Justo cuando el juicio político por mal desempeño contra del fiscal José María Campagnoli se acercaba a su fin, el sorpresivo pedido de licencia por razones de salud de una de las integrantes del tribunal de enjuiciamiento forzó la postergación de los alegatos por lo menos hasta el lunes que viene. Se trata de la defensora oficial María Cristina Martínez Córdoba, quien informó que había tenido un pico de presión el lunes a la noche. Todo indica que en diciembre inclinó la balanza para conformar la mayoría de cuatro votos que decidió la suspensión de Campagnoli, contra una minoría de tres. La hipótesis de que la mujer no vuelva al juicio sobrevoló ayer las conversaciones del jurado, que comenzó a analizar qué pasaría si la reemplaza un suplente. Por lo pronto, el proceso comienza a demorarse.

“No cabe duda de que el problema de salud que tuvo Martínez Córdoba se relaciona con la enorme presión de los medios y las intimidaciones que circulan por las redes sociales”, dijo a Página/12 Adolfo Villate, uno de los fiscales que acusa a Campagnoli. Aludía, por ejemplo, a ciertos tuits que circulan, entre los cuales se reproducen frases de una columna del periodista Jorge Lanata cuestionando a miembros del jurado y, en el caso de Martínez Córdoba, afirma que tiene “escasos antecedentes en materia del derechos del menor y la familia”, su especialidad en la Defensoría. “Los buitres de Gils Carbó”, se leía en Twitter. Otros le desean que si no vota a favor de Campagnoli “que el infierno la consuma”; o bien, “cuando salgas a la calle nos vamos a acordar de vos”, y alguno publica números de teléfono invitando a la gente a llamarla.

Ricardo Gil Lavedra, defensor de Campagnoli, sostuvo: “Decidir no es una tarea sencilla. Si no estaba en condiciones para enfrentar esto, no hubiera aceptado la designación”.

Ayer a la mañana, cuando se acercaba la hora de comenzar la audiencia, el tribunal recibió una nota de la Defensoría General que decía que Martínez Córdoba estaba de licencia por razones de salud hasta el viernes 27. La noticia fue un baldazo de agua fría para la mayoría y el jury dispuso postergar los alegatos para el lunes 30. A la vez, se planteó la duda sobre qué pasaría si se le extiende la licencia o si dice que no está en condiciones de volver.

Por normativa, el juicio no puede estar suspendido más de diez días. Si la defensora desistiera o no pudiera continuar, tiene un suplente: el defensor de San Martín Leonardo Miño. En caso de que Miño asumiera, se plantea otra discusión. ¿Puede fallar sin haber presenciado las audiencias de testigos? Todo indica que la mayoría del tribunal piensa que no puede y que habría que hacer todo el juicio de nuevo. Sólo uno de los jueces considera que bastaría con que vea las filmaciones. Más allá de todo el engorro que eso implicaría, el plazo de 180 días para que el tribunal tome una decisión seguiría corriendo, y vence el 27 de octubre. Allegados al jury señalaron que por ahora son puras conjeturas y todos confían en que Martínez Córdoba vuelva a sentarse el lunes con el tribunal.

“Sería un escándalo institucional que el juicio se cayera”, dijo Gil Lavedra. “Cuando se suponía que estábamos a 24 horas de una decisión del tribunal, esto da lugar a suspicacias. Queremos una sentencia”, agregó.

Una idea instalada en la platea del juicio político es que el voto de Martínez Córdoba sería el único dudoso hasta ahora y a la vez el que definiría el futuro de Campagnoli, ya que el resto de los jueces estarían empatados tres a tres. Esto se basa, en parte, en que algo así sucedió al momento de votar la suspensión del fiscal: la mayoría estuvo integrada por Daniel Adler (fiscal), Ernesto Kreplak (representante del Poder Ejecutivo), Rodolfo Ojea Quintana (delegado por el Senado) y la defensora Martínez Córdoba; los votos en minoría, contra la suspensión de Campagnoli, fueron de Octavio Gauna –ex procurador de Raúl Alfonsín– y los abogados Adriana Donato y Francisco Panero.