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Los preparativos para la audiencia pública que decidió realizar la Corte Suprema en la recta final del expediente donde se discute la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) movilizan por estos días a decenas de abogados, especialistas e instituciones que, entrado el sábado, seguían sumergidos en tormentas de ideas y esbozos de estrategias jurídicas. Como parte de esa tarea, tanto el Gobierno como Clarín intentaban definir qué entidades los acompañarán como terceros interesados (o amicus curiae), que pueden ser hasta cinco cada uno. Es algo clave, porque ellos junto con los representantes de las partes y al menos otros dos “amigos del tribunal” independientes construirán la argumentación a favor o en contra de los límites antimonopólicos que estableció la ley que se aprobó en 2009, pero que aún no se pudo aplicar plenamente. Ese duelo de ideas y las posibles preguntas de los jueces supremos se podrán ver por televisión.

La audiencia, que empezará el miércoles y podría terminar el jueves por la gran cantidad de expositores que habrá, tendrá una especie de prolongación afuera del Palacio de Tribunales, en la Plaza Lavalle, donde hay una convocatoria de la Coalición para una Comunicación Democrática (CCD), que nuclea a variadas organizaciones que elaboraron años atrás 21 puntos “por el derecho a la comunicación” y que viene haciendo un seguimiento de la LdSCA. Pondrán una carpa donde habrá debates sobre la ley a lo largo del día, y transmitirán desde el lugar Radio Cooperativa y Radio Gráfica. “Nosotros creemos que la audiencia era innecesaria, que es una ficción para hacer tiempo y lamentamos que el tribunal no convoque a los sectores más afectados por el principal problema en discusión, que es el de la concentración de televisión por cable, especialmente en el interior, donde la única opción es ver Multicanal”, protestó Néstor Piccone, coordinador de la CCD.

Es evidente que al llamar a audiencia pública la Corte busca blindarse frente a reproches futuros de falta de debate o parcialidad, echando mano de una herramienta que tiene la virtud de abrir los grandes casos a la participación ciudadana. Nadie entiende muy bien si fue por comodidad propia, por facilitar cierta claridad de la discusión o por alguna otra razón que el tribunal cambió las reglas tradicionales de los amicus curiae y obligó a quienes se presenten en ese carácter a ponerse de uno u otro lado del ring. A la vez, intentó un gesto de máxima apertura al reconocer, luego de una densa discusión interna al menos, a dos amigos del tribunal que sí actuarán de manera independiente, aunque eso pueda ser relativo: uno es la Defensoría del Público, que dirige Cynthia Ottaviano, designada por el Congreso, y que llevará al recinto de la Corte la posición de las audiencias de los servicios de comunicación audiovisual; el otro es el Centro de Estudios de Derecho y Economía de la UBA, que encabeza Vicente Sola.

En el Gobierno también creen que hay algo de innecesario en la audiencia, pero dicen que mientras sea la antesala de una resolución y una forma de seguir visibilizando el debate es bienvenida. Aun así, están convencidos de que la Corte ya tiene una decisión tomada en el expediente. El viernes último, en una reunión preparatoria que hubo en el tribunal, en la que participó también Clarín, los representantes del Estado cuestionaron la posibilidad de que los jueces supremos puedan hacer preguntas a todas las entidades y a las partes durante la audiencia sin ninguna regulación porque sostienen que eso puede dar lugar a arbitrariedades y a forzar determinadas interpretaciones sobre lo que digan los expositores. Por lo pronto, es probable que los jueces sí interroguen a las partes, como lo hacen en audiencias de este tipo, pero habrá que ver si habilitan preguntas a los amigos del tribunal.

En otra reunión en la Corte, se presentaron algunos de los amicus, pocos. Clarín prácticamente no quiso mostrar su juego. Sólo concurrió el constitucionalista Gregorio Badeni, pero todavía ayer los abogados del multimedios seguían diciendo –al menos a este diario– que no habían definido qué instituciones los acompañarían. Como posibles amicus del Estado fueron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Americana de Juristas y Cooperar, que es una confederación de cooperativas de medios. Hasta el lunes a última hora ambas partes tienen tiempo para presentar sus cinco amigos. Otros que no se descartan en el Estado son el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena. Estas tres últimas integran la CCD, que con el CELS se vería bien representada.

Los amicus serán los primeros en hablar, quince minutos cada uno. Las partes tal vez queden para el segundo día, con treinta minutos cada una. Por el Estado, hará la exposición el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, y algún especialista o abogado de la Procuración del Tesoro. Por Clarín, hablaría el abogado Alejandro Carrió y algún otro letrado. Entre amigos y partes se repartirán la fundamentación, un trabajo que tiene bastante alborotados a los especialistas este fin de semana. El martes tienen que presentar una síntesis como adelanto por escrito.

Lo que se discute en el expediente no es toda la ley de medios, sino cuatro artículos: el 41, que define que las licencias son intransferibles; el 45, que pone límites a la concentración de licencias (por ejemplo, hasta 24 licencias de cable, no se puede superponer una señal de aire y una de cable, hasta diez señales y una de contenido) y el tope de abonados al 35 por ciento del mercado; el artículo 48, que dice que el régimen de multiplicidad de licencias no se puede alegar como derecho adquirido; y el 161, que establece el plazo de desinversión de un año para adecuarse a la ley.

La Corte debe revisar el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, que declaró la inconstitucionalidad del núcleo antimonopólico de la ley (parte de los artículos 45 y 48) y confirmó la validez de los artículos 41 y 161. Lo hizo utilizando en buena medida la línea argumental de Clarín: que resignar licencias le genera “inseguridad económica”, viola el “derecho de propiedad” y por transitividad afecta “la libertad de expresión”. Es una mirada antagónica a la que plantea el Estado, y que también sostuvo la procuradora Alejandra Gils Carbó en su dictamen: el razonamiento es que la concentración mediática es lo que afecta la libertad de expresión.

El español Baltasar Garzón lo puso en estos términos al disertar en la Universidad Nacional de La Plata: “Yo no sé lo que va a decidir la Corte. Lo único que yo he procurado transmitir es que no se debe de confundir los derechos de libertad de información y de libertad de expresión con lo que es el control corporativo de los medios. Creo que son dos temas absolutamente diferentes. El primero afecta derechos fundamentales, el segundo afecta a derechos e intereses económicos. El garantizar la pluralidad en la información resulta básico”.

Se supone que lo que persigue cada parte –si es un interés económico o de defensa genuina de la libre expresión– seguramente quede a la vista en la audiencia pública.