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Emir Sader advierte que quien quiera captar de inmediato todas las dimensiones y proyecciones futuras de las masivas movilizaciones en Brasil tendrá una visión reduccionista del fenómeno, forzando la realidad para defender planteos previamente elaborados, para confirmar sus argumentos, sin dar cuenta del carácter multifacético y sorprendente de este acontecimiento. En un artículo publicado en su blog alojado en Carta Maior, Sader, cientista político y miembro de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), ofrece diez reflexiones para iniciar el análisis de las movilizaciones de miles de brasileños en decenas de ciudades. Una de ellas es que el movimiento “puso en discusión una cuestión esencial en la lucha contra el neoliberalismo: la polarización entre intereses públicos y privados, y el tema de quién debe financiar los costos de un servicio público esencial que, como tal, no debería estar sometido a los intereses de las empresas privadas, movidas por el lucro”. Este tema alude a la calidad, el precio del boleto, el rol del Estado y de los privados y, por consiguiente, los fondos necesarios para mantener el servicio de transporte público de pasajeros en los centros urbanos. La cuestión deriva entonces en la magnitud del gasto público destinado a los subsidios para el transporte.

En San Pablo, ciudad donde comenzó la protesta por el aumento de veinte centavos de real, al subir de 3,00 a 3,20 el boleto de colectivo, el alcalde, Fernando Haddad, afirmó que dar marcha atrás con el ajuste –lo que ya sucedió– y mantenerlo sin variación demandaría un gasto equivalente a más de 3720 millones de dólares hasta 2016. Lo que significa aumentar los subsidios, afirmó con sesgo crítico.

El pensamiento económico convencional asocia subsidios con medidas populistas y, por lo tanto, nocivas de la estabilidad fiscal. Desgravaciones impositivas millonarias a grandes empresas o inmensos paquetes financieros de rescate a bancos y banqueros son, en cambio, políticas para garantizar el mejor funcionamiento de la economía. Involucran también muchos recursos pero no están demonizados como los subsidios. Mientras los subsidios al consumo de energía eléctrica, gas, agua y al transporte público beneficia a millones de personas, lo que define el carácter de populista en términos estrictos sin (des)calificación, los fondos para empresas y bancos son para unos pocos.

Los subsidios tienen un objetivo económico y un componente político. No son gastos que el Estado debe ahorrar para no generar distorsiones, como insiste la ortodoxia y no pocos miembros considerados heterodoxos. Unos y otros recortan el significado central de los subsidios. Estos son una herramienta importante de la gestión económica para incentivar el consumo masivo, la producción y la distribución del ingreso.

El Movimiento Passe Livre fue el impulsor de las movilizaciones en San Pablo contra el aumento del boleto. Reclama desde sus inicios en 2003 boletos subsidiados para estudiantes y se define como una organización política, un movimiento social autónomo, horizontal, independiente y apartidario que lucha por un transporte público gratuito. El pedido tiene su origen en que el costo del boleto en Brasil es muy caro absorbiendo una porción importante del presupuesto de los grupos sociales más vulnerables. La diferencia del costo del transporte entre San Pablo y Buenos Aires es muy importante.

El boleto de colectivo en San Pablo sin el ajuste es de 3,00 reales, equivalente a 7,30 pesos, que hubiera sido de 7,80 en caso de haberse mantenido la pretensión inicial de elevarlo a 3,20 reales (el mínimo en Buenos Aires es de 1,50 pesos pero el pago usual es 1,60 o 1,70 pesos, con la tarjeta SUBE. En el conurbano y en otras ciudades como Rosario y Córdoba es como mínimo el doble). El costo del transporte en relación al ingreso de los trabajadores es muy elevado en el caso brasileño. El salario mínimo de 678 reales (unos 310 dólares a la paridad de 2,20 reales) es equivalente a 1660 pesos, mientras el salario mínimo vital y móvil argentino es de 2875 pesos (538 dólares, estimado a un tipo de cambio de 5,35). En un par de meses ese piso subirá por lo menos un 20 por ciento, a 3450 pesos, ¿cuánto representa el boleto de colectivo en el ingreso mínimo de los trabajadores? En Brasil, 0,442 por ciento, mientras que en Argentina, 0,052 por ciento (boleto a 1,50 pesos). Esto significa que el costo del transporte en San Pablo es 8,5 veces más caro que en Capital Federal en términos del salario mínimo de los trabajadores.

Los subsidios en el transporte público son transferencias de ingresos monetarios, o sea salarios indirectos, a trabajadores. Sader lo refleja cuando dice que “la conquista de la anulación del aumento se traduce en un beneficio para las capas más pobres de la población, que son las que usualmente utilizan el transporte público”. La política de subsidios tiene impacto sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en la canasta de consumo. El presupuesto destinado a transporte en San Pablo (40 viajes mensuales) representa casi el 19 por ciento del monto del salario mínimo; en tanto, en Buenos Aires involucra apenas el 2,2 por ciento del salario mínimo vital y móvil.

Los subsidios a servicios públicos tienen también un efecto indirecto sobre el crecimiento de la economía, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo dinamizando la demanda agregada. Los subsidios son un factor relevante de una política fiscal expansiva, que tiene efectos positivos sobre la economía a través de múltiples mecanismos. De manera directa, alimentan el nivel de actividad vía la expansión del gasto público, componente central de la demanda agregada. Indirectamente, inciden sobre el crecimiento económico en virtud de su capacidad potencial de estimular la demanda de inversión (pública y privada) y el consumo. Por lo tanto, eliminar o reducirlos implica una contracción fiscal con el consiguiente resultado opuesto al de esa expansión.

En Brasil predomina una política económica de rasgos ortodoxos en materia fiscal y monetaria, provocando elogios del mundo financiero. En los últimos años, esa estrategia tuvo como saldo un desempeño económico mediocre. En 2011 y 2012 las tasas de crecimiento fueron del 2,4 por ciento y 0,8 por ciento, respectivamente, y la evolución de las variables macroeconómicas en lo que va de este año muestran también un pobre rendimiento. La economía brasileña crece menos que el promedio mundial y tiene una de las tasas de aumento del PBI más bajas de América del Sur.

Las movilizaciones que nacieron en San Pablo y se extendieron a las principales ciudades brasileñas abren el debate sobre el desempeño económico de la principal potencia de la región, pero, como advierte Sader, evitando la visión reduccionista tan común en corrientes conservadores que durante años han puesto a Brasil como modelo a imitar. Es indudable que ha mejorado la distribución del ingreso por los aumentos del salario mínimo y la expansión del programa Bolsa Familia. Millones de brasileños pudieron salir de la pobreza extrema. Ha habido una mejora sustancial en la calidad de vida de grupos sociales históricamente postergados. El salario promedio real en Brasil en el período 2006-2011 creció un 3,0 por ciento por año, con un pico de 4,0 por ciento en 2006 y un piso de 2,7 por ciento en 2011, según el último informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo.

La evolución positiva en materia de distribución del ingreso y salarial, teniendo en cuenta que Brasil aún registra uno de los peores índices de reparto de riqueza de la región, ha provocado la definición marketinera de haberse convertido en un país de clase media. “El milagro brasileño” merece precisiones para comprender, al menos una faceta del actual estado de movilización social. Las estadísticas oficiales (de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) consideran una familia de clase media cuando el ingreso familiar per cápita es de 291 reales (708 pesos) como mínimo y 1019 reales (2478 pesos) como máximo. Con esa base, según un documento divulgado por el Instituto Data Favela, en 2011 el 65 por ciento de las favelas brasileñas podrían considerarse económicamente integrantes de la clase media.

Si el cuadro social es definido de esa forma tan amplia, entonces la vieja y nueva clase media salió a protestar por las ciudades brasileñas.

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