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Desde Roma

Los italianos están muy preocupados por la ola de corrupción que está emergiendo en todo el país. Y en los diarios y noticieros se habla principalmente de eso, aparte del fútbol por supuesto. Por eso tal vez buena parte de los medios de difusión importantes de este país hicieron oídos sordos a la nueva condena –o si se quiere “reprimenda”, ya que no se trata de una condena formal– que hizo el comisario europeo de Derechos Humanos al gobierno italiano por su comportamiento respecto de los inmigrantes y los gitanos. Un comportamiento que, según el comisario Nils Muiznieks, originario de Letonia, que visitó Italia en julio para hacerse una idea directa de lo que estaba pasando, deja mucho que desear.

Muiznieks lo había anunciado cuando fue elegido en enero por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sus prioridades serían, dijo, los derechos humanos de los inmigrantes y la libertad de prensa, especialmente la solicitudes de asilo político, los refugiados, los derechos de la mujer y la igualdad de las minorías así como las redes sociales.

El informe del comisario sobre Italia fue publicado el 20 de septiembre y una vez más, como sucedió en febrero pasado, acusa a Italia de no respetar los derechos fundamentales de los inmigrantes. La de febrero, en realidad, fue una condena formal de la Corte Europea de Derechos Humanos y se refirió a un hecho ocurrido en 2009, en pleno gobierno de Silvio Berlusconi. Unas 200 personas, mayormente somalíes y eritreos que trataban de desembarcar en territorio italiano, fueron cambiados de nave y acompañados de vuelta por las autoridades italianas a Libia, de donde habían partido, cosa tremendamente criticable desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero ese caso no fue el único por el que Italia recibió una condena en esta materia. Hubo otras tres por temas similares.

Todos los veranos docenas de naves tratan de hacer desembarcar inmigrantes, africanos y asiáticos principalmente, en las costas italianas o europeas en general. En el período de la llamada “primaveras árabe”, el fenómeno se incentivó. Muchos árabes y africanos, en general, escapaban de esas conflictivas situaciones con cualquier medio, una barcaza en general, transportados hasta un cierto punto del Mediterráneo por los traficantes de seres humanos y después abandonados a su suerte. Así murieron y siguen muriendo decenas de personas, incluso niños y mujeres embarazadas, que ven a Europa como una tabla de salvación. Un poco como los italianos veían, a principios de siglo y después de cada una de las guerras mundiales, a la Argentina.

Una vez en los centros de recepción italianos, amontonados a veces como en un campo de concentración, sin una alimentación adecuada, ni baños limpios, ni ropa, muchos intentan escapar y los que no son arrestados, se lanzan a tomar algún tren como polizontes, que los lleve a otro país de Europa. Las últimas barcazas con inmigrantes llegaron esta semana a las costas del Salento, prácticamente el taco de la bota Italia: 58 primero y 38 dos días después, todos asiáticos, muchos de Paquistán, entre ellos cuatro mujeres y algunos niños. En el informe titulado “La protección de los derechos humanos de los migrantes”, el comisario aprecia algunas mejoras, pero denuncia que el país no cuenta con un mecanismo eficaz en este sentido y que el actual sistema viola las normas internacionales. El no tener una política adecuada para afrontar el problema de las migraciones y de los gitanos no hace sino aumentar el racismo y la xenofobia, según el comisario. Los inmigrantes, dijo el informe, carecen de asistencia legal y de una adecuada asistencia sanitaria y psicosocial en los centros donde son alojados en un primer momento, lo que a su vez impide u obstaculiza entender quién necesita asilo político. El comisario agrega que “la casi ausencia de una política de integración para los refugiados y otros beneficiarios de la protección internacional, además del efectivo abandono de este grupo de personas muy vulnerables, han creado un grave problema en materia de derechos humanos en Italia”.

Sobre los gitanos, que viven en casas rodantes, en carpas o, en algunas ciudades, obligados a habitar barrios de emergencia, de casas prefabricadas construidas por el municipio, como en Roma, el informe habla de la necesidad de adoptar medidas concretas que pongan en práctica la inclusión de los gitanos que propone el gobierno, ya que por una parte se habla de integración, pero por la otra se los mantiene segregados en ciertas zonas. El comisario reconoció, sin embargo, que la reducción “drástica” de los recursos de la oficina antidiscriminación de Italia a causa de la crisis económica podría comprometer el éxito de esta operación.