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A pocas horas de haber dictaminado la impugnación de la convocatoria a elecciones de la CGT, Carlos Tomada habló con Página/12 y respondió los cuestionamientos que le realizó Hugo Moyano, quien ayer volvió a desafiarlo, al ratificar la convocatoria al congreso nacional para este jueves. “Este gobierno siempre promovió la unidad del movimiento obrero”, afirmó el ministro de Trabajo y dijo que “el problema ha vuelto a manos de las organizaciones sindicales y son ellas las que deben resolverlo”. El funcionario defendió el rol que jugó su cartera frente al conflicto que divide a la principal central obrera de la Argentina, que entra en una semana clave: mientras el sector que la conduce actualmente desconoció a la autoridad ministerial y el jueves se dará, a pesar de todo, un nuevo mandato, la oposición unirá fuerzas para intentar conseguir el quórum necesario para hacer su propia convocatoria, en una reunión de Consejo Directivo que no incluirá a las principales autoridades cegetistas.

“Hay una maniobra política donde han puesto todo el poder del Estado para evitar que se realice” el congreso nacional en Ferro, sostuvo ayer Moyano, para quien “el Ministerio de Trabajo ha convalidado el fraude, es un tema absolutamente político que le han dado un respaldo jurídico que no lo tiene” e insistió en que “debe proceder la Justicia”. Fuentes de esa cartera salieron al cruce asegurando que “el rol del Gobierno ha sido el de siempre y el que corresponde: intervenir solamente cuando una de las partes así lo solicita”. Se trata, según aclaran en el edificio de Alem al 600, de una etapa administrativa que no inhabilita a una posterior intervención judicial. “¿Quién puede pensar que será de otra manera? –se preguntan–. Si se hubiera fallado diferente, el otro grupo, el impugnador, también habría acudido a la Justicia. Pasa prácticamente en todos los casos que tramitamos, hasta los más pequeños.”

Desde Trabajo también respondían a las acusaciones por parte del moyanismo, de que el Gobierno busca dividir al movimiento obrero para debilitarlo y así facilitar la aplicación de políticas poco populares ante la crisis económica. “Repiten argumentos fuera de época –asegura uno de los funcionarios que participó de las negociaciones–. Este gobierno tiene la convicción y siempre lo ha sostenido y demostrado cientos de veces que siempre ha sido mejor la unidad. Cuando hubo que enfrentar la crisis del 2008 y 2009, ¿se apuntó a la división o se privilegió la unidad?”

Este diario le repitió esa misma pregunta al ministro Tomada:

–¿Hay una maniobra política del Gobierno para dividir al movimiento obrero, como acusa Moyano?

–Decir eso implica desconocer el trabajo realizado por este gobierno y la posición histórica que tuvo de promover la unidad del movimiento obrero. Esta es una crisis de conducción que tiene el movimiento sindical y debe resolverla el movimiento sindical, intentar adjudicarle este problema al gobierno nacional es un sinsentido. La Presidenta, a través de las acciones y los dichos, siempre destacó la importancia de tener un movimiento obrero unificado y organizado.

–Sin embargo, Hugo Moyano sostiene que de un tiempo a esta parte se ha roto el diálogo con el Gobierno...

–Este Ministerio ha hablado siempre con todos los sindicatos y todos los sectores que así lo requirieron, de todas las ramas y todas las inclinaciones políticas, desde la CGT hasta los más pequeños. Aquí a Moyano siempre se le atendió el teléfono, en todo caso es Moyano quien no ha llamado.

–La conducción de la CGT ha decidido ignorar la resolución que impugna la convocatoria a elecciones y avanzar en ese sentido, ¿qué va a hacer al respecto?

–Nosotros ya hemos hablado a través de la resolución, no tenemos nada que agregar. Hemos determinado que no se ha cumplido con un requisito esencial para un normal proceso electoral según las reglas internas y lo actuado está, entonces, impugnado por esa circunstancia jurídica. Lo que haga la CGT de ahora en adelante es a cuenta de ellos. El problema ha vuelto a manos de las organizaciones sindicales y son ellas las que deben resolverlo. Tienen múltiples alternativas en ese sentido.

–¿Estaba el Ministerio de Trabajo habilitado para fallar en ese caso? Julio Piumato alegaba que no son una autoridad de aplicación legítima.

–Asegurar eso es ignorar la ley, la jurisprudencia y el convenio 87 de la OIT. El Gobierno tiene la responsabilidad de velar por la democracia interna de las asociaciones sindicales. Me cuesta creer que realmente crean que esto no es así, y si lo hicieran no entiendo por qué participaron de todo el proceso que desembocó en esta resolución.

–En estas circunstancias, con la CGT al borde de una nueva fractura y la CTA en crisis desde hace un año, ¿se evalúa una reforma del sistema sindical argentino?

–No creo que se trate de un problema de la actual legislación, aunque siempre pueden hacerse mejoras. No me parece que la situación actual de la CGT, ni la que vivió en su momento en la CTA, tengan que ver con el sistema actual, sino con conflictos al interior de sus conducciones.