El debate acerca del voto optativo para los jóvenes de 16 a 18 años parece girar en torno de la capacidad actual de los jóvenes para ejercer la ciudadanía de un modo responsable. Este debate se da, por tanto, en términos estáticos y dicotómicos: el joven está preparado o no está preparado, y la última posición supone implícitamente que un mayor de 18 años tiene siempre la misma “capacidad”, sea en 1912 o en 2012. Pocas voces están planteando la posibilidad de que al joven se lo capacite, se lo prepare, si es que aún no lo está.

La opinión contraria a esta ampliación de derechos presupone que los que ya cumplieron 18 sí están preparados y votan de un modo racional y responsable. No preocupa a este sector la formación política de los mayores y cierto es que preguntarse por la capacidad de los adultos para ejercer el voto retrocedería más de un siglo el debate, llevándolo hacia aquellas posiciones aristocráticas del voto calificado. Y medio siglo atrás, vale recordarlo, muchos se opusieron al voto femenino con argumentos similares a los que hoy se proclaman.

Hoy nadie se animaría a argumentar que sólo deberían votar los que demuestren determinados conocimientos en cultura general o historia, o los que tengan alguna propiedad, o que sólo deberían poder votar los que exhiban un título universitario, o mucho menos que sólo los hombres están calificados. La sociedad no es la misma hoy que cuando esto podía decirse y, sobre todo, podía ser escuchado por un conjunto social amplio. Es que las sociedades cambian, y la relación entre el cambio y las normas es motivo de controversias en la teoría política y del derecho. ¿Las normas reflejan las costumbres, saberes, prácticas y capacidades de la sociedad de modo tal que se legisla según las costumbres de una época? ¿O son las leyes y las normas las que provocan transformaciones en el ethos social? Ni una ni la otra, o mejor dicho, las dos cosas. En determinada época, una sociedad no está preparada para dar un cambio normativo que implica un cambio en las prácticas y costumbres cotidianas, por ejemplo, prohibir fumar en lugares públicos o aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo. La ley llega en un momento de mayor conciencia cívica respecto del derecho de los otros, de los que lo tenían restringido. El derecho de casarse, el derecho a no respirar humo, el derecho de votar. Pero por otro lado, la ley fortalece la conciencia del derecho ajeno y la solidaridad con el otro. No son pocos los fumadores que, aun en su casa, prefieren hoy salir a fumar a la calle o al balcón.

La ley de educación nacional aprobada en 2006 extendió la obligatoriedad educativa hasta el nivel secundario. El efectivo cumplimiento de este derecho se vio incentivado por la asignación universal por hijo y la asistencia a establecimientos educativos tiende a aumentar, como comprobó el censo 2010. Los que se oponen a esta ampliación de derechos alegan motivos políticos y partidarios por parte del oficialismo. La motivación política no puede dejar de existir y también la tenía Sarmiento cuando creaba la educación pública y gratuita con claros fines de formar ciudadanos obedientes. Vale decir también que en sus escritos negaba a los pueblos originarios la condición de “educables”. Si la motivación política del kirchnerismo es obtener más votos, la pregunta es ¿por qué el oficialismo arrastra más votos entre los jóvenes? ¿Es esto necesario o todas las fuerzas políticas pueden –deben– tener una política orientada hacia la juventud?

La formación cívica, tarea de la escuela, podría llamarse también formación política, éstos son prácticamente sinónimos. Los que pretenden que no haya política en las escuelas, como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ignoran que toda formación cívica, y toda educación es política desde el momento en que los docentes no son máquinas de transmitir saberes neutrales y objetivos sino que son formadores de opinión y de valores. La formación política no es “adoctrinamiento” y el pluralismo de las ideas está en la práctica del diálogo antes que en el ocultamiento de la política. Los docentes que adhieren al carácter neutral y aséptico de la educación brindarán seguramente una formación cívica deficiente, no podrán enseñar que la política es siempre conflicto de intereses, no podrán enseñar algo más que las reglas básicas para votar y la división de poderes, y así seguramente no podrán formar ciudadanos responsables, ni de 16 ni de 18 años. Son muchos los jóvenes que, de hecho, ya participan de la política. Les interesa, debaten, reflexionan. Toman posición y quieren ser escuchados. La ampliación del derecho de estos jóvenes a elegir sus representantes es una oportunidad histórica para que las escuelas secundarias fortalezcan la formación de ciudadanía, uno de los pilares de la escuela pública.

* Politólogo, profesor de enseñanza media y superior en Ciencia Política.