El ex secretario de Industria del menemismo Miguel Angel Cuervo fue condenado ayer a cuatro años de prisión por el delito de “defraudación” al Estado. La investigación se inició por reembolsos pagados de manera indebida a empresas contratistas que participaron de la construcción de la represa de Yacyretá. El Tribunal Oral Federal N° 6 aplicó la misma pena al apoderado de la empresa italiana Ansaldo Energía, José Luis Alvarez, y al contador Horacio Seligra, acusado de participar en el pago de los reembolsos a esta contratista, y tres años y medio a Luis Manzo, ex jefe del departamento financiero de Yacyretá. Los cuatro recibieron, además, la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos a perpetuidad. El desfalco al Estado, según la sentencia del juicio llevado a cabo en los tribunales de Comodoro Py a quince años de la maniobra, alcanza al equivalente a 17 millones de dólares.

Entre 1997 y 1998 el Estado nacional, bajo la presidencia de Carlos Menem, firmó con Ansaldo un contrato por 70.996.443,56 pesos –durante el artificio del 1 a 1– para que la empresa italiana construyera y pusiera en funcionamiento cinco turbinas en Yacyretá. Por este contrato, la empresa obtuvo reintegros impositivos por 17 millones de dólares que no les correspondían por no ser una empresa nacional y que significaron un perjuicio para el Estado. Las firmas de origen nacional que fueran proveedoras en la construcción de la represa fueron beneficiadas con una serie de reintegros impositivos por parte del Estado. La maniobra consistió en crear una filial en la Argentina de la italiana Ansaldo para que pudiera beneficiarse con el reembolso, lo que configuró una defraudación al fisco.

Esta causa demoró 15 años en llegar a condena y el veredicto fue dado a conocer cuando estaba por prescribir, lo que implicaba que los hechos quedasen sin condena. Allegados a la causa ejemplificaron la magnitud de los montos defraudados en la causa, en que el año pasado el vicepresidente Amado Boudou, entonces ministro de Economía, firmó con la italiana Ansaldo un acuerdo por el cual la empresa devolvió al Estado argentino unos 31 millones de pesos.

La fiscalía que comanda Fernando Arrigo había solicitado cinco años y medio de prisión para estos cuatro imputados vinculados con la causa. También había solicitado una condena de tres años en suspenso para José Valle, entonces director nacional de Industria; para Alberto Vaena, director de Aplicación de la Política Industrial, y para el funcionario Eduardo Esteban. Los imputados habían pedido sus absoluciones y la nulidad de la acusación por parte de la fiscalía. Ayer a las 10, en los tribunales federales de Retiro, tuvo lugar la última etapa del juicio con la exposición de los acusados.

A las 17 se conoció el fallo de los jueces Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino. La sentencia dispuso para Cuervo, Alvarez y Seligra, la pena de cuatro años de prisión por el delito de “defraudación por administración fraudulenta” al Estado. Para Manzó sentenció tres años y medio. A los cuatro se les aplicó la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos a perpetuidad. Los otros dos entonces funcionarios de la Secretaría de Industria, Eduardo Esteban y Alberto José Valle, recibieron penas de tres años de prisión en suspenso, mientras que Alberto Vaena, Gonzalo Martínez Mosquera, Guillermo Llaurado y Norma Fernanda Fehleisen fueron absueltos.