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En el juego del tenis se anota como error no forzado, en básquet se contabilizan las pelotas perdidas y en fútbol los goles en contra. Son las acciones propias que benefician al contrincante. En política se denominan daños autoinfligidos. El gobierno de CFK se asentó uno más con el manejo informativo de las estadísticas de pobreza e indigencia del Indec del último semestre de 2013. Sólo de esa forma existe la posibilidad de un debate sobre si los actuales niveles de exclusión social son similares a los de 2001 o si el

bienestar social es igual o peor al de la década del noventa. Que en el mundo de los políticos se aprovechen los errores no forzados de los rivales forma parte de la disputa para seducir electorados. Lo mismo vale para empresas dueñas de medios de comunicación, y en una situación similar se encuentra un grupo de analistas mediáticos indignados siempre, revestidos de una falsa independencia. Diferente es que quienes se suponen investigadores de las ciencias sociales (incluida la Economía) dejen en la orilla del saber la rigurosidad metodológica, el contexto y la perspectiva histórica y actúen como un eslabón más del mar de confusiones.

Al presentar el nuevo Indice de Precios al Consumidor nacional urbano el Gobierno ya sabía que iba a discontinuarse la serie de pobreza e indigencia, calculada en base a una canasta de bienes y servicios valorada con el viejo IPC deslegitimado. En ese momento los funcionarios dejaron trascender esa posibilidad, pero igualmente mantuvieron la fecha de difusión del informe en el cronograma de publicaciones del Indec. Cuando llegó ese día no hubo comunicación por la ausencia del reporte, y recién al siguiente hubo una explicación sobre la discontinuidad y el problema de empalme de series estadísticas. Incluso en el Indec están trabajando desde hace bastante con una actualización de la medición de la pobreza, debido a que por línea de ingreso, método instalado en la década del noventa, no facilita la comprensión en términos amplios del estado de situación de los grupos marginados, como sí lo refleja por ejemplo el indicador Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Pese a que los conceptos Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total reciben cuestionamientos de investigadores para medir la indigencia y la pobreza, respectivamente, resulta oportuno un reciente documento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), dirigido por Andrés Asiain, que no convalida los datos del Indec ni los del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, ambos exagerados hacia extremos opuestos. El CESO calcula las series de pobreza y de indigencia desde 2003 hasta el segundo semestre de 20113, reemplazando el IPC-Indec por estadísticas de precios de las provincias desde 2007 en adelante para definir ambas canastas. El saldo es que el porcentaje de población pobre era del 46 por ciento en el segundo semestre de 2003 y del 13,2 por ciento en el mismo período de 2013. El porcentaje de población indigente (aquellos que no acceden a una alimentación mínima) era del 19 por ciento en 2003, mientras que se ubicó en el 4 por ciento a fines del año pasado. El informe explica que “las claves para semejante disminución de los índices de pobreza e indigencia se encuentran en la creación de empleo y mejora de los salarios en una primera etapa, para luego cobrar relevancia la política de inclusión y mejora de haberes jubilatorios junto a la asignación universal por hijo”. A la vez destaca que la aceleración de la inflación en el primer trimestre de este año asociada a la devaluación supuso un deterioro de los ingresos de la población que implicó una suba en esos porcentajes, reclamando entonces medidas compensatorias para remediarlo (alza de jubilaciones, asignaciones y salario mínimo).

Existen otros indicadores socioeconómicos más consistentes que la línea de pobreza a partir de la valoración de una canasta de bienes y servicios que reflejan el sustancial avance en las condiciones materiales de sectores postergados. Documentos de organismos internacionales (Banco Mundial, Cepal, PNUD, OIT) e investigaciones locales privadas y públicas, con insumos cuantitativos (sin el cuestionado IPC del Indec) y cualitativos, arriban a la misma conclusión: la cuestión social y la distribución del ingreso ha mejorado en los últimos diez años. Comparada con la década regresiva de los noventa y también en algunos aspectos respecto a la de los ochenta y setenta.

Esto no significa que no haya pobres e indigentes, ni una aún elevada informalidad laboral, bolsones de desigualdad, déficit habitacional y brecha educativa según estratos socioeconómicos. Pero esas carencias que persisten no habilitan a concluir que no ha cambiado o empeorado la situación social y el reparto de la riqueza en los últimos diez años después de un prolongado ciclo de crecimiento económico con fuerte reducción del desempleo y ampliación de derechos económicos y sociales con la AUH, Progresar y Pro.Cre.Ar.

El indicador Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) evalúa la situación de pobreza estructural; no solamente el ingreso del hogar en un período determinado, al analizar también la existencia en la familia de niños en edad escolar sin asistencia a un establecimiento educativo y las condiciones habitacionales y sanitarias precarias del hogar familiar. Si se registra la carencia de una de esas tres limitaciones es un hogar caracterizado como NBI. Los investigadores docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas analizaron los datos de la base Redatam del Censo 2010 correspondientes a los hogares, según presenten o no Necesidades Básicas Insatisfechas, alcanzando la siguiente conclusión: la participación de hogares con NBI cayó al 9,1 por ciento del total en la década. Señalan que “el avance, en términos económicos y sociales, para los sectores más postergados, fue mayor en los últimos nueve años que en los veintiún anteriores”. En números absolutos, 330.000 hogares (representan a más de 1.400.000 personas) salieron de la pobreza estructural en el período 2001-2010.

Otra investigación que está en elaboración y todavía no fue publicada, adelantada en el blog Finanzas Públicas, detalla la evolución de distintos indicadores de bienestar. Copia una conclusión de uno de los autores de la investigación, Demián Panigo, que dice: “Interesante es el dato que utilizando el índice de bienestar de Atkinson con epsilon=2 (de los examinados el de mayor aversión a la desigualdad) se observa que Argentina tardó 34 años en recuperar el mismo bienestar que tenía en 1974. Eso fue en 2007-2008, y luego vino Cristina presidenta, e incluso con ese índice tan particular que pondera mucho, mucho, la desigualdad, pasamos a tener nuestro período de mayor bienestar desde que existen estadísticas al respecto”. En el blog también se publica el gráfico incluido en esta columna, que rescata la medición de bienestar del Premio Nobel Amartya Sen. Ilustra que en el documento Real National Income, publicado en 1976 en Review of Economic Studies, Amartya Sen propone como índice para medir el bienestar de una sociedad la siguiente formula: IS=PBI per cápita x (1-Gini), donde IS es el Indice Sen y Gini es el índice de desigualdad de la distribución del ingreso. “De esa forma Sen corrige el PBI per cápita por un factor de desigualdad, que resulta que a mismos niveles de PBI per cápita la mayor o menor desigualdad generaría menor o mayor bienestar para la sociedad”, señala.

En el gráfico queda reflejado que el actual período político es el de mayor bienestar social desde 1974.

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