En el verano de 2011, tres meses después del asesinato de Mariano Ferreyra, el titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, debatía por teléfono con el contador del gremio y vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, cuánto iban pagar. Les pedían 75 mil. Regateaban. Dudaban cuál era la moneda. Ofrecían 50 mil, la cifra que al final llevaron en dólares al estudio del ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. ¿Para qué? Apostaban a que la Cámara de Casación Penal, donde Aráoz ofrecía contactos, dejara en libertad a los siete integrantes de la patota detenidos hasta entonces por el homicidio del militante del Partido Obrero (PO). En el fondo era un “plan de salvataje de Pedraza”, que aunque seguía en libertad sabía que podía caer preso, como ocurrió. Así lo sostuvo el juez Luis Rodríguez en una resolución de ayer en la que procesó por cohecho (coimas) y tráfico de influencias, con embargos de 200 mil pesos, al líder ferroviario, a Stafforini, a Aráoz, al intermediario y agente de la ex SIDE Juan José Riquelme y al prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar, a quien le pagarían por asignar el expediente a ciertos jueces. Rodríguez desvinculó a los camaristas que estaban bajo sospecha, a pesar de que uno de ellos, Eduardo Riggi, tenía trato con Riquelme y en días clave se comunicó con él.

La maniobra fue descubierta por la jueza Wilma López mientras investigaba el asesinato de Ferreyra, y Pedraza estaba en la mira. Había ordenado escuchas y así fue que se topó con los diálogos que revelaron la planificación del pago de sobornos, hizo la denuncia y se abrió una causa aparte. Con el seguimiento de las charlas telefónicas, los investigadores detectaron el momento justo en que Stafforini llegaba al estudio de Aráoz de Lamadrid con 50 mil dólares recién sacados de una caja de seguridad de la sucursal Montserrat del Banco Galicia el 1º de febrero, donde había ido con custodia. Un rato después, era Riquelme el que pasaba por la oficina del abogado, quien hasta dos meses antes ejercía la defensa de Guillermo Uño, uno de los detenidos de la patota. La Policía Federal allanó el lugar e incautó el dinero (cinco fajos de cien billetes de cien dólares), que estaba en un sobre marrón rotulado “Octavio”. Riquelme tenía consigo una copia de la carátula del expediente que dejaba constancia de que había quedado asignado a la Sala III de la Casación Penal, donde el principal nexo de Aráoz de Lamadrid era el juez Eduardo Riggi, con quien había trabajado durante diez años. El fiscal Sandro Abraldes pidió detenciones e indagatorias en mayo del año pasado.

Según el juez Rodríguez –quien tiene audiencia pública la semana próxima en el Senado con miras a ser juez federal– “quedó demostrado que Pedraza junto a Stafforini ofreció dinero para que Luis Escobar direccionara el sorteo” de la causa. “Juan José Riquelme” era “el enlace entre ellos y Aráoz de Lamadrid, quien contactó personalmente al prosecretario administrativo”, su amigo. También se comprobó, dice la resolución, que “Pedraza y Stafforini ofrecieron y entregaron dinero” a Riquelme (quien recibió al menos 3500 pesos de la UF) y a Aráoz “para que hicieran valer indebidamente influencia ante el juez de la Sala III” de Casación, Riggi, y a través de él, sobre otros dos jueces. “Actuaron sobre un verdadero acuerdo –dice el texto– un hecho concreto y futuro que tendría su debida retribución.” “Valiéndose de relaciones y conocimientos preexistentes, cada uno de los actores se posicionó en un lugar estratégico para lograr el resultado aludido que, seguramente, de forma mediata le garantizaría impunidad a Pedraza, u otros”, afirma.

Las conversaciones de los cinco hombres ahora procesados fueron reveladas por Página/12 en junio del año pasado. Su existencia, ya desde que la Justicia las detectó, se convirtió en un factor que dificultó los intentos de Pedraza y sus laderos por recuperar su libertad, al sumarse a otros obstáculos en la investigación, como las amenazas a testigos y la participación de un perito de parte de la UF que alteró como elemento de prueba, tras golpearla, la bala extraída del cuerpo de Ferreyra.

Riquelme era viejo conocido de Pedraza y famoso por sus visitas a la Casación. Justo ayer, en el juicio oral por el homicidio, una agente de Asuntos Internos mencionó que en seguimientos se lo vio entrar dos veces a la UF. A Pedraza, podía advertirse en las escuchas, Riquelme lo mantenía al tanto de la negociación. El procesamiento lo describe “como un profesional del lobby, un vehemente relacionista público que permanentemente está en acción”. Mientras discutían el monto del presunto soborno, dejó el ya célebre mensaje en el contestador de Pedraza: “Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, para aclarar que debía pagar dólares, no pesos. Y mientras esperaban el sorteo en Casación, para calmarle la ansiedad a Pedraza le decía, según le contó a Aráoz: “Te lo dije ayer... si está de por medio el amigo de la calle Viamonte, José, por favor, a vos que te encanta tanto y lo disfrutás y yo te felicito, poné el champán en la heladera, te lo re-tomás y te vas a acostar, punto y aparte”. “El amigo de la calle Viamonte” era Aráoz de Lamadrid, por la dirección de su estudio. A Ameghino Escobar lo apodaba “el señor de las teclas”, porque los sorteos se hacen con computadora. Al juez Riggi se refería como “el amigo Eduardo”.

La sala se sorteó el 26 de enero. Ameghino mandó la noticia por mensaje de texto a Aráoz, que estaba en Brasil. Aráoz, desde ahí, le avisó a Riquelme, quien a la vez “lo comunicó a Stafforini” y “a Pedraza de manera personal”. “Es la sala de nuestro amigo”, celebró Aráoz de Lamadrid, en referencia a Riggi. En los intercambios siguientes señalaban el 2 de febrero como clave: era el día siguiente a la entrega del dinero en el estudio de Aráoz. Según el juez Rodríguez, ahí empezaban “la segunda parte de la trama”, la de persuadir a los jueces, que se supone que quedó trunca. Riquelme hacía gala de su relación con Riggi, con quien efectivamente habló, y de encuentros con Gustavo Mitchell (quien renunció el año pasado). Aráoz alegaba buena “onda” con el entonces subrogante Mariano González Palazzo. A pesar de que el fiscal Abraldes advirtió sobre el posible compromiso de los magistrados, Rodríguez dijo que no había pruebas que los implicaran: sostuvo que no se probaron encuentros, ni que hablaran del caso. A Pedraza y los otros cuatro imputados les atribuyó cohecho y tráfico de influencias. A Stafforini le agregó tenencia ilegal de armas, por un revólver hallado en la caja de seguridad, que carece de autorización.