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rte de su patrimonio. A partir de ahora, el titular del predio dejó de ser la Sociedad Rural. En cuanto a su uso, no habrá mayores modificaciones. A lo sumo, podrá haber un mejor uso para acercar las actividades a los intereses de los argentinos”. Con estas palabras, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, dejó en claro que si la Sociedad Rural quisiera volver a realizar su exposición en el predio ferial de Palermo, deberá pagarle un canon al Estado. El ministro repasó los argumentos jurídicos por los cuales se procedió a revocar el decreto 2699/91 que entregó el predio a esa patronal agraria. Sostuvo que el precio que había fijado el gobierno menemista había sido por debajo del 50 por ciento del valor real en ese momento (precio vil), destacó la marcha del proceso judicial a cargo del juez Sergio Torres y ratificó que la Sociedad Rural “adeuda una parte importante de las obligaciones que tenía con el Estado argentino”.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado notificó ayer a la Rural del decreto presidencial, acto administrativo que se realizó con normalidad. El presidente de la entidad, Luis Miguel Etchevehere, intentó “convencer” a las distintas cámaras empresarias para que salieran en su defensa pero sólo cosechó el apoyo explícito de las patronales agrarias.

“El fundamento central de esa nulidad está basado en el precio vil por el cual se transfirió el dominio de esas doce manzanas ubicadas en Palermo. El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que el precio era de 63 millones de dólares y no de 30 millones de dólares como se vendió. Este informe hace que el acto dispuesto oportunamente en el año ’91 sea un acto nulo”, afirmó Alak.

El ministro aclaró que en 1991 el Estado también había realizado una tasación a través del tribunal correspondiente. Sin embargo, afirmó que la investigación penal “determinó la responsabilidad penal en base a esta evaluación y a otros informes de los funcionarios públicos que han tenido que intervenir en esta operación”. Uno de esos informes correspondió a la Procuración del Tesoro Nacional.

El artículo 14 de la Ley de

Procedimientos Administrativos (19.549) establece que el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, cuando “por falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado”. “El decreto 2699/91 se encontraría viciado, al menos en sus elementos causa, objeto, finalidad y motivación. El valor del predio forma parte de los aspectos fácticos, por lo que una valuación incorrecta de aquél conllevaría un vicio grave”, sostuvo el informe de la Procuración del Tesoro.

El ministro también tuvo que aclarar que la decisión del Estado no fue una “expropiación” o una “confiscación” como sostuvieron los medios hegemónicos de comunicación, sino un acto de nulidad que se desprende del informe de la Procuración y otro de la Sindicatura General de la Nación.

“Queremos establecer que todas las adquisiciones posteriores han sido una suerte de festivales de ventas. Las subadquisiciones posteriores del uso del predio han ido agudizando en forma permanente una desnaturalización del uso inicial del predio”, agregó Alak. De la investigación de esos usos dependerá cualquier tipo de compensación hacia las empresas involucradas. El titular de la entidad llamó a las distintas cámaras empresarias que conforman el Grupo de los 6 para que salieran a expresarse a favor de la Sociedad Rural. Sin embargo, al cierre de esta edición ninguna cámara –salvo las agropecuarias– hizo público algún pronunciamiento. La SRA sólo logró la adhesión de la Asociación Empresaria Argentina (manejada por el Grupo Clarín y Techint) y distintas entidades vinculadas al campo. Además, la Rural dijo que recibió el apoyo del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el titular de Uatre, Gerónimo Venegas, algunos diputados y el titular de FIAT, Cristiano Rattazzi, quien también tiene intereses en el agro.

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