La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ratificó ayer el fallo del juez Thomas Griesa, que determina que la Argentina discrimina a los bonistas que rechazaron ingresar en las reestructuraciones de 2005 y 2010. El tribunal rechazó así la apelación del gobierno argentino favoreciendo a los fondos buitre. entre los que se encuentra el NML Capital, que exige más de 370 millones de dólares y logró que la Justicia de Ghana retuviera la Fragata Libertad. El fallo de Griesa se basa en una interpretación expuesta por los holdouts de la denominada cláusula pari passu, que permite que un solo acreedor pueda obtener el cobro del monto adeudado fuera del arreglo global. El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, sostuvo que la sentencia “no da en absoluto por finalizado el litigio sobre el pari passu, el que requerirá de procedimientos adicionales tanto en primera como en segunda instancia, y por supuesto ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”. El recorrido legal será similar al que transitaron los abogados del Banco Central para lograr que se levantara un embargo de una de sus cuentas en la Reserva neoyorquina.

El 23 de febrero último Griesa permitió al fondo NML Capital utilizar en forma inusual la cláusula pari passu. La presentación consistió en interpretar que la cláusula establece que cuando los países soberanos pagan el servicio de su deuda reestructurada, la cual siempre se emite con un descuento sobre el nominal, deben contemporáneamente pagar en su totalidad la deuda que se les debe a quienes no ingresaron a la deuda reestructurada. Esta interpretación es de Paul Singer, socio fundador de NML Capital. Singer la utilizó durante la reestructuración de la deuda soberana de Perú, valiéndose del concurso de un juez belga que aceptó la interpretación, y ahora pretende hacer lo mismo con la Argentina y ante el juzgado de Nueva York.

En julio último el Gobierno pidió al tribunal de apelaciones que revocara la decisión del magistrado neoyorquino para impedir que estos fondos buitre obligaran al país a pagar los bonos en cesación de pagos. El argumento de la Casa Rosada fue que una eventual ratificación de las sentencias de Griesa podría “socavar” los acuerdos de deuda y desencadenar una nueva crisis financiera en el país. Los acreedores sostienen que “la Argentina es una nación con más de 46.000 millones de dólares en reservas de libre disponibilidad. Tiene recursos de sobra para pagar esas obligaciones en mora, de la misma manera que ahora paga otras. Simplemente se niega a hacerlo, a pesar de años de litigio y la entrada de varios juicios en su contra”. La Cámara de Apelaciones neoyorquina, por fallo unánime de sus tres integrantes, afirmó que el país violó el “tratamiento igualitario” que debía a los bonistas en el marco de las reestructuraciones de deuda. “Nada en el registro apoya la afirmación general de Argentina de que el dictamen hundirá a la república en una nueva crisis financiera y económica”, señaló Barrington Parker, uno de los jueces de la Cámara.

De tal manera, el fallo de Griesa le ordena a la Argentina que ante cada pago de servicios de los títulos emitidos en los canjes pague a los fondos buitre una suma actualizada de los intereses acumulados desde 2005, como si hubiesen entrado al canje. “Si el canje estuviese abierto, Argentina tendría el argumento de que hay canal abierto que atiende el pari passu entre todos los tenedores, hayan adherido o no a los canjes previos”, explicaron desde una consultora privada. Desde el Gobierno aseguran que cualquier reconocimiento a estos fondos, que “tuvieron oportunidad en dos megaoperaciones”, implica una violación a la práctica internacional en materia de reestructuración de deudas soberanas.

“Esta orden ya se encuentra suspendida desde el momento mismo en que fue dictada y hoy sigue suspendida. No se altera para nada el statu quo actual”, aseguró Cosentino. Según explicó el secretario, la decisión de la corte “es de naturaleza conceptual y carece de toda aplicación práctica en lo que concierne al normal cumplimiento de los servicios de deuda”. Si bien la Cámara confirmó la interpretación propuesta por los fondos buitre sobre la cláusula pari passu, no autorizó la aplicación del fallo de Griesa sobre los pagos. De hecho, la Cámara solicitó al controvertido magistrado revisar los aspectos de su orden de pagos y proponerle al tribunal un mandato más preciso. Según confirmaron fuentes oficiales, la posición argentina seguirá siendo demostrar que la medida no es legalmente aplicable.

En la práctica, los abogados de la Casa Rosada inician un camino similar al transitado por el cuerpo letrado del BCRA sobre los 105 millones de dólares depositados en el Bank of New York. En julio del año pasado, luego de varias presentaciones y de la intervención de la Casa Blanca –quien se expidió a favor de la Argentina–, la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos anuló el embargo que regía desde 2006 por orden también de Griesa a pedido de dos fondos buitre, desestimando la figura de alter ego –dependencia respecto del Ejecutivo– que utilizaron para el fallo. Ese máximo tribunal consideró que el BCRA mantiene incluso un mayor grado de independencia que la FED o el Banco de Inglaterra.