La Sala 4 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a partir de una denuncia del Grupo Clarín, le ordenó al Gobierno establecer en 30 días “pautas de proporcionalidad y equidad” en la distribución de publicidad oficial en los canales de televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. La resolución, que revoca un fallo de primera instancia, rechazó en cambio el pedido de imputar al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y al secretario de Comunicaciones, Alfredo Scoccimarro.

La demanda de Clarín denunciaba que el Ejecutivo “trató en forma manifiestamente diferente” a Canal 13, de su propiedad, en relación con América TV y los canales 2, 7, 9 y 11. Los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Moran y Rogelio Vicenti consideraron “acreditado que el Estado nacional contrató publicidad oficial con Canal 13, que la interrumpió totalmente durante el primer trimestre de 2012 y que la volvió a conceder después de promovida la presente acción en una magnitud mínima en términos absolutos y relativos”. El Estado, a su turno, justificó el criterio en “la eficacia comunicacional, la conducta de Artear S.A. y la conveniencia fiscal”.

“Aun cuando se pueda entender la necesidad de una permanente replanificación y la imposibilidad de asimilar la distribución con la otorgada en períodos anteriores, en el caso el demandado no explicitó los concretos motivos que habrían justificado adoptar ese temperamento exclusivamente respecto de la actora”, sostuvieron los jueces. Explicaron que “existe un importante cuerpo de doctrina judicial” y le ordenaron al Gobierno “elaborar y presentar un esquema de distribución de publicidad oficial que comprenda a las emisoras de análogas características”, mencionando puntualmente a los cuatro canales privados y a la Televisión Pública. “Tampoco puede soslayarse que los canales 11 y 13 son las emisoras de aire que tienen alcance federal y disputan los primeros puestos en audiencia”, apuntaron.