La puesta en marcha del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) puede adelantar en un año las mejoras en la distribución del ingreso que en condiciones normales llevaría por lo menos siete. Se entiende por condiciones normales una economía en crecimiento, con avances en la cantidad y calidad del empleo y un aumento en los ingresos de los trabajadores. “Es un salto mayúsculo en materia de equidad social”, definen los autores del primer estudio pormenorizado sobre el impacto distributivo del plan, el cual asigna 600 pesos por mes a jóvenes de entre 18 y 24 años para ayudarlos a completar estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios o capacitarse en algún oficio. La investigación será publicada en los próximos días por el Ceil-Conicet. Página/12 accedió a un adelanto de los resultados principales del relevamiento. Se sustenta en cuatro indicadores de desigualdad social –Gini, Atkinson, Entropía y Ratio– y concluye que la reducción de la inequidad gracias al Progresar oscila en un rango del 5 al 8 por ciento para el total de la población y del 15 al 30 para el universo de jóvenes al que apunta el programa. La brecha de ingresos entre el 10 por ciento más rico de personas entre 18 y 24 años y el 10 por ciento más pobre llega a caer un 32 por ciento. En algunas regiones, como el Noreste y Noroeste, la incidencia potencial del Progresar alcanza al 62 y 60 por ciento de mujeres y hombres de aquellas edades, respectivamente. Esos números reflejan de por sí la situación de vulnerabilidad social que el nuevo derecho establecido intenta mitigar.

El estudio se titula “El impacto distributivo del Progresar en Argentina. Una primera aproximación en base a microsimulaciones”. Sus autores son Ana Paula Di Giovambattista, economista de las universidades nacionales de La Matanza y Moreno; Pablo Gallo, de las universidades de Catamarca, Moreno y becario del Ceil-Conicet, y Demián Panigo, de la Universidad de Moreno y del Ceil-Conicet. El trabajo lo realizaron para este último organismo.

Lo primero que plantea la investigación es quiénes son los potenciales beneficiarios del Progresar. La conclusión es que califican 1.550.000 jóvenes de las edades antes mencionadas, el 51 por ciento de la población total del país en esa franja etaria, según el análisis realizado por los investigadores de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. El primer requisito para calificar es la edad y después pueden anotarse aquellos que no tienen empleo, trabajan en negro o perciben un salario menor al mínimo vital y móvil (3600 pesos en la actualidad). Otra exigencia es que el grupo familiar se encuentre en iguales condiciones, aunque en este punto la Anses ha detectado que el cumplimiento es difícil de determinar, dado que algunos jóvenes de ciudades universitarias (La Plata, Córdoba), hijos de familias acomodadas, se anotaron argumentando que están emancipados y comenzaron a cobrar los 600 pesos por mes. Son casos puntuales que están siendo revisados y, en cualquier caso, no i-nhiben el destacado efecto redistributivo del plan, ya con cerca de un millón de inscriptos.

La última información oficial que entregó la Anses indica que el número exacto de anotados es 945.922 jóvenes, de los cuales 331.866 ya acreditaron su condición de estudiantes y empezaron a cobrar a partir de abril. La Anses desembolsó 187,8 millones de pesos el mes pasado y proyecta volcar hasta 11 mil millones en doce meses. Quienes todavía no cobran empezarán a hacerlo a medida que arranquen sus estudios. Una aclaración importante que hizo la Anses es que no hay fecha de vencimiento para la inscripción en el programa, por lo que los interesados que califiquen pueden hacerlo en cualquier momento. Como en el caso de la Asignación Universal por Hijo, los titulares de este nuevo derecho reciben por mes el 80 por ciento de los 600 pesos (480 pesos), mientras el 20 por ciento restante que se va acumulando lo cobran una vez al año al demostrar el cumplimiento de los requisitos de estudio.

Seis de cada diez inscriptos en Progresar son mujeres, mientras que el 79 por ciento de quienes ya están cobrando tienen entre 19 y 22 años. Ambos datos responden a la realidad de esos grupos sociales, ya que son quienes más sufren el de-sempleo. El estudio desmiente, sin embargo, una creencia generalizada que en muchos casos lleva a estigmatizaciones de los jóvenes: del total de 1.550.000 potenciales aspirantes al Progresar, la gran mayoría trabaja, estudia, trabaja y estudia o busca trabajo. Es decir, los famosos “ni-ni”, que no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo, son los menos. “No es verdad que el Progresar esté pensado para los ni-ni, una categoría estigmatizada, que incluso está en descenso en la Argentina”, afirmó Panigo, y aclaró ante este diario que el universo de quienes no estudian ni trabajan no es estático, como algunos suponen, sino que allí entran, por ejemplo, personas con discapacidades, jóvenes adinerados y también sectores que sufren graves situaciones de exclusión, que por momentos pasan por esa condición pero luego la abandonan. “La población objetivo del Progresar es otra. Son el 51 por ciento de jóvenes del país a quienes el Estado asiste para que puedan estudiar”, agregó el especialista del Ceil-Conicet.

La investigación determinó que 31,4 por ciento de los potenciales beneficiarios del programa (1,5 millón de personas) trabaja, mientras que el 29,3 estudia y el 10,1 estudia y trabaja. Es decir, el 70,8 por ciento del total se ubica en esas categorías. Otro 8,1 por ciento busca trabajo y el 3,5 estudia y busca trabajo. Quienes no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo son el 17,6 por ciento.

Los expertos analizaron cuatro indicadores de desigualdad social para establecer el efecto redistributivo del Progresar. Cada uno de ellos tiene distintas características técnicas que ponderan más o menos la incidencia de asignar una suma de dinero específica al grupo poblacional bajo estudio. Las cuatro referencias llegan a resultados particulares, pero la tendencia es la misma en todos los casos: la de-sigualdad social retrocede de manera relevante, generando mejoras que de otro modo tomaría hasta siete años producir. “En términos agregados, el impacto del Progresar sobre la sociedad en su conjunto da cuenta de una reducción esperada de las inequidades con un intervalo del 5 al 8 por ciento. Cuando se consideran las disminuciones en la distribución del ingreso asociadas a los jóvenes, presenta un potencial en el rango del 15 al 30 por ciento”, dice el informe.

La investigación proyecta el impacto tomando el total de potenciales beneficiarios, 1,5 millón de jóvenes. Los indicadores utilizados fueron Gini, Atkinson, Entropía y Ratio, y se hicieron las mediciones en base al ingreso total familiar, al ingreso per cápita familiar y al ingreso por adulto equivalente. Los especialistas buscaron contrastar los datos para llegar a conclusiones fundadas. Cada una de esas opciones arroja un resultado distinto, pero la conclusión es lo que se mencionó en el párrafo anterior: la desigualdad considerando el total de la población del país baja en un rango del 5 al 8 por ciento, y si se toma sólo el universo de jóvenes de 18 a 24 años, las mejoras en cuanto a equidad crecen al 15 a 30 por ciento.

En la medición por deciles de ingresos, la desigualdad llega a caer 32 por ciento entre los jóvenes de 18 a 24 años entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre del país. También aparecen diferencias por regiones: la caída de la desigualdad en el Noreste es del 10,3 por ciento para el total de esa población y del 21,0 entre los jóvenes; en el Noroeste los resultados son 9,1 y 21,5 por ciento; en Cuyo, 6,9 y 17,2; en la región Pampeana, 5,7 y 17,9; en el Gran Buenos Aires, 5,5 y 16,3, y en la Patagonia, 5,8 y 14,2.

En cuanto a los potenciales beneficiarios, en el NEA califican el 62 por ciento de los jóvenes; en el NOA, el 60; en Cuyo, el 53; en la región Pampena, el 51; en el Gran Buenos Aires, el 48, y en la Patagonia, el 36.

Finalmente, la Anses precisó que 26 por ciento de quienes se anotaron en Progresar aspiran a completar estudios universitarios; el 24 por ciento, estudios terciarios y oficios, y el 45 por ciento, estudios secundarios. Sólo el 5 por ciento del total se plantea terminar estudios primarios.