Del acuerdo firmado en la última semana con el Club de París podría decirse que es una rareza para la época: no es el acreedor el que somete al país deudor a cumplir toda una serie de condiciones para garantizarle el cobro, sino que es el deudor quien fija las condiciones “para hacer viable” el cumplimiento del pago en los términos establecidos. La diferencia del resultado es, al menos en los papeles, notable: Argentina tendrá un plazo de cinco a siete años para la cancelación, pudiendo optar por el monto de pago en cada año dentro de un rango bastante amplio, que condicionará a su propia capacidad de crecimiento y holgura financiera y, además, a la llegada de inversiones de largo plazo (no financieras o especulativas de corto plazo) provenientes de los propios países acreedores. Parecería la contracara de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en los que las condiciones de ajuste en las cuentas públicas, apertura comercial y desregulaciones de normas sobre el sector privado, que acompañan esos acuerdos como “garantía de cumplimiento”, suelen terminar en la depresión de la economía y estrangulamiento adicional de las cuentas públicas. Y no se trata de una figura del pasado o estigmatizada del FMI, como bien lo puede atestiguar la Grecia de nuestros días.

Cuando el ministro de Economía, Axel Kicillof, es consultado acerca de este curioso cambio de roles entre quién impone las condiciones y quién debe aceptarlas, elude el planteo y prefiere hablar del consenso alcanzado entre las partes a partir de la manifiesta voluntad de pago de la Argentina. Pero ese consenso se alcanzó con negociaciones y compromisos que excedieron a los firmantes (como se describe en la nota principal de estas páginas).

El resultado es un cronograma de pagos flexible, en el que el gobierno argentino define los montos a pagar en cada período, según la propia evaluación sobre sus posibilidades y cuidando de no afectar sus condiciones de crecimiento, ni quedar prisionero de una crisis de divisas o sometido a una gravosa refinanciación ante el riesgo de cesación de pagos, como tantas veces en el pasado. Sólo el tiempo podrá decir si efectivamente será así, pero repasemos el cronograma de compromisos, haciendo un ejercicio de pagos probables para explicarlo.

El acuerdo fija la suma total a pagar (el capital) en 9700 millones de dólares, cifra inamovible. El plazo de cancelación, en cambio, podrá ser de cinco o de siete años, respetando un mínimo de cancelación en cada año de 1100 millones de dólares. Por encima de esa cifra, el deudor (Argentina) define en qué año hace un pago mayor para completar los 9700 millones de dólares antes de los siete años. Para el pago de cada año se establece también una suma que funciona como “cuota objetivo”, de 2250 millones, que no es obligatoria pero tiene un premio, que es una tasa preferencial de interés del 3 por ciento (sobre saldos) en el período del que se trate.

Los pagos anuales por cifras menores (siempre con el piso de 1100 millones), tendrán dentro de los primeros cinco años, un interés del 4,5 por ciento anual sobre saldos. Si Argentina dejara un saldo a cancelar en el sexto y séptimo año, sobre esa deuda pagará un interés del 9 por ciento, pero sobre un saldo menor, ya que corresponde al tramo final de deuda.

Así armada la ingeniería financiera, Kicillof adelantó a los miembros del Club de París que Argentina no comprometerá su posición de reservas con un pago anticipado este año por más de 650 millones de dólares, y que se compromete a un pago muy moderado el año próximo (500 millones) debido a que coincide con el vencimiento del Boden 2015, un título de deuda con una emisión (vencimiento en octubre) de 5800 millones de dólares. De tal forma, lo que constituiría la primera cuota del plan, por 1150 millones de dólares, se pagará con un adelanto de 650 millones en julio próximo (no paga intereses) y un segundo en mayo de 2015 por 500 millones (4,5 por ciento sobre la deuda, de 9050 millones de dólares tras el pago de este año).

De este modo, Argentina logró diseñar el cronograma sin sobresaltos para 2014 y 2015, comprometiendo pagos por una cifra menor cualquiera sea el parámetro que se tome (monto de reservas, ingresos mensuales por exportaciones, etcétera).

Para las cuotas 2 y 3 (2016 y 2017), el Gobierno advirtió que haría uso de la facultad de pagar el monto mínimo de 1100 millones de dólares en 2017, dado que coincide con el vencimiento de otro bono importante de la deuda, el Bonar X (abril de aquel año), con un vencimiento de 6800 millones de dólares, el más importante de los de corto y mediano plazo. En cambio, 2016 es un año de pocos vencimientos, lo cual podría posibilitar la cancelación de la “cuota objetivo” de 2250 millones en ese año, beneficiándose con una tasa del 3 por ciento (sobre los 8550 millones de deuda tras el pago en dos veces de la primera cuota). La cuota 3, en 2017, reducida, pagaría el 4,5 por ciento de interés (sobre un saldo de 6300 millones).

En los dos tramos restantes (pagos de 2018 y 2019), años con bajos vencimientos de deuda para Argentina, el gobierno de ese momento tendría la chance de cancelar 2250 millones de dólares en cada año, pagando la tasa de interés reducida del 3 por ciento sobre saldo. Al quinto año, 2019, y tras pagar la cuota 5, Argentina podría optar por cancelar el remanente (1800 millones de dólares) con un interés del 3 por ciento sobre ese saldo (54 millones), o bien diferir a 2020 y 2021 el pago de ese monto final, pero asumiendo una tasa del 9 por ciento anual. Es una decisión que se tomará, en definitiva, de acuerdo con las condiciones del momento.

Este esquema de pagos es el que resultaría de postergar al máximo posible las fechas de pago. Y, según se observa, no presenta “períodos críticos” por acumulación de vencimientos en ninguna etapa: primer gran mérito del acuerdo. Vale recordar que el pago a Repsol se hizo con bonos 2015 y 2017, ya incluidos como previsión en el cronograma descripto, y con bonos 2024 (por 3250 millones) con vencimiento posterior a la finalización del Acuerdo con el Club de París.

En el equipo económico, sin embargo, esperan más que ese alivio que se señala. Confían en una llegada significativa de inversiones del exterior de la mano de este acuerdo, que reforzaría las reservas y, con ello, las posibilidades de cancelación anticipada. Kicillof no descarta que para mayo de 2015 pueda haber una disponibilidad mayor de divisas, como para extender el pago previsto y reducir el saldo pendiente para períodos posteriores.

Más allá de esta expectativa, lo verificable hoy es que Argentina se queda con la facultad de acompasar sus pagos a las posibilidades reales de cada momento, en función de cómo se reflejen en sus reservas el crecimiento del país, la inversión y un desarrollo autónomo con menor dependencia de las importaciones. Un marco diametralmente opuesto al conocido esquema de las políticas neoliberales que impone el Fondo condicionando cada reestructuración de deuda. Los costos de estas políticas son bien conocidos, pese a lo cual se siguen aplicando en el mundo.