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En el contexto de la discusión por las tarifas de los servicios públicos, un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Nación pone en evidencia que el grueso de los pagos de los usuarios residenciales en concepto de servicios públicos básicos no responde a sus consumos reales, sino a impuestos y cargos fijos sin contraprestación. Estos últimos dos componentes van del 42 por ciento en el caso del gas por redes, pasando por el 64 por ciento en electricidad y llegando a un altísimo 72 por ciento en el servicio telefónico. Dada la estructura de ingresos emergente de la crisis, la que es analizada en detalle por la investigación, esta forma de facturación contribuye a consolidar una distribución regresiva del ingreso discriminando en contra de los consumos menores. La conclusión de la Defensoría es que cualquier “renegociación de las tarifas”, para ser eficiente, debe contemplar la corrección de estos desfasajes.
En medio de las presiones del poder económico local por aumentar las tarifas de los servicios públicos, la Defensoría del Pueblo que conduce Eduardo Mondino realizó una investigación que opone a la ecuación técnico financiera de las empresas, sustentada por las políticas de Estado de los ‘90, la ecuación económica de los trabajadores que pagan las tarifas. El estudio considera a los usuarios también como contribuyentes. En particular, debido a la alta incidencia del componente impositivo sobre el costo total de las facturas.
La Defensoría destaca, en base a la información del Indec, la situación de vulnerabilidad en materia de ingresos que padece más de la mitad de la población. En este sentido, señala que el 50 por ciento de los asalariados cobra menos de 376 pesos mensuales, promedio que desciende notablemente en las provincias más pobres. En Jujuy, por ejemplo, la mitad de los asalariados percibe menos de 250 pesos, lo que demuestra que la inequidad no es sólo social, sino regional.
La importancia de estos datos en materia de tarifas es que más del 75 por ciento de los ingresos de los sectores más pobres se destina al consumo de alimentos y servicios básicos para la vivienda. Dado que desde diciembre de 2001 hasta agosto de 2003 el aumento de precios en el rubro alimentos fue del 63 por ciento, estos sectores se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad frente a cualquier variación potencial de los precios de los servicios.
En consecuencia, la investigación destaca la necesidad de incluir en la renegociación de contratos la dimensión que los usuarios tienen como contribuyentes. Esta dimensión se consolidó durante la década del 90, junto al desarrollo de una estructura tributaria altamente concentrada en los impuestos al consumo. En consecuencia, las facturas de los servicios comenzaron a incorporar importantes cargos por este concepto. En el caso de los consumos hogareños los impuestos oscilan entre el 23 y el 44 por ciento. Para las grandes empresas van del 29 al 40, mientras que las pymes son las que soportan la carga más alta, con niveles de entre 43 y el 52 por ciento. Los servicios considerados fueron electricidad, gas por redes, agua y teléfonos.
Al problema expuesto se suma el del sistema de facturación, que a través de los “cargos fijos” discrimina en contra de los consumos menores. Para los niveles de consumo medio la mayor incidencia de los cargos fijos se registra en el sector telefónico, donde representan el 65,28 por ciento de la facturación y el menor en el gas, donde es del 24 por ciento. No obstante las cifras promedio ocultan la regresividad por nivel de consumo, ya que en el caso del gas, por ejemplo, esta incidencia retrocede del 50,24 por ciento para los menores consumos a sólo el 4,8 para los mayores. La Defensoría recuerda además que los cargos fijos están muchas veces vacíos de contenido. El caso paradigmático es el del servicio telefónico, donde los pulsos libres fueron eliminados.
La conclusión del estudio es que las “renegociaciones de los contratos”, necesitan incorporar estos cambios en la estructura tarifaria. Esto significa considerar un esquema de consumo que se corresponda con la distribución del ingreso y que la facturación se realice sobre los consumos reales.