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En tiempo record (el proyecto había sido anunciado apenas 15 días antes), y con apoyo unánime (todos los bloques lo votaron en general, sólo hubo disidencias parciales), incluso con modificaciones consensuadas antes de llegar al recinto, el proyecto de ley de promoción del trabajo registrado obtuvo el miércoles media sanción en el Senado. Previamente, había recibido el respaldo de sindicalistas y empresarios en un raro caso, para estos tiempos, de un encuentro económico social con resultados concretos. Fue el del 21 de agosto de 2013, en Río Gallegos, cuando el gobierno nacional pidió el acuerdo para “ir a fondo” en el camino para reducir el empleo informal en Argentina, que entre 2003 y 2009 tuvo excelentes resultados (bajó del 49 al 33,5 por ciento de la fuerza laboral) pero que, desde entonces, se estancó.

El “empleo en negro”, o las relaciones de contratación encubiertas, es un caso extraño de problema social: alcanza, por su magnitud e impacto negativo, a más ciudadanos que casi ningún otro y, sin embargo, suele ser eludido de la agenda de reclamos sindicales y, desde el lado empresarial, ni siquiera es planteado como un caso de competencia desleal por aquellos empresarios que se ven “obligados” a mantener una relación formal con sus empleados. Los trabajadores precarizados son, así, doblemente marginados.

El conflicto del trabajo no registrado se convirtió en dramático a partir de los ’90, pero sobre todo con la caída del modelo de convertibilidad. Las cifras son elocuentes: además del proceso de destrucción de empleo que venía de la mano del neoliberalismo, cerrando plantas locales para abrir las puertas a la importación, se daba el fenómeno de que por cada 100 personas que se incorporaban al mercado, 92 lo hacían de manera informal o no declarada (entre 2003 y 2013 la proporción es exactamente la contraria: por cada 100 nuevos trabajos, 90 son registrados). El “cuentapropismo”, las “changas” temporales, las tareas en casa “para afuera” (coser ropa, cocinar, incluso trabajos administrativos), reemplazaron la modalidad del trabajo en oficina o en establecimiento, masivamente. Cuando la burbuja explotó, estos trabajadores “autónomos” perdieron toda posibilidad de defensa. Fueron los “desempleados” o “trabajadores en negro” del inicio del siglo XXI.

La dinámica de crecimiento económico de los años posteriores modificó las condiciones del mercado laboral favorablemente, pero en materia de formalización encontró un límite en el período 2008/2009. La explicación tiene diferentes aristas, porque hay cuestiones económicas (concentración de poder empresario y rentabilidad), políticas (estructuras sindicales que rechazan relaciones laborales que no controlan) y culturales (aceptación pasiva de condiciones de explotación o desigualdad). Pero hay datos que permiten reconocer e identificar mejor el problema.

Sobre una población con empleo de aproximadamente 11,8 millones de personas, se estima que cerca de 4 millones (33,5 por ciento) se desempeñan en condiciones informales o como no registrados. De ese total, el Ministerio de Trabajo calcula que alrededor de un millón correspondería a trabajo doméstico en casas particulares, mientras que el resto (tres millones, o 75 por ciento) se de-sempeñaría en “unidades productivas”. En base a la misma fuente, se estima que 1.240.000 de esos tres millones trabaja en unidades productivas o empresas en las que convive con personas registradas o que tienen empleo formal; y el otro 1.760.000 lo hace en unidades o empresas sin ningún tipo de empleo registrado. Es decir, empresas que están en la absoluta marginalidad.

La recientemente sancionada ley especial de contratación de empleados en casas particulares (trabajo doméstico) intenta ir sobre ese primer millón de personas (fundamentalmente mujeres) que no gozan de los beneficios del empleo formal. Anteriormente, se había aprobado la Ley de Régimen de Trabajo Agrario, modificatoria de la Ley del Peón Rural, para atender una problemática muy extendida de trabajo informal, que en algunos casos alcanzaba la forma del delito de trata de personas, lo cual requería de normas e instituciones específicas. Es quizás, la forma de trabajo irregular más extendida entre los “asalariados no registrados” encuadrados en “unidades productivas”. Pero entre estos últimos también se cuentan todos los otros que prestan su fuerza de trabajo a empleadores que no los declaran en zonas urbanas.

Las estadísticas oficiales también reflejan una alta proporción de empresas con trabajadores en negro en actividades desarrolladas en zonas urbanas. En el rubro de la construcción, el 67 por ciento refleja la existencia de este tipo de irregularidad; en hoteles y restaurantes, la proporción llega al 46; en el comercio, al 42; en Transporte y Comunicaciones, al 34; la industria aparece recién en el quinto lugar del ranking con el 31 por ciento de empresas en falta; le siguen Servicios financieros e inmobiliarios (23), Servicios sociales y de salud (21) y, muy atrás el rubro Enseñanza, con el 8 por ciento de unidades productivas con algún grado de informalidad.

¿Qué es lo que se ve cuando la radiografía se hace en función del tamaño de las empresas? Allí resulta que, en las que se desempeñan hasta 5 trabajadores, está presente algún nivel de informalidad (total o conviviendo con otros empleados “formalizados”) en el 70 por ciento de ellas. Entre empresas en la franja de 6 a 40 empleados, existe informalidad laboral en el 29 por ciento, y entre las que cuentan con más de 40 operarios o empleados, la proporción se reduce al 8 por ciento.

Hay quienes consideran que el problema del “trabajo en negro” en Argentina no es una cuestión de tamaño de empresa sino de actividades que, culturalmente y porque sus empleadores facturan “en negro”, se ha convertido en una habitualidad (agro, pequeña construcción, comercios). Otros ven el problema en la insuficiente fiscalización estatal y falta de sanciones a los empresarios infractores. Finalmente, están quienes, colocándose en la piel de los empresarios pyme, sostienen que la excesiva concentración de la economía hace desigual las condiciones de rentabilidad y lleva a que la única forma de subsistencia para diversos sectores sea incurrir en “algún grado” de irregularidad. En las diferentes proporciones que cada uno considere el peso de cada argumento, lo indiscutible es que el problema es una consecuencia de la sumatoria de todos ellos sin exclusión. La nueva ley de protección al trabajo registrado, ya con media sanción, apunta a atender dicha complejidad.