El gobierno nacional permanece en alerta ante una seguidilla de episodios conflictivos protagonizados por las fuerzas de seguridad de varias provincias en el marco de reclamos salariales. Se trata de un “efecto contagio” tras la huelga de policías cordobeses que se desató el miércoles, aunque en la Casa Rosada aseguran que gracias a las “acciones preventivas y planificadas” implementadas en conjunto por Nación y las administraciones locales, ninguno de los sucesos que tuvieron lugar ayer revistieron la gravedad de lo que por imprevisión aconteció en Córdoba. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, viajó a esa provincia junto a 1200 efectivos de Gendarmería, solicitados recién el jueves por el gobernador José Manuel de la Sota, con quien mantuvo una entrevista (ver página 5). Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó que se está investigando la participación de grupos vinculados con el narcotráfico con una “estrategia planificada” para generar disturbios durante el acuartelamiento policial en la provincia mediterránea.

Capitanich sostuvo, en diálogo con la prensa, que el gobierno nacional se encuentra “trabajando permanentemente en coordinación con todos los gobernadores de la República Argentina” y en ese sentido señaló que aunque en las últimas cuarenta y ocho horas se multiplicaron los focos de conflicto, en ninguno se registró “una situación equivalente a la de la provincia de Córdoba”, donde el miércoles por la noche se vivieron varias horas de descontrol con una víctima mortal y decenas de heridos, por lo que “las acciones preventivas están dando resultados”. El jefe de Gabinete destacó: “Es muy importante que todos trabajemos para garantizar la paz social, para que el pueblo argentino pueda vivir en paz. Allí es donde el Estado, en forma coordinada en todos sus niveles de gobierno, debe establecer mecanismos para que esto no ocurra”.

Después de los episodios de Córdoba, ayer por la madrugada en La Rioja un grupo de policías reunidos en asamblea para reclamar mejores salarios se movilizó hasta las escalinatas de la Casa de Gobierno, donde permaneció varias horas hasta que lograron un acuerdo que contempla un aumento escalonado que llevará el salario de bolsillo a 9998 pesos, además de la actualización de adicionales, entre otros puntos.

Durante la tarde, en Catamarca también se vivieron momentos de zozobra cuando unos 200 prefectos enviados a esa provincia amagaron un enfrentamiento con los policías que mantenían virtualmente sitiada a la gobernadora Lucía Corpacci tras rechazar una oferta salarial, con al menos un herido como saldo. La situación en esa provincia anoche seguía siendo la más delicada, y no se había llegado a un acuerdo luego de una cuarta oferta realizada por la administración provincial. En Río Negro y en Neuquén hubo también protestas de miembros de las fuerzas de seguridad. Por la noche, en Neuquén anunciaron que se había llegado a un acuerdo por el que el básico de bolsillo pasará de 6100 a 8000 pesos. En San Juan, también a la noche, se reportaron ataques contra dos comercios en la localidad de Rawson ante los rumores de una inminente protesta policial. Los saqueadores fueron detenidos por la policía.

En el gobierno nacional relativizaban la gravedad de estos hechos y señalaban que todos ellos habían sido rápidamente puestos en cauce, evitando que se repitieran las imágenes que pudieron verse en Córdoba, donde toda la provincia fue virtualmente “tierra de nadie” durante varias horas. También, con el micrófono apagado, mascullaban contra De la Sota por la forma en que el mandatario manejó la huelga policial. “No hizo nada para prevenir que estallara y una vez que se le fue de las manos les dio a los policías todo lo que pedían. Con ese antecedente era cuestión de tiempo que imitaran las protestas en otras provincias”, razonaba un funcionario. Aunque las negociaciones están en manos de cada administración local, desde Casa Rosada se está haciendo un permanente monitoreo de la situación para evitar complicaciones. También les manifestaron a todos los gobernadores que las fuerzas de seguridad nacionales están a disposición de aquellos que lo requieran.

Ayer, 1200 efectivos de Gendarmería llegaron a Córdoba por pedido de De la Sota y quedaron “a disposición del Comité de Crisis de la provincia para garantizar los derechos constitucionales”. Lo hicieron acompañados por el secretario Berni, quien se reunió con el gobernador en el Centro Cívico para “diseñar las reglas de división de responsabilidades” entre la policía local y la fuerza nacional. Finalmente se fijó un “mecanismo para la articulación” que prevé “patrullajes en distintos barrios de la ciudad, custodia de edificios”. Los agentes de esa fuerza permanecerán en la provincia “hasta que la misión esté cumplida”. Desde la administración provincial se informó que “el gobierno de Córdoba valora y agradece la decisión tomada por el gobierno nacional”.

En tanto, en la Casa Rosada no descartan la participación de grupos organizados vinculados con el narcotráfico en los saqueos e intentos de saqueo que se produjeron en Córdoba, el conurbano bonaerense y otros puntos del país durante los últimos días. “Algunos gobernadores manifiestan que efectivamente parte de estas bandas delictivas” que participaron de los disturbios están relacionadas con el crimen organizado. Para determinarlo, se va a someter a los 96 detenidos por los robos en Córdoba a una investigación judicial para determinar si existen esos vínculos. Según la hipótesis oficial, los responsables de los saqueos y asaltos son “grupos determinados” que llevan adelante una “estrategia planificada” para generar caos. “Hay organizaciones de todo tipo que todo el tiempo están pretendiendo generar disturbios”, manifestó Capitanich.

El objetivo principal del Gobierno es “desbaratar” estos episodios, y en ese sentido se están tomando “acciones preventivas y planificadas para evitar un efecto contagio y de acción deliberada de estos grupos”, destacó el jefe de Gabinete. En ese sentido destacó la cooperación con el gobierno cordobés y el comando conjunto establecido en el conurbano bonaerense con las autoridades de esa provincia para prevenir que se produjeran mayores disturbios durante las protestas de vecinos que permanecen sin luz desde la tormenta del lunes.