captura internacional de Romano en la causa en la que está procesado como partícipe de 103 crímenes de lesa humanidad. Hasta el fin de semana pasado la Justicia tenía datos de que seguía en Chile.

Romano se tomó un avión un día antes de que lo suspendiera el Consejo de la Magistratura por haber actuado en complicidad con el terrorismo de Estado. El Jurado, que preside la jueza Alicia Noli, guarda casi como una pieza de colección un papel de la empresa LAN, que confirmaba que había volado el 24 de agosto, prueba de lo más insólita para un juez: escaparse a la hora de rendir cuentas ante la Justicia, lo que según el tribunal “refuerza la convicción” de expulsarlo. Romano, en rigor, había hecho de todo para evitar el juicio, que logró frenar casi un año con una medida cautelar de un juez ad hoc.

El proceso de destitución se puede hacer en ausencia. El juicio penal, no. Y como el fiscal Omar Palermo y el juez Bento consideran a Romano en rebeldía, ayer mismo activaron la orden de detención, enviada a Interpol, supeditada a la pérdida de sus fueros. Romano había pedido asilo político al gobierno chileno, una salida improbable para acusados de delitos de lesa humanidad. Si ahora lo encuentran, la lógica es que quede detenido y sea sometido a un juicio de extradición.

A falta del acusado, estaba su cara multiplicada en cartelitos sostenidos por varillas que empuñaban militantes de H.I.J.O.S. “Genocida Judicial”, “Te llegó la hora de la justicia”, “103 razones para ir preso”, se leía. El grupo estalló en una ovación cuando se escuchó la frase que anunciaba la decisión de “remover al señor juez” por “mal desempeño”. El secretario leyó una novedosa declaración de principios: “Las conductas relacionadas con la violación de derechos humanos merecen el más vigoroso repudio de este Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por atentar contra valores humanos fundamentales”.

La sentencia dice que en tiempos de la “brutal persecución de grupos armados, ya sean policiales, militares o paramilitares acaecida entre los años 1975 y 1976”, “Romano desempeñó sus funciones de fiscal federal en una abultada cantidad de casos y, paradójicamente, cuando más se necesitaba la garantía de contar con funcionarios judiciales independientes, que sin requerírseles actos de arrojo o de peligro para sus vidas, se les exigía la valentía de actuar con firmeza y sobre todo rectitud en su conducta procesal, él desdeñaba reiteradamente los reclamos, denuncias y hasta clamores de los detenidos en función de aquellas leyes de seguridad nacional o los de sus familiares, así como los de tantos otros de los que jamás se supo su paradero y destino”.

Los testimonios de las víctimas, destaca el fallo, dieron “una vívida muestra del período de ignominia”. En los centros de detención, dice, como el Departamento de Policía (D2) de Mendoza, se “extraía mediante amenazas” y “torturas las declaraciones y confesiones” que “eran utilizadas posteriormente en sedes judiciales como presunción o prueba en contra de los imputados”. Se les aplicaba la llamada “ley antisubversiva” y la de seguridad nacional.

Hubo testigos, como Luz Faingold y Luis Toledo, que denunciaron haber sido visitados por Romano en sus celdas. Luz tenía 17 años cuando fue llevada al D2, donde también fue atacada sexualmente. Romano y el destituido juez Luis Miret negaban la restitución a sus padres, que la reclamaban. Su novio León Glogowsky contó cómo la escuchaba implorar en el calabozo vecino que dejaran de violarla. Aseguró que denunció las torturas de todos los detenidos, sin ningún eco. Lo mismo contaron abogados de presos en aquellas circunstancias a quienes el jury les dedicó un párrafo especial, donde mostró cómo los terminaban secuestrando y acusando de lo mismo que a sus defendidos.

“El acusado, en contraposición con la celeridad y diligencia que demostraba para investigar las infracciones”, “en función de la Ley 20.840 (o “antisubversiva”), nada hizo respecto de los graves delitos de torturas, violaciones y robos” denunciados en “forma directa” y con “detalles” ante él, incluso durante las indagatorias. “Incumplió sus obligaciones como funcionario esencial del sistema de justicia”, dice la sentencia.

La acusación original de los consejeros Hernán Ordiales (del Poder Ejecutivo) y Carlos “Cuto” Moreno (FpV) fue avalada en su mayor parte, y unos pocos cargos rechazados. Sobre un planteo de la defensora oficial, Fabiana León, el jurado aclaró que si Romano fue ascendido en 1994 es porque no se conocía su papel en la dictadura.

Los grandes impulsores del juicio a Romano fueron los organismos de derechos humanos de Mendoza, en especial el Movimiento Ecuménico (MEDH). Hace algunos años intentaban descifrar por qué allí no avanzaban las causas por crímenes dictatoriales. Hasta que advirtieron que el problema estaba en la Cámara, con los jueces que habían actuado en el terrorismo de Estado y otros que en democracia fallaban a favor de los represores y de sus propios colegas que comenzaban a ser cuestionados como colaboracionistas. A comienzos de este año fue destituido Miret. Ahora avanzan denuncias contra Julio Petra, acusado de haber intentado ayudar a Romano con maniobras judiciales y de liberar a militares en masa.