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En los últimos días, como suele suceder cada año, tras la difusión del índice de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción se tejieron diversas conclusiones sobre la situación del país en este tema. Ni el modo de elaboración de este índice ni los comentarios que se generaron resultan aportes genuinos para la lucha contra la corrupción. Lejos de ello, se trata de visiones interesadas y parcializadas que reproducen con innegable satisfacción toda supuesta nota negativa sobre la Argentina asignándole el carácter de una sentencia inapelable de un tribunal internacional.

Este índice que se elabora desde 1995 se propone medir los niveles de percepción de corrupción en el sector público. Para ello combina los resultados de trece encuestas que realizan otras instituciones internacionales. A su vez, estas instituciones tercerizan la recolección de datos por vía de representantes en los países. Se interroga básicamente a ejecutivos de empresas. Estas encuestas no tienen como finalidad exclusiva medir la corrupción o la ausencia de transparencia. Por esta razón, Transparencia Internacional utiliza resultados parciales de las mismas. Además, como estas encuestas no se realizan en la totalidad de los países, el índice se construye necesariamente con datos diferentes, es decir, en algunos casos se combina información de trece encuestas y en otros sólo de diez o seis y así según la institución respectiva haya incluido al país en su relevamiento.

Tampoco son coincidentes los períodos de relevamiento de información. Por ejemplo, algunas encuestas se ocupan del trienio 2009-2011 y otras se cerraron con información recogida en octubre de 2012. Dicho de otro modo: se compara información diferente, generada en momentos diferentes y surgida de una única posición social que se asume como la voz del país, lo cual es una prueba palmaria de la inconsistencia de este índice.

Para la Argentina se tomaron ocho encuestas, entre las cuales cinco son informes de calificadoras de riesgo y/o de análisis económico. Se utilizó: Calificaciones de riesgo país realizadas por Global Insight; el Anuario de Competitividad Mundial de IMD (organización en educación ejecutiva, con sede en Ginebra); la Guía internacional sobre Riesgo País de Political Risk Services; las Calificaciones de Riesgo País de la Economist Intelligent Unit y la Encuesta de Opinión Ejecutiva 2012 del Foro Económico Mundial. No se requiere excesiva perspicacia para comprender que las respuestas serán fruto de una mirada sesgada. No hay pregunta directa a los ciudadanos de los países. Son sondeos que se concentran en la percepción de ejecutivos de empresas y por tanto constituye una visión parcial, incompleta e, indudablemente, interesada sobre el tema.

Acerca de las debilidades e inconsistencias de este índice ya se ha escrito mucho y ha sido objeto de numerosas y certeras críticas en los foros internacionales sobre la materia. No obstante, con un deliberado ocultamiento de estas severas restricciones, se suele informar sobre “descensos”, “reprobaciones” o “mala imagen” del país refiriendo a un ranking, que entre otros detalles ubica privilegiadamente a los paraísos fiscales o a países cuya autonomía política y económica es, cuanto menos, cuestionable. ¿Acaso es más ético el Estado que vive del lavado de activos, evasión impositiva o del delito internacional de los otros países o el Estado que ofrece su bandera a cuanta embarcación quiera evitar los controles establecidos que la República Argentina?

En gran medida se observa que se parte de un preconcepto: la transparencia postulada en el índice está relacionada con la apertura de los mercados para la realización de negocios y, en contraposición, se asocia la presencia reguladora del Estado con la corrupción. ¿Podemos seguir pensando ingenuamente que el fenómeno de la corrupción no involucra también al sector privado?

Si pretendemos abordar seriamente el fenómeno de la corrupción debemos adentrarnos en los dos ámbitos donde se desarrolla, el público y el privado. El mundo demanda más transparencia, pero no sólo de los gobiernos. Que los mismos sectores que gestaron la crisis económica internacional merced al ocultamiento de problemas financieros o construyendo los “riesgos país” que hundían a las economías nacionales se conviertan en fiscales de los países resulta una humorada de muy mal gusto. Sin duda, hay quienes exigiendo transparencia sólo pretenden ocultarse mejor.

* Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción.