El gobierno bonaerense se hará cargo de la administración de la Autopista La Plata-Buenos Aires. Esta conexión “neurálgica” entre la capital provincial y la Ciudad Autónoma, tal como la calificó ayer Alejandro Arlía, ministro de Infraestructura del gobierno de Daniel Scioli, venía siendo producto de fuertes críticas por la falta de obras de ampliación, pero también de tareas de mantenimiento. El concesionario, Coviares (grupo Roggio) mantiene un áspero conflicto en la Justicia por la pretensión de aplicar aumentos en los peajes, que un magistrado le niega justamente por la denuncia de incumplimiento de las obras comprometidas. El gobierno bonaerense, a partir de un acuerdo que firmará en los próximos días con el Ministerio de Planificación de la Nación, se hará cargo de la administración de esa autopista y a partir de ese acto planteará una “readecuación del contrato”, según explicó Arlía a Página/12, que podría seguir concesionado a Coviares “en caso de que acepte las nuevas condiciones”.

El anuncio del traspaso de la administración a la provincia corrió por parte de Arlía, al finalizar el acto de apertura de sobres para la construcción de la Autovía Ruta 6, del que también participó el gobernador, Daniel Scioli. Tras anunciar los trabajos licitados en la Ruta 6, que une La Plata con la zona portuaria de Campana y Zárate, que demandarán una inversión de más de mil millones de pesos, Arlía agregó que “ahora el nuevo desafío es trabajar en forma conjunta con la Nación para terminar la Autopista Buenos Aires-La Plata, para que se amplíe y potencie”. “Estamos ultimando detalles con el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, para realizar el traspaso a la órbita provincial”, señaló el funcionario.

La concesión de la Autopista La Plata-Buenos Aires viene siendo eje de una larga controversia judicial, a partir de una investigación abierta por la Justicia Federal de Quilmes respecto del destino dado por Coviares a los recursos que recibe, y la falta de obras que debían hacerse en el tramo Hudson-Quilmes y falencias en las tareas de mantenimiento. El último incremento del peaje, que entró en vigencia el 9 de abril, fue objetado por una denuncia presentada por el concejal platense Gustavo Luzardo, del FpV, al considerar que la concesionaria había incumplido las obligaciones contractuales.

El juez federal de Quilmes Luis Armella hizo lugar a la demanda y dispuso, el 2 de mayo, la suspensión del aumento y retrotraer la tarifa a octubre de 2010. El magistrado le reclamó a la concesionaria, además, la presentación de un plan detallado de las obras de infraestructura y mantenimiento. Coviares respondió presentando un plan de obras a ejecutar a cambio de una tarifa de 6,20 pesos por cada pase por cabina.

“Es una vía neurálgica para la provincia, en su totalidad el recorrido es sobre territorio bonaerense, por lo cual es lógico que la provincia se haga responsable de la concesión”, señaló el ministro de Infraestructura en contacto telefónico con este diario. “Hemos hecho la consulta con todos los organismos de control de la provincia: la Fiscalía, la Contaduría y la Asesoría Legal, y todos se expidieron dando su aprobación al convenio de traspaso. Esperamos ultimar los detalles con el gobierno nacional para firmar el convenio de traspaso, lo que creemos que será inminente. Nuestra intención es que se haga lo antes posible, porque esto dinamiza todos los pasos siguientes. Inmediatamente presentaremos el convenio a la Legislatura (bonaerense), porque corresponde que se apruebe por ley un convenio entre Nación y provincia. No creemos que haya ninguna dificultad para aprobarlo, porque ya intervinieron todos los organismos de control. Una vez cumplidos estos pasos, la provincia se hace cargo de la administración de la Autopista La Plata-Buenos Aires”, enfatizó el ministro.

Con respecto a las obras pendientes, Arlía señaló que “a partir del traspaso se inicia una nueva etapa: hay obras paradigmáticas que deben hacerse cuanto antes, como el tercer y cuarto carril entre Hudson y Quilmes. Estamos conversando con el Ministerio de Planificación el respaldo de la Nación para financiar la bajada de la autopista al puerto de La Plata”. En lo que respecta a la relación con la concesionaria Coviares, el ministro de Infraestructura bonaerense explicó que “se le propondrá una renegociación del contrato, una readecuación a las nuevas exigencias, una reprogramación de obras y un nuevo plan económico-financiero. Si la renegociación es exitosa, continuará siendo el concesionario”, aseguró. En tal caso, Coviares deberá encontrar el mecanismo para resolver la refinanciación de las deudas que tiene con bancos públicos y privados.

Arlía no anticipó cuál será el criterio a seguir en materia de valor de peaje, uno de los puntos conflictivos en la actual relación con el concesionario del grupo Roggio. Es probable que el punto tampoco esté definido aún, teniendo en cuenta la intención de la administración provincial de hacer un replanteo integral de las condiciones del contrato. Lo que sí está claro es la intención de ejecutar “lo antes posible” los pasos necesarios para asumir la administración de la autopista La Plata-Buenos Aires e iniciar las obras reclamadas por la población. La expectativa, aunque no se explicitó, es iniciar las obras del tercer y cuarto carril por mano en no más de sesenta días.

Por otra parte, si el gobierno provincial le encuentra una rápida salida al estancamiento de las obras de mantenimiento e infraestructura en la autopista La Plata-Buenos Aires, mediante el traspaso de la gestión, estará haciendo una demostración de eficacia –con intención o no– respecto de la demostrada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, en el caso del subte. Justamente, respecto de un concesionario (Metrovías), cuyo titular es el mismo que el de Coviares: el grupo Roggio.