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Del proyecto presupuestario ayer conocido surge, como primera conclusión, que la esperanza de cambios significativos en 2004 radica, no tanto en las predicciones utilizadas, sino en la perspectiva de que la realidad se desvíe de ellas. Como puntos centrales, que el Producto Bruto crezca más que el 4 por ciento previsto y que la recaudación muestre mayor dinamismo en términos reales. De otro modo, y a pesar del marketing que la Casa Rosada –más que el Palacio de Hacienda– utilizó para presentar sus pautas, el fisco no será el año próximo una herramienta decisiva en ningún sentido. Los autores del presupuesto enviado al Parlamento se someten a los dos grandes determinantes de la realidad: el acuerdo con el Fondo, que obliga a gastar menos de lo que se recaude, y la crítica situación social, que exige seguir concentrando recursos en los planes de contención.
Esto es lo concreto, aunque la retórica política trate de embellecer los números, cuyo mayor mérito reside, en todo caso, en haber renunciado a las proyecciones alegres, tan habituales en el pasado. Pero es obvio que no se puede resaltar el presunto énfasis que se otorgará a la inversión en ciencia y tecnología cuando el presupuesto que la administración nacional dedicará a ese “gasto prioritario” representa un 0,22 por ciento del PIB y un 1,5 por ciento del presupuesto. Aunque se aumente respecto de 2003, siguen siendo cifras insignificantes.
La idea que Economía dejó asentada para los próximos años apunta a un crecimiento monótono del Producto, que se expandiría a razón de un 4 por ciento anual hasta el 2006 inclusive. No plantea, en principio, una perspectiva que desborde optimismo, como cuando Domingo Cavallo aseguraba en 1992 que la economía avanzaría a un ritmo del 10 por ciento anual. Luego se vio que este país estaba muy lejos de China. Lo que no puede saberse es si el sendero de 4 por ciento anual resultará ex post demasiado cauto, pero lo más probable es que el crecimiento sufra oscilaciones y sería bueno saber cómo piensa encararse la política fiscal ante ellas.
Lo que se trasluce de las proyecciones macroeconómicas es que el consumo no es visto como un motor: simplemente acompañaría el crecimiento de la economía. Este vaticinio, poco “político”, se ajusta a una situación de alto desempleo, que no podrá ser remediada sustancialmente sin un contexto económico más dinámico. La inversión, más elástica, aumentaría al doble o triple de velocidad, mientras la economía recupera grados de apertura, sobre todo a través de las importaciones. No habría, en cambio, un boom exportador, aunque las exportaciones ganarían sistemáticamente ponderación en la demanda agregada.
Demasiadas variables entrarán en juego para determinar el éxito o fracaso de esta descripción del futuro, realizada, por otra parte, por un equipo de gobierno que carece de especialistas en estrategia. De nuevo, lo mejor que puede decirse de los números aventurados es la moderación que muestran, con lo que es mayor la chance de que no se aparten tanto de lo que finalmente suceda.
Por momentos, sin embargo, esa moderación roza con el derrotismo. Pese al lanzamiento del plan antievasión, sólo se augura para la recaudación de Ganancias un aumento equivalente a 0,10 por ciento del Producto, con lo que este impuesto llegaría a 3,84. Esta proporción sigue siendo muy baja en cualquier comparación internacional, y es fruto del particular régimen tributario argentino. Y eso que en el texto de presentación que acompaña al proyecto se predice que, entre otros factores, “también incidirán en forma positiva los mayores beneficios obtenidos por algunas importantes empresas...”, una categoría rara vez hallable en documentos oficiales. También seguirá siendo modesta la relación entre los recursos tributarios de la Nación y el PIB: 16,0 por ciento, que se estira tres puntos con las contribuciones patronales.
Lo que en cambio suena a franco optimismo es la aparente certeza de que la Argentina podrá refinanciarse en los mercados: “El acceso al crédito permitirá atender los vencimientos de la deuda de los próximos años”, afirma el texto difundido, después de dejar sentado como “objetivo central de la política financiera... restablecer el crédito público, afectado por la crisis desatada a partir de 2001”. Sin esa refinanciación, el superávit primario alcanzable difícilmente evitaría una nueva crisis de la deuda a partir de 2005.
Las planillas anticipan un salto nominal del 35,8 por ciento en los gastos de capital (inversiones), aunque habrá que ver qué destino darán las provincias a las transferencias que reciban con ese fin, ya que tienen la facultad de desviar esos fondos a gastos corrientes. Lo más concreto es el incremento de un 78,6 por ciento en la inversión real directa, aunque a partir de valores muy bajos. Así, los 1443,1 millones de pesos a que se llega para 2004 siguen siendo una suma muy modesta, y claramente deprimida por la necesidad de obtener un ahorro significativo destinado a la deuda.
Pese a la inflación prevista –que, según declaraciones formuladas ayer por Roberto Lavagna, “no presupone nada sobre un aumento de tarifas”, lo cual contradice el sentido común–, los sueldos de los empleados públicos virtualmente no variarán, hecho que tendrá dos efectos: una ulterior caída en términos reales, y una pérdida de participación dentro de los gastos de consumo del Estado nacional, bajando del 72,9 por ciento en 2003 a un 68,7 por ciento en 2004. En cuanto al eventual reajuste tarifario, también está incluido el efecto tracción que tendrá sobre la recaudación del IVA.
Entre los detalles pintorescos del comunicado oficial, resulta curiosa la afirmación según la cual “el superávit primario consolidado rondaría los 3 puntos del producto”, con lo cual se le adscribe un carácter condicional a esa meta comprometida con el Fondo, e incluso se deja margen para suponer que no se la alcance. En realidad, esta gaffe debe entenderse como una desprolijidad, estando lejos de ser la única que presenta el documento, en parte como posible consecuencia de las diversas manos por las que fue pasando.