El 14 de septiembre de 1976 Ana María del Carmen Pérez se encontraba con su cuñado, Gustavo Gayá, su esposa, Estela María Moya, y el hijo de ambos –Ernesto, de dos años– en el departamento que la familia habitaba en la ciudad de Buenos Aires. El bebé quedó a cargo de su abuela materna horas antes de que, ese día, su mamá fuera asesinada y su papá y su tía secuestrados, en el marco de un operativo genocida dirigido por el subcomisario retirado José Néstor Ferrer. Luego de permanecer prófugo más de medio año, Ferrer fue detenido el domingo en el Aeroparque porteño Jorge Newbery, cuando regresaba de Mendoza, por orden del juez federal Daniel Rafecas, y fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Su participación en el asesinato de Moya, el secuestro de Pérez, que estaba embarazada de ocho meses, y Gayá, así como en sus traslados al centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, había sido probada por la investigación a cargo de Rafecas a fines del año pasado, cuando se libró su orden de captura.

En los tiempos del terrorismo de Estado, Ferrer era subcomisario y respondía a la Superintendencia Federal de la policía. Su participación en el operativo del 14 de septiembre del ’76 en el departamento de la avenida Forest al 1000, en el barrio de Chacarita, quedó registrada en un expediente del Consejo de Guerra Especial Estable del Primer Cuerpo de Ejército. Según fuentes judiciales, la documentación exhibe la constancia de “un operativo fraguado con el fin de justificar el homicidio de Estela María Moya y en el que se consignó, fraudulentamente, que los otros moradores de la casa habían logrado huir, ocultando con ello su detención ilegal”.

En el marco de la segunda parte de la investigación sobre la acción del Primer Cuerpo del Ejército en Automotores Orletti –un grupo de represores ya recibió una condena por la comisión de delitos de lesa humanidad en ese sitio en marzo de 2011–, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 3 determinó a fines de ese año la relación directa entre Ferrer y las violaciones a los derechos humanos sufridas por estas tres víctimas.

Pérez militaba en el PRT-ERP junto a su compañero, Ricardo Gayá. Ambos se reencontraron en Orletti –a él lo secuestraron el 30 de julio de 1976–. Allí, los hermanos Gayá –ambos oficiales de la policía– y Pérez fueron brutalmente torturados y luego asesinados. El tiro que recibió la joven, entonces de 25 años, también mató al bebé que llevaba en su vientre y que estaba a pocos días de nacer. Los cadáveres fueron introducidos en tanques de 200 litros, cementados, sellados y arrojados al canal de San Fernando, una práctica de eliminación que caracterizó el proceder de los represores que actuaron en Orletti.

Fuentes de la causa informaron a este diario que la detención de Ferrer se llevó a cabo con la participación de la Policía Aeroportuaria, luego de que se tuviera el dato de que el hombre, establecido en Mendoza, viajaría a Buenos Aires. Tras su detención fue trasladado al penal de Marcos Paz. Allí también permanecen detenidos los oficiales retirados Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. Ambos respondían, al igual que Ferrer, a la Superintendencia, con lo cual son tres los eslabones relacionados con la causa Orletti que probarían la vinculación de la Superintendencia con ese centro clandestino de detención. Nerone y Gutiérrez fueron procesados por Rafecas debido a su participación en el secuestro de Victoria Grisonas y el homicidio de Mario Roger Julien Cáceres.

Según informaron desde la Justicia, la inclusión de Ferrer y el homicidio de Moya permitieron, en esta segunda etapa de la investigación por los crímenes de Orletti, acreditar lo sucedido con sesenta y ocho víctimas e involucrar a diez represores argentinos (de la SIDE, la Policía Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea y civiles de la Triple A) y nueve represores uruguayos, cuyo pedido de extradición fue enviado al país vecino hace algunos meses.

Los secuestros, torturas y asesinatos de Pérez, Ricardo y Gustavo Gayá fueron elementos de análisis y juicio durante la primera etapa de la causa que lleva Rafecas, que ya concluyó con condenas a Eduardo Rodolfo Cabanillas, Eduardo Alfredo Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz y Raúl Antonio Guglielminetti.