Desde Barcelona

Mientras media España estaba intentando recuperarse de la resaca de una de sus fiestas más importantes, la Noche de San Juan que el 23 de junio celebra por todo lo alto el solsticio de verano con hogueras y música en cada esquina, el gobierno de Mariano Rajoy vio el momento perfecto para colar –de forma unilateral– el aforamiento del ya ex rey Juan Carlos. El Partido Popular (PP) sacó adelante en solitario en la Comisión de Justicia del Congreso una medida que blinda jurídicamente al Borbón, a las reinas Letizia y Sofía y a la princesa de Asturias. La protección legal que hará que todas las causas civiles y penales contra ellos sean vistas por el Tribunal Supremo se incluye en dos enmiendas a la Ley de racionalización del sector público que regula los permisos de los jueces, es decir, una norma que nada tiene que ver con la familia real.

Aunque Izquierda Unida, el Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Mixto votaron en contra de la jugada de los populares –los socialistas y nacionalistas catalanes se abstuvieron– criticando con dureza la gestión del PP de este asunto por no ser, según ellos, el procedimiento legislativo adecuado y porque el apuro sólo sirve para “levantar sospechas y desconfianza entre los ciudadanos”, la mayoría absoluta del PP rechazó el intento de bloquear la aprobación de las enmiendas y dio vía libre a su aprobación.

El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, fue el más indignado durante la sesión en el Congreso, llegando a afirmar que este trámite “es más propio de una monarquía medieval, cosa que no creo que interese al nuevo monarca”. Secundado por el resto de los grupos de la oposición, Llamazares afirmó que el incumplimiento de plazos previstos para los trámites parlamentarios, debido a las corridas impuestas por el PP, “hacen que la reunión de la ponencia de ayer, este debate en comisión y el que se produzca en el Pleno extraordinario mañana sean ilegales”. Todos coinciden en que el partido de Rajoy no respetó, con su procedimiento de trámite express, los períodos de tiempo exigidos para la discusión de una reforma legal, ya que éste prevé que se culmine mañana mismo en un Pleno extraordinario forzado por el grupo mayoritario, sin que se debata ni se vote la enmienda concreta sino el conjunto de la norma. La diputada socialista Meritxel Batet, por ejemplo, lamentó que “se evite el debate, función última del Parlamento, usurpando a la Cámara la posibilidad de deliberación”.

Pero las críticas no sólo recaen en la forma de proceder del gobierno, sino en el propio contenido de la reforma impulsada por el PP. A partir de esta modificación, todas las causas judiciales referidas a los miembros de la familia real serán remitidas al Tribunal Supremo, lo cual supone un aforamiento también para asuntos privados, cuando, por ejemplo, los parlamentarios y los ministros sólo lo tienen para asuntos penales y los civiles que tengan que ver con su actividad pública, mientras ejercen su cargo. El diputado Llamazares calificó el proceso de “esperpento”, por su carácter “excesivo, vitalicio y retroactivo”. También aseguró que no es posible el aforamiento de quien ya no tiene cargo alguno, como es el caso del rey Juan Carlos tras haber abdicado la semana pasada, y menos si se extiende a su vida privada.

Los nacionalistas vascos también cargaron contra la protección extraordinaria del rey, a través de la intervención en el Congreso del diputado Olabarria, quien acusó a la reforma del PP de “dudoso procedimiento que levanta suspicacias”, ya que el aforamiento del que se le provee al rey “es más potente que el previsto para los aforados por la normativa actual, es de naturaleza universal”.

El partido de Rajoy se quedó completamente solo en la aprobación de la enmienda. Ningún grupo político justifica la celeridad del proceso ni, menos que menos, el privilegio de dotar a los miembros de la familia real un aforamiento que no tiene nadie en España. Pero el PP encuentra razones de sobra. En primer lugar, según su portavoz en la Comisión de Justicia, José Miguel Castillo, el aforamiento de Juan Carlos de Borbón es “oportuno y necesario” y responde “a una impagable deuda de gratitud hacia la figura del rey que ha abdicado, por su trascendencia histórica para los españoles y su papel para propiciar años de paz y de prosperidad para nuestro país”. En segundo lugar, y ante las protestas sobre la alteración de los procedimientos reglamentarios, el grupo conservador afirma que no se atropelló el reglamento y, sin pestañear, arroja: “Para decidir sobre el aforamiento no hay que dar más vueltas”.

El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón también se expresó ayer en contra de la “reforma express” para aforar al rey Juan Carlos, lo que, en su opinión, trasmite a la ciudadanía una sensación de sospecha, de que “algo ocurre”. En declaraciones a los periodistas antes de participar en unas jornadas de derechos sociales celebradas en el Parlamento andaluz, Garzón insistió en que los aforamientos son una “excepción y una prerrogativa que tienen que ir muy aparejadas al ejercicio de la función, y para nada después de la función, lo que supone una extensión intolerable, que en España no existe”.