El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, describió la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que confirmó el fallo del juez Thomas Griesa que beneficia a los fondos buitre como “un intento de llevar al país de vuelta al 2001”, año en el cual, tras el estallido del modelo de convertibilidad, el país se declaró en cesación de pagos (default). Advirtió que hay sectores que “quieren que la Argentina vuelva a endeudarse para ver nuevamente a nuestro pueblo de rodillas, pero no lo van a lograr”.

La respuesta del titular del Palacio de Hacienda se produjo a 24 horas de conocida la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, rechazando la fórmula de pago a fondos buitre propuesta por Argentina. Es la primera expresión pública del gobierno nacional en referencia al fallo desfavorable, que si bien evita colocar a la Argentina en situación de “default técnico” si no atendiera inmediatamente la demanda de los fondos buitre (cancelación del 100 por ciento de la deuda según su valor de emisión), establece una situación legal que tendra una resolucion definitiva de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La decisión de la Corte supone una victoria para los llamados holdouts (bonistas que rechazaron el canje), que encabezan NML Capital Ltd, una unidad de Elliot Management Corp., de Paul Singer, y Aurelius Capital Management. Así, la Argentina pierde una apelación clave contra una orden del juez Thomas Griesa que le requirió pagar 1330 millones de dólares a los mencionados fondos buitre que rechazaron participar de la reestructuración de la deuda en default.

Consultado por la agencia nacional Télam, Hernán Lorenzino expresó ayer que Argentina “va a seguir pagando como lo hemos hecho hasta ahora, en los mismos términos”. Esto es, reconocer lo acordado con los bonistas que entraron al canje de deuda de los años 2005 y 2010, y ofreciendo a los holdouts, o fondos buitre, aceptar las mismas condiciones, propuesta que rechazan.

Una de las preocupaciones de los acreedores que vienen cobrando normalmente y en los términos previstos sus acreencias, es que la sentencia neoyorquina afecte sus cobros. La demanda original de los fondos buitre ante el juez Thomas Griesa incluyó el embargo de los pagos que Argentina efectúa a través del banco New York Mellon, fondos que de acuerdo con el fallo de este magistrado supuestamente debía aplicarse al pago de compromisos de Argentina con los demandantes. El día viernes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó el fallo del juez de primera instancia que beneficia a los fondos buitre, al ratificar la fórmula de pago del 100 por ciento de la deuda judicial con fondos de los bonistas que ingresaron al canje, pero dejó en suspenso la ejecución de la medida hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre el tema.

De esta forma, el fallo evita que la Argentina caiga en un default técnico, ya que si no se hubiese visto obligada a pagar inmediatamente u$s 1330 millones. Por ello, el Gobierno podrá pagar a otros bonistas normalmente hasta tanto se llegue a una sentencia definitiva.

En diálogo con Página/12, el representante de bonistas italianos Tullio Zembo (ver reportaje en página anterior) advirtió sobre las incongruencias de la sentencia, en cuanto aplica el criterio de pari passu (igualdad de trato) para reconocer el derecho de los fondos buitre al cobro del 100 por ciento de la deuda al valor original, pero deja en desventaja a los bonistas que aceptaron una quita. “Es como si reconociera el marco legal para los especuladores, pero desconociendo que nuestro acuerdo por el canje también fue en el marco legal del trámite del default”, se quejó.

Según el juez Barrington Parker, uno de los tres integrantes de la Corte de Apelaciones, “Argentina prometió que, en el caso de incumplimiento, los intereses y el capital serán exigibles en su totalidad (...) Argentina prometió que cada bono será transferible y por pagar al cesionario, independientemente de si se trataba de una dotación de la universidad, el llamado ‘fondo buitre’, o una viuda o una huérfana”. Y reafirmó que “Argentina incumplió su promesa de igualdad de trato al pagarles a los bonistas del canje, y no haberlo hecho con quienes quedaron fuera del canje”.

En otro tramo, el fallo argumenta que esta interpretación del método de pago no constituye un embargo a los fondos del país, y por lo tanto no viola la ley de inmunidad soberana. Este planteo fue apelado por la Argentina en el recurso presentado al máximo tribunal en junio último. Allí se sostiene que el fallo viola la ley de inmunidad soberana ya que la legislación neoyorquina no puede comprender a activos de Argentina fuera de Estados Unidos. Este último punto también es compartido por los acreedores que ingresaron al canje, que son los que pueden resultar afectados por la fórmula de pago dispuesta por Griesa.

Otro aspecto que se desprende del fallo es que la Cámara no considera que el juicio tenga impacto sistémico y que las cláusulas de acción colectiva mitigan el accionar de los fondos buitre. Esta posición es contraria a la esgrimida por el país e incluso la fijada por el propio gobierno de Estados Unidos, que emitió dos documentos ante dicha Cámara.