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La causa sobre la responsabilidad de los directivos del Ingenio Ledesma en los delitos de lesa humanidad avanza con la recolección de pruebas testimoniales y de documentos. El viernes pasado, el juez Fernando Poviña le tomó ampliación de la indagatoria al ex gerente administrativo de Ledesma Alberto Lemos, que hasta ahora había declarado sólo por una parte de los delitos imputados: privación ilegal de la libertad. Como la imputación se amplió por los posibles homicidios de cinco detenidos desaparecidos secuestrados durante las noches de apagones, el juzgado lo indagó por este tramo. Ahora que tanto él como Pedro Blaquier (foto) ya fueron indagados por todos los cargos, el juzgado continúa avanzando con pruebas testimoniales y documentales pedidas por todas las partes. Luego deberá tomar una decisión sobre posibles procesamientos y detenciones.

Una de las medidas de prueba en análisis son las copias de los libros de guardia del Escuadrón de Gendarmería 20 de Orán, que funcionó como centro clandestino y en los que consta que el día del golpe de Estado de marzo de 1976 dos camiones de Ledesma salieron de ahí rumbo a Aguas Blancas y a Urundel. Sobre esa prueba que está en análisis del juzgado, la compañía dice haber presentado datos que indican que los camiones que figuran en los libros como “del Ingenio Ledesma” no eran suyos sino que habían sido donados al hospital público Oscar Orian, construido por Ledesma, pero cedido íntegramente al Estado nacional por un decreto de 1975. Los datos que el ingenio azucarero salió a difundir el fin de semana a través de un comunicado aún no fueron evaluados en la causa. La empresa dice además que por otro decreto de 1966 quedó obligada a proveer combustible y vehículos a la subdelegación de Gendarmería que se creó en el lugar.

Con esa afirmación, la compañía muestra un cambio de estrategia. Hasta el momento decía que nunca prestó vehículos a las fuerzas de seguridad; ahora dice que los vehículos que eventualmente se usaron no eran propios, sino que habían sido cedidos. Más allá de la importancia que esta prueba tenga o no para la causa, las afirmaciones parecen quedar en entredicho cuando se las compara con las declaraciones que hizo uno de los testigos convocados en Salta a comienzos de agosto, en el marco de la megacausa que se desarrolla en ese lugar. El testigo es el suboficial retirado Horacio Santander, que aparece en los libros del Escuadrón como la persona que transportó combustible en abril de 1976 de Ledesma a Orán. En su declaración le atribuye la propiedad de los camiones a la empresa: “La empresa facilitaba vehículos”, dijo. Y dijo que era el ingenio el que se encargaba del mantenimiento de la camioneta de la sección Ledesma.

Los archivos de los libros de Orán están bajo custodia del Tribunal Oral de Salta, a cargo del juicio que se hace ahí. Los datos aparecieron en medio de una revisión paralela por esa causa que estaba haciendo el abogado querellante David Leiva. Según lo publicado en agosto por quienes cubrieron el juicio, Santander era mecánico del Escuadrón de Orán y en ocasiones cumplía funciones de chofer.

“El Ingenio Ledesma facilitaba vehículos para la sección, porque la Sección Ledesma no tenía vehículos en esa época”, dijo en el juicio. “No sé si esos vehículos se usaron para trasladar detenidos”, agregó. Cuando Leiva le preguntó por los registros de los camiones del 24 de marzo, el hombre dijo que la empresa prestaba vehículos a cada sección. Indicó que se trataba de una camioneta Ford para la Sección Ledesma. Y “recordó que el mantenimiento de ese vehículo estaba a cargo del propio ingenio”.

En cuanto a la pregunta por la provisión de combustible, no pareció sorprenderse. “Sí, era habitual (que Ledesma diera combustible a Gendarmería)”, dijo. Y supuso que era una retribución “por los servicios de seguridad”. Ese combustible se entregaba “mensualmente”: “Supongo yo que era por la sección, por el servicio que prestaba en Ledesma”, añadió.

En la lógica de la empresa, el ingenio estaba obligado por un decreto a entregar camiones y combustible. Una pregunta: ¿la obligación en todo caso regía aun cuando lo que esas camionetas estaban haciendo eran crímenes de lesa humanidad? Quienes investigan la causa se preguntan incluso por qué a diez años de la primera transferencia, y a uno de la segunda, los camiones siguieron teniendo el logo de la compañía. Por qué la Gendarmería o las fuerzas de seguridad o incluso el hospital no los identificó como parte de sus vehículos. O, por responsabilidad jurídica, ¿por qué la empresa no pidió que se les quite la identificación?