Una empresa pyme con 10 a 20 empleados en blanco, con una trayectoria de más de una década ininterrumpida, hoy sólo podría conseguir una financiación bancaria limitada a la autorización que le otorgue la entidad, de la cual es cliente, para girar en descubierto sobre su cuenta corriente. En el mejor de los casos, esa financiación podría cubrir la mitad de sus salarios brutos, pero sin los aportes sociales a cargo del empleador. El costo de esa financiación limitada es el doble del que tiene un crédito personal. Si esa misma empresa requiriera de un monto mayor de crédito para cubrir, por ejemplo, capital de trabajo (pago de salarios extra, como aguinaldo, compra de materias primas u otros), deberá recurrir a las “cuevas” que descuentan cheques diferidos. En este caso, el costo financiero puede llegar al 7 por ciento mensual. La misma existencia de estas “cuevas” de descuento de cheques –que además no aceptan cualquier cheque, si no es de una empresa cuya trayectoria ya conocen–, y su uso más que difundido, es la prueba de que las pymes no cuentan con mecanismos institucionales para su financiamiento.

Esta realidad que sufren a diario cientos de miles de empresas pequeñas y medianas en todo el país se viene reproduciendo desde que el sistema bancario se convirtió en lo que hoy es: una actividad generadora de rentabilidades extraordinarias con dinero ajeno, pero sin necesidad de buscar clientes a quienes prestarles el dinero a cambio de un interés. Es más que eso: a las empresas que “voluntariamente” se acerquen a pedir un préstamo se las rechaza, con el argumento de que “no son sujeto de crédito”, eufemismo que sustituye al de “ése ya no es más nuestro negocio”.

Si el gerente administrativo de esa misma pyme del comienzo de esta nota, que puede ser el hijo del dueño, concurriera al mismo banco que rechazó darle crédito a la empresa de su padre, pidiendo un préstamo para comprar un auto cero kilómetro, por ejemplo de 100 mil pesos, le bastaría con presentar el recibo de sueldo (que firma su padre como empleador) para conseguir el 70 o el 80 por ciento del valor del auto como préstamo (70 a 80 mil pesos). Es el mismo banco que, en el mejor de los casos, le otorga a la empresa de su padre un “descubierto” de hasta 40 o 50 mil pesos en cuenta corriente pagando una tasa que duplica a la que él abonará por el crédito con prenda sobre el auto. Esa es la lógica del negocio bancario, hoy y hace ya unos cuantos años.

No es de ahora que desde el Gobierno, y desde las autoridades monetarias en particular, se advirtió el problema. Lo sabían los anteriores directores del Banco Central, con Martín Redrado a la cabeza, y lo conocen las actuales, que encabeza Marcó del Pont. La diferencia es que a las actuales la cuestión les preocupa. Se intentaron varias soluciones, la más audaz hasta ahora había sido poner en marcha el Plan Bicentenario con fondos administrados por el Estado (FGS de Anses) para financiar proyectos productivos a una tasa subsidiada del 9,9 por ciento anual. El balance, en estos días, es que en más de un año de vigencia prácticamente el Banco Nación y el Credicoop son los únicos que se interesaron en colocarlo: el 90 por ciento de los créditos acordados salieron a través de esas dos instituciones. Para el resto, la banca privada y buena parte de la banca provincial que opera de igual forma, la renta de la operación (aunque con fondos ajenos) es “muy chica” como para interesarse en colocarla más allá del pequeño núcleo que conforman sus clientes más grandes.

Para Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), el proyecto de obligar a la banca a destinar el cinco por ciento del ahorro privado a créditos para inversión productiva, con una participación mínima del 50 por ciento de las pymes, recoge parte de las inquietudes planteadas por el sector. “Los argumentos que utilizó la Presidenta en la presentación son los mismos que esbozamos no- sotros, nos sentimos identificados. Quedó al desnudo el papel que juegan los bancos, y si no se los obliga no van a cumplir una función de asistencia al sector productivo”, señaló a Página/12. “Hay que ver cómo se implementa esta medida para que llegue a las pymes, como por ejemplo los plazos de amortización (de devolución del crédito) y períodos de gracia (primeros meses libres de vencimientos), para permitir que la inversión empiece a dar resultados antes de empezar a pagar las cuotas”, sostuvo Fernández.

En cuanto a la receptividad, el directivo de la pequeña y mediana empresa aseguró que “va a haber interés en financiar inversiones, por más que la actividad no está en su mejor momento, pero todavía es necesaria una discusión sobre una nueva ley de servicios financieros que reemplace a la de la dictadura (año 1977); con la actual, el sistema sigue abusando de las necesidades y urgencias del sector productivo”.