Los fondos buitre pidieron ayer al juez distrital en Nueva York, Thomas Griesa, que rechace la solicitud argentina de reponer el stay –medida cautelar de no innovar– mientras se lleva a cabo la negociación entre las partes sobre el pago de la sentencia. El Gobierno había solicitado a Griesa que suspenda transitoriamente la ejecución de su fallo, que obliga a la Argentina a pagarles unos 1500 millones de dólares en efectivo en la próxima liquidación de vencimientos de deuda reestructurada. Se esperaba que el magistrado del Segundo Distrito (Manhattan) trasladase el pedido formal argentino a los buitres. No obstante, los abogados de los demandantes realizaron una presentación espontánea en la que sostienen que el plazo hasta el 30 de julio, fecha en que finaliza el período de gracia para el pago del bono Discount, es suficiente para iniciar esta negociación y, en caso de avances, podría extenderse la discusión luego de esa fecha. Desde Economía aguardan la decisión de Griesa. Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof, aprovechará el viaje a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York (ver aparte), para reunirse con los abogados defensores.

En el entorno de Kicillof sostienen que el rechazo al pedido argentino a mantener un stay “no demuestra buena fe ni voluntad de diálogo, como indicó Griesa”. El fallo del 23 de febrero de 2012, apelado bajo todas las instancias judiciales posibles hasta llegar a la Corte Suprema estadounidense, obliga a que se pague 1330 millones de dólares, más intereses, en efectivo y en un solo pago a estos fondos especulativos. Permite además que, en caso de que no cumpla con el fallo, se embargue el dinero que deposite el Estado argentino en Nueva York para el pago de bonistas con deuda reestructurada. El restablecimiento de la suspensión de la sentencia solicitado por Argentina permitiría afrontar sin riesgo de default técnico el vencimiento de 228 millones de dólares del Discount con legislación neoyorquina. El escrito argentino asegura que la cautelar es un paraguas legal para que las negociaciones tengan curso y permita el normal cumplimiento de los compromisos con el 93 por ciento de los bonistas que aceptó canjear su deuda defolteada. El pedido argentino coincidió con la designación de Daniel Pollack, abogado especializado en juicios financieros, para que se desempeñe como mediador.

Los buitres rechazaron el paraguas legal. “El juzgado debería denegar el pedido argentino para suspender una sentencia que ya fue confirmada”, sostiene el escrito de los abogados de Paul Singer, magnate titular de NML Capital, principal demandante en el caso. Los buitres no quieren que la Argentina realice el 30 de junio (vencimiento del Discount) el desembolso a los bonistas (reestructurados) sin realizar el pago impuesto en la sentencia. El Gobierno advirtió en la presentación al magistrado que el cumplimiento del fallo bajo las condiciones actuales habilitará demandas por hasta 15 mil millones de dólares del resto de los buitres.

El mail a través del cual los abogados de los buitres presentaron su posición a Griesa sostiene que el stay no facilitará la negociación. “Si Argentina es seria en encontrar una resolución, no hay razón por la que la negociación no pueda ser concluida antes de 30 de julio de 2014, el cual, por virtud del período de 30 días de gracia, es un plazo efectivo para alcanzar el pago a los bonistas programado para el 30 de junio”, sentencia el correo electrónico enviado con copia a los abogados de Argentina Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman.

La argumentación de los demandantes es que el país aprovecharía ese stay para eludir el cumplimiento de la sentencia. Si bien no se explicitó una fecha para el stay, la intención del Gobierno es extender la suspensión de la sentencia hasta fin de año, cuando vence la cláusula denominada RUFO, que restringe la posibilidad de realizar ofertas voluntarias a los holdouts en mejores condiciones que las del canje. Esto podría ser interpretado por los bonistas como una puerta para demandar el pago de las diferencias respecto de la quita aceptada en el canje. De todos modos, los buitres endulzan el rechazo dejando abierta la posibilidad de que, en caso de ser necesario, podría extenderse la negociación luego de que cumpla el plazo para el pago del bono el mes próximo.

“Si para el 30 de julio las partes hicieron un buen progreso pero se requiere más tiempo, y Argentina no toma ninguna acción para evadir la orden del 23 de febrero, ambos podrán tener una fuerte motivación para trabajar fuera de los plazos establecidos sobre la base de términos preacordados mutuamente”, señala. En Economía insisten en que “no se puede resolver una cuestión que involucra 1500 millones de dólares en cinco días”. Si bien el período de gracia para el próximo vencimiento se extiende 30 días antes de que se declare formalmente un default técnico, la incertidumbre financiera que regirá durante todo ese mes adicional es lo que el equipo económico quiere impedir.