Un chico de 13 años cuyas iniciales son A. D. y que tiene problemas de adicción, se escapó de un hospital público bonaerense donde había sido llevado para recibir atención profesional. Es el mismo niño que, a fines de junio, estaba en una clínica psiquiátrica de Junín, donde lo tuvieron varios días alojado en una celda de aislamiento, con rejas, como en una cárcel. La semana pasada, en una audiencia judicial, las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense habían sido intimadas a dar cumplimiento inmediato al traslado del pibe a una clínica “de puertas abiertas” cuyo nombre se mantuvo en reserva para preservar la intimidad del menor. Allí debía ser asistido en forma permanente por cuatro acompañantes terapéuticos, en turnos de seis horas cada uno, para cubrir la jornada completa y garantizar su tratamiento. En lugar de eso, lo llevaron al Hospital de Niños de La Plata, que “no cuenta con un servicio de salud mental internativo”, por lo que se hallaba esperando atención “en la Sala de Infectología”. La diputada provincial Natalia Gradaschi, de Nuevo Encuentro, sostuvo frente a lo sucedido que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, “es responsable por lo que pueda pasar con este joven”.

Gradaschi denunció que en este caso el Ministerio de Salud y la Secretaría del Menor bonaerenses “no cumplieron con los plazos que fijó la Justicia para derivarlo (al niño) a un lugar especializado para el tratamiento de sus adicciones y ahora su vida está en riesgo”. Las autoridades bonaerenses habían sido intimadas a dar cumplimiento inmediato al traslado de A. D. “a un lugar adecuado para su atención” luego de que se denunciara su presencia en la Clínica Ferramed, de Junín, donde se lo encerró en una celda de aislamiento. En una audiencia realizada el 27 de junio, con intervención del juez de La Plata Luis Arias, la provincia se había comprometido a trasladar al chico a una clínica especializada. El defensor penal juvenil platense Julián Axat, que en junio había presentado el recurso de amparo a favor del chico que dio lugar a la audiencia, la semana pasada había reiterado su reclamo.

En la audiencia del 27 de junio estuvieron la Cecilia del Carmen Pozzo, en representación del Ministerio de Salud, y Sebastián Gastelu, Juan Barbaro y Carlos Martín Corrales, por la Secretaría de la Niñez. Ellos “se comprometieron ante el juez y ante representes de organismos de derechos humanos a dar una solución en tres días”, según consta en el acta a la que tuvo acceso Página/12. En ese acto también estuvo la mamá del chico. Sin embargo, el niño sólo fue trasladado al Hospital de Niños platense que “no cuenta con un servicio de salud mental internativo”.

La Justicia intimó la semana pasada al ministro de Salud provincial, Alejandro Collia, y al titular de la Secretaría de Niñez, Pablo Navarro, a que “en 24 horas encuentren una solución de fondo acorde a la problemática, caso contrario se iniciará causa penal contra ambos funcionarios y se impondrán astreintes (sanción en dinero que se aplica al deudor en el cumplimiento de una orden judicial) en sus sueldos”. En la audiencia convocada por Arias intervinieron la asesora de menores Adriana Montoto; María Eva Asprella y Rosa Matilde Díaz por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Mariana Mostajo y Guillermo Gentile de la Defensoría del Pueblo; y Macarena Sabin Paz, de la Comisión Provincial por la Memoria. La doctora Sabin Paz, en esa reunión, abogó por el pronto reencuentro del niño con su madre, ya que habían perdido todo contacto luego de la internación en la clínica Ferromed de Junín.

Los representes de la Secretaría de la Niñez habían dicho que no existía “ningún inconveniente en trasladar al niño ese mismo día”, 27 de junio, a una clínica que todas las partes consideraron adecuada para el caso. La idea era que A. D. fuera asistido en todo momento por los acompañantes terapéuticos, con la presencia de su madre, a quien se le garantizaron “los viáticos, alimentación y alojamiento si fuera necesario”. El objetivo era hacer “una evaluación situacional, interdisciplinaria e intersectorial, con participación y consentimiento informado de su madre, con miras a diseñar un plan de tratamiento de esa misma índole centrado en su problemática de salud mental”.

Axat recordó un fallo del juez Arias en el cual se señaló que en territorio bonaerense “se advierte la falta de una institución adecuada” donde puedan ser derivados los chicos con problemas de adicción “para su rehabilitación o asistencia, de acuerdo con el derecho de todo niño al disfrute del más alto nivel posible de salud”. Agregó que eso demuestra que “el sistema penal y policial es el lugar (...) en el que terminan” estos casos “pues las políticas públicas en salud mental y de seguimiento terapéutico para niños y adolescentes pobres resulta un fracaso institucional manifiesto”.