El Banco Mundial dio a conocer ayer un documento donde describe las causas que llevaron a su directorio a aprobar créditos para la Argentina por unos 4000 millones de dólares los próximos cuatro años, más otros fondos para inversores privados. Allí destaca el crecimiento con inclusión social que tuvo lugar la última década. Sin embargo, los párrafos salientes no son ésos sino los finales, donde deja de lado esa línea de análisis y avanza con una conceptualización más afín con la que están presentando los fondos buitre si el Gobierno no accede a una negociación bajo sus términos. “Aún hoy, más del 40 por ciento de la población argentina corre riesgo de caer en la pobreza”, afirma el organismo. “La pérdida de reservas internacionales, el déficit fiscal y la inflación persistente, así como la incertidumbre en la economía mundial, siguen creando dificultades a corto y mediano plazo”, agrega.

El Banco Mundial es un organismo en el cual el gobierno de Estados Unidos ejerce una influencia determinante, actualmente bajo la presidencia de Jim Yong Kim, de origen coreano nacionalizado estadounidense. La administración de Cristina Kirchner viene denunciando que su par norteamericana ejerce una presión injustificada en favor de los fondos buitre. En la última semana tuvo un cruce con el encargado de negocios de la embajada en Buenos Aires, Kevin Sullivan, y con American Airlines por no vender pasajes al exterior a más de 90 días.

Del 6 al 11 de octubre tendrá lugar la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial. Este último organismo anticipó su posición respecto de la economía argentina en el documento “Estrategia de Alianza del Grupo del Banco Mundial”, en donde detalla el esquema crediticio convenido con el Gobierno para los años fiscales 2015-18. Allí dice que el plan se centra en la necesidad de mantener los logros sociales obtenidos en los últimos años y ampliar la inclusión social en forma “eficiente y sostenible”. El programa pretende brindar apoyo al país para mitigar los desafíos que afrontan los grupos vulnerables a raíz de la desaceleración económica y las dificultades externas.

En ese mismo documento se presenta un escenario complejo para el país, aunque reconoce una serie de logros alcanzados por el Gobierno en los últimos años, especialmente el crecimiento con inclusión social. “Argentina fue uno de los dos países de la región con mejores resultados en términos de reducción de la pobreza y aumento de la prosperidad compartida”, agrega. El BM asegura que el país recuperó el terreno perdido en la crisis de 2001/02 y logró ampliar la clase media. La pobreza, medida por ingresos de 4 dólares al día, disminuyó del 31 por ciento en 2004 al 10,8 por ciento en 2013. No obstante, el Banco sostiene que el 40 por ciento de la población corre riesgos de caer en la pobreza. Concede, de todos modos, que el Gobierno ha elaborado un sistema integral de protección social con altas tasas de cobertura, que también contribuyó a mitigar el impacto de la crisis internacional de 2009, durante la cual la pobreza y la desigualdad continuaron disminuyendo.

“Es probable que las cuentas fiscales y externas de la Argentina continúen arrojando déficit en los próximos años, con el consiguiente riesgo de aumento de las presiones inflacionarias y debilitamiento de la capacidad de recuperación ante las perturbaciones. El crecimiento del PIB probablemente siga siendo lento, lo que podría reducir el apoyo a las políticas generales del Gobierno por su efecto en el empleo”, prevé el organismo. “La incertidumbre en la economía mundial podría generar nuevos riesgos a la baja para la demanda de productos argentinos”, agrega. En ese sentido, apunta que Brasil, China y la zona del euro son los principales socios comerciales del país. También destaca que la Argentina está especialmente expuesta a las sequías y a las variaciones de precio de los productos básicos.

El plan estratégico pretende superar este tipo de limitantes. Entre las iniciativas se destacan la de reducir en un 15 por ciento el tiempo promedio de tránsito desde barrios pobres al centro de la ciudad en dos zonas metropolitanas, a aumentar en un 12 por ciento el valor bruto de la producción agrícola de 80.000 pequeños y medianos establecimientos agropecuarios situados en las zonas de ingresos más bajos y apoyar un aumento del 28 al 50 por ciento en la cobertura del Sistema Nacional de Atención de la Salud.