La Sala 2 de la Cámara Federal realizará el próximo 19 de septiembre una audiencia oral para analizar si Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central durante la última dictadura militar (1979-1981), puede ser juzgado por delitos de lesa humanidad vinculados con la liquidación del Banco Latinoamericano. El pedido de reapertura de este caso fue impulsado por Eduardo Saiegh, ex titular del Banco, y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos querellantes. En la causa hay un dictamen favorable del fiscal federal Eduardo Taiano, quien sostuvo que, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, existen nuevos elementos que permiten afirmar que “se trata de delitos de lesa humanidad”, en referencia al caso en cuestión. Este dictamen fue rechazado por el juez de la causa, Norberto Oyarbide, por eso se apeló ante la Cámara Federal. El fiscal de esta instancia, Germán Moldes, mantuvo el recurso presentado por el fiscal Taiano.

Eduardo Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y torturado durante una semana en la División Bancos de la Policía Federal, que tenía asiento en el edificio central del Banco Nación. Según su testimonio, la Junta Militar quería hacerse de la empresa Austral, cuyo principal acreedor era el Banco Latinoamericano. Esta entidad le había otorgado préstamos por siete millones de dólares, y como garantía los accionistas privados, entre ellos William Reynal (primo del vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal), entregaron en caución los títulos de la empresa.

Saiegh fue liberado el 6 de noviembre, mientras que la liquidación del banco se terminó de concretar en enero de 1981. Dos meses después, Alejandro Reynal dejó la vicepresidencia del BCRA para abrir su propia entidad financiera: MBA (Merchant Bankers Asociados), que sigue vigente hasta el momento (MBA Lazard).

La denuncia de Saiegh, avalada por la Secretaría de Derechos Humanos, sostiene que Reynal utilizó el aparato represivo del Estado –la División Bancos de la Federal– para concretar la liquidación de su empresa. “En punto de analizar el presente caso, entiendo que se verificaron maniobras delictivas que forman parte de una secuencia y de una metodología sistemática diagramada por el Estado con finalidad persecutoria y no de simples e independientes hechos violatorios de la propiedad. En esa dirección, resulta ineludible que nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Taiano en su dictamen.

Esta línea de investigación fue sostenida también en un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien estableció la vinculación del Banco Central y la CNV en la persecución a empresarios, puntualmente los casos del ex Banco Oddone y del grupo Grassi-Chavanne. Según el dictamen de Delgado, Reynal aparece vinculado con la liquidación del Banco Oddone.

En el año 2000, Reynal obtuvo un sobreseimiento ya que el juzgado encargado de la causa entendió que los hechos denunciados habían “prescrito”. “El pedido de reapertura de esta causa se explica porque existen nuevos parámetros judiciales y legales para enmarcar el caso, como por ejemplo la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el proceso de juzgamiento a los diferentes responsables de los crímenes de lesa humanidad”, explicó a Página/12 Alejandro Rúa, abogado querellante.

Después de la audiencia del próximo jueves, la Sala 2 de la Cámara Federal –integrada por Eduardo Farah y Eduardo Freiler– tendrá 40 días hábiles para decidir si Reynal puede ser acusado de delitos de lesa humanidad.

El ex funcionario de la dictadura, en su rol de empresario en el MBA, contribuyó para que bancos locales fueran vendidos a capitales extranjeros, como el caso del Río y el Francés. A su vez, fue socio de Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro de EE.UU. y creador del plan homónimo de refinanciación de deudas, implementado por Domingo Cavallo durante la primera etapa del menemismo. Reynal también trabajó en el JP Morgan en Nueva York y Buenos Aires, como subgerente general. Además, según declara en su sitio web, es vicepresidente de SA San Miguel, la mayor empresa productora, comercializadora y exportadora de limones”.

Reynal también se dedica al negocio del arte. En 2007, fue nombrado por la Fundación ArteBA para conducir dicho emprendimiento, pero al poco tiempo tuvo que renunciar debido a las múltiples denuncias formuladas por la comunidad artística, a raíz de su vinculación con los crímenes de la última dictadura.

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