Una sombra de dudas se generó sobre la continuidad de la Línea H de subtes, hacia el sur: la construcción de la estación Nueva Pompeya, prevista como cabecera de esa línea, está en duda, ya que los estudios previos determinaron que los suelos son de mala calidad y las napas se encuentran muy cerca de la superficie. Fuentes de la empresa estatal Sbase, responsable de la obra, admitieron que allí “el suelo es más complicado”, pero aseguraron que los trabajos “no están paralizados”.

Mientras tanto, la extensión de la línea avanza en su extremo norte: una jueza ya ordenó el desalojo de los comercios de Pueyrredón y Santa Fe, expropiados por la Ciudad para hacer las nuevas estaciones: en virtud de un inusual diseño, las entradas no estarán sobre la vereda, como la mayoría, sino detrás de la línea de edificación, lo cual afecta en total a 26 comercios.

El inconveniente en los suelos se conoció ayer a través del sitio especializado enelSubte.com, que citando fuentes de la obra informa que los trabajos han sido cancelados. “La razón que motivó a la UTE Techint-Dycasa a abandonar el proyecto es la mala calidad del suelo, formado por rellenos en una zona donde las napas se encuentran más cerca de la superficie que en el resto de la Ciudad”, dice el sitio. En cuanto a la estación Sáenz, sostiene que su construcción todavía no fue descartada, pero la posibilidad de que corra la misma suerte que Nueva Pompeya está latente.

Ante una consulta de Página/12, la empresa Techint no desmintió la información pero tampoco la confirmó y derivó la consulta a Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). Voceros de esta empresa, conducida por el macrista Juan Pablo Piccardo, reconocieron el problema del suelo, pero agregaron otra excusa para una posible demora: se pretende ahora construir una cochera para guardar trenes de la línea, sobre superficie, en terrenos del Ferrocarril Belgrano Sur, pertenecientes al Estado nacional. La continuidad, entonces, dependería de la cesión de las tierras. Para este tramo de la obra, que aún no comenzó, las empresas han embolsado tres millones de pesos.

La demora o cancelación de las obras retrasará al menos las expropiaciones de comercios que también están previstas en Pompeya. No ocurre lo mismo en el extremo norte de la H, donde los desalojos son inminentes. Legisladores de la oposición han cuestionado ese procedimiento, entre ellos Rafael Gentili (Proyecto Sur), quien advierte sobre el “impacto social” de la medida, originado en “las dificultades para reubicar los comercios y disponer de una ubicación similar o próxima con las correspondientes habilitaciones y los gastos para volver a alquilar un local y las obligaciones laborales” que tiene cada comercio. “Ningún aspecto de los señalados fue tomado en cuenta por el Gobierno de la Ciudad”, dice, y alerta que “los comercios se perderán y las personas que trabajan en ellos se verán gravemente perjudicadas”.

Las expropiaciones fueron aprobadas por una ley de la Legislatura. Pero la norma sólo contempla resarcir a los propietarios de los locales: nada dice de los inquilinos ni de sus fondos de comercio y menos de sus empleados. Algunos diputados admiten la necesidad de corregir la ley, previendo esas situaciones, pero nada ha ocurrido hasta ahora y los desalojos son tan inminentes como los juicios contra el Estado porteño.

La extensión de la H ya sufrió un conflicto en estación Plaza Francia, debajo de ese espacio verde: la obra comenzó con el exterminio de añosos árboles, aunque fue frenada por la Justicia, en febrero, antes de que el desastre fuera mayor. Allí la obra está parada, con el perjuicio económico correspondiente para el erario.

Sobre todos estos puntos, entre otros, deberá responder Piccardo el lunes, cuando se presente en la Legislatura para defender el presupuesto de Sbase para 2013.