El gobierno de Estados Unidos respaldó a la Argentina ante la Corte Suprema norteamericana en la disputa legal, política y económica con los fondos buitre. El Departamento de Justicia presentó a pedido del máximo tribunal un escrito donde cuestiona la autorización otorgada por los juzgados de Nueva York a los fondos NML Capital, propiedad del magnate republicano Paul Singer, para buscar información sobre activos y cuentas argentinas en el exterior. El pedido buitre forma parte de la estrategia para trabar embargos contra el país. Los argumentos esgrimidos por el fiscal general del Estado, Donald Verrilli, explican que la resolución del juez de primera instancia Thomas Griesa y de la Cámara de Apelaciones “plantea preocupaciones significativas de política exterior para Estados Unidos”. El funcionario sostiene en el texto que el máximo tribunal estadounidense debería aceptar los argumentos presentados por la Argentina para suspender ese proceso.

El apoyo de la administración Obama por ahora no se extiende a la causa principal entre la Argentina y los buitres en el juicio donde los tenedores de bonos especulativos rechazaron sistemáticamente ingresar en el canje y exigen 1330 millones de dólares en efectivo. De todos modos es un antecedente muy relevante a favor de la Argentina y en contra de los fondos buitre.

Desde la visión buitre, ese pago en efectivo los dejaría en igualdad de condiciones que el 92,4 por ciento de los acreedores que participaron de la reestructuración y aceptaron una quita, reducción de intereses y extensión de plazos. Los abogados de la Argentina todavía deben presentar a mediados de febrero el pedido de apelación ante la Corte Suprema.

El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuain, agradeció a Estados Unidos el posicionamiento. “Esperamos que ese mismo apoyo se reitere en la causa madre en nuestra lucha contra los fondos buitre”, sostuvo el diplomático en un encuentro con el encargado de Negocios de la embajada norteamericana, Kevin Sullivan.

Desde el Ministerio de Economía, calificaron de “muy positiva” la contundencia de los argumentos del Departamento de Justicia.

A lo largo de las 26 páginas del amicus curiae presentado por Estados Unidos, el fiscal general del Estado cuestiona la decisión de Griesa y de la Cámara de Apelaciones de permitir a los buitres buscar activos de Argentina en el exterior a través de la revisión de información y documentación que puedan tener distintas entidades financieras globales. Verrilli considera que la autorización para acceder a esos datos (discovery) fue erróneamente convalidada y expresó que el cuestionamiento realizado por el país debe ser concedido, ya que viola la ley de inmunidad soberana (FSIA). “El hecho de que se puedan ejecutar activos de otro país en Estados Unidos tiene implicancias significativas sobre las relaciones exteriores”, afirma.

El elemento más alentador para la posición argentina se encuentra en la primera nota al pie del texto puesto que cuestiona la decisión de los tribunales de condicionar los pagos de la deuda reestructurada a la cancelación de los reclamos buitres. El Departamento de Justicia remarca en ese pasaje que al convalidar la posición de los demandantes “la Corte de Apelaciones rechazó los argumentos presentados por Estados Unidos como amicus curiae donde sostiene que las cautelares son inconsistentes con la ley de inmunidad soberana”. En sintonía con la argumentación que viene realizando el país, el gobierno norteamericano recuerda que también fueron ignoradas sus opiniones sobre “la clara interpretación de la cláusula pari passu que figura en los bonos” y “que las medidas cautelares pueden poner en riesgo la solución ordenada de las crisis de deuda soberana”.

La Argentina tiene hasta febrero para realizar la presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que revise el fallo de la Cámara de Apelaciones. El tribunal de segunda instancia convalidó la insólita fórmula de pago que propusieron los buitres al juez Thomas Griesa a fines del año pasado: una cuota de 1330 millones de dólares en efectivo, y mantuvieron condicionado el pago de la deuda a la cancelación de ese fallo ya que los intermediarios, como el Bank of New York, no podrían canalizar los fondos de los bonistas que entraron al canje si la sentencia no se cumpliera. La implementación quedó pendiente hasta que la Corte decida si acepta tratar o no la apelación que presentará la Argentina. El cronograma para introducir los escritos de las partes, los respaldos de terceras partes y los contrargumentos concluirán recién en abril-mayo.

En el equipo económico y fuentes diplomáticas consideran que las expectativas para que el juicio sea discutido en el máximo tribunal son bajas, pero sostienen que la disputa entre la Argentina y los fondos buitre posee condimentos geopolíticos para ser analizada. En octubre la Corte Suprema ya rechazó un pedido de revisión presentado por nuestro país, con el respaldo del gobierno francés y las autoridades del FMI. El paso siguiente del gobierno argentino fue reabrir el canje de deuda.

La nota al pie en el escrito presentado por el Departamento de Justicia respaldando el pedido argentino no implica que la administración Obama vaya a expresarse nuevamente en favor del país –de hecho ya anticiparon que sólo presentarán un texto si el máximo tribunal lo requiriera–, pero ofrece un aliciente para las autoridades argentinas en un escenario legal adverso.