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El represor Alfredo Astiz puso mala cara. “No voy a hablar de mis bienes”, dijo. El secretario del tribunal acababa de informarle que además de estar procesado por delitos contra la humanidad, lo habían embargado por cinco millones de pesos. Al parecer, fue lo que más le molestó. El Cuervo y otros ocho acusados en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada fueron notificados ayer de que, como consecuencia de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, volvieron a quedar detenidos. El prefecto Juan Antonio Azic no cumplió con el trámite porque se encuentra internado en un psiquiátrico.
Para la mayoría fue como cerrar un paréntesis de dieciséis años, dentro del que vivieron una libertad regalada por las leyes de impunidad. Torres retrotrajo la situación de los acusados a la que tenían en 1987, antes de la sanción de la Obediencia Debida. Así, los represores están en condiciones de ser sometidos a un juicio oral por 80 hechos (entre todos) ya probados. Por eso, ninguno de los detenidos fue interrogado. El juez consideró que el trámite había sido realizado en 1987. De acuerdo con esta situación, Astiz sería juzgado por los secuestros y torturas de cinco sobrevivientes de la ESMA: Carlos García, Amalia María Larralde, Carlos Lordkipanidse, Carlos Muñoz y Lázaro Jaime Gladstein.
“El Angel Rubio” fue el primero en presentarse en el juzgado de Torres. Allí le comunicaron que el expediente de la ESMA tiene un nuevo juez, que como en 1987 está procesado y que se le designaría un abogado, rol que cumplirá la defensora oficial Silvia Otero Rella.
Después fue el turno de Acosta, quien fue trasladado desde la unidad de Gendarmería de Campo de Mayo, donde está preso por la desaparición y apropiación de los bienes de Conrado Gómez y sus socios. Acosta fue jefe del sector de Inteligencia de la ESMA y miembro del grupo de tareas desde su formación hasta marzo de 1979.
Por la tarde, fueron notificados de su nueva condición de procesados y de sus embargos, que van desde los tres a los 32 millones de pesos:
- Carlos Octavio Capdevilla: capitán médico y oficial operativo de la ESMA. Controlaba la capacidad de resistencia física de los torturados.
- Adolfo Miguel Donda: fue jefe del sector operativo de la ESMA y luego segundo jefe de Inteligencia. Torturador. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue agregado naval en la embajada argentina en Brasil.
- Héctor Antonio Febres: prefecto. Torturador. Está preso por su responsabilidad en el plan sistemático para apropiarse de hijos de desaparecidos. Tenía a su cargo el tratamiento de las prisioneras embarazadas y los bebés que nacían en cautiverio.
- Manuel Jacinto García Tallada: fue jefe de Operaciones del Estado Mayor General Naval y como tal jefe de la fuerza de tareas 3.
- Oscar Antonio Montes: ocupó el mismo cargo que el anterior.
- Antonio Pernías: oficial de Inteligencia. Torturador. En marzo de 1978 fue enviado como responsable al Centro Piloto París.
- Rául Enrique Scheller: oficial de Inteligencia de la ESMA. Torturador.
El prefecto Juan Antonio Azic no fue al juzgado porque está internado en un psiquiátrico luego de que se pegara un tiro antes de ser arrestado por pedido del juez español Baltasar Garzón. “Se pidió una evaluación del hospital para ver si está en condiciones de presentarse”, explicó un funcionario judicial. Azic fue oficial de Inteligencia del grupo de tareas de la ESMA. Torturó, entre otros, a Lordkipanidse y a su hijo de veinte días.
Torres también ordenó detener el martes a Jorge Vildoza, ex jefe del grupo de tareas de la ESMA, quien está prófugo desde que las Abuelas de Plaza de Mayo descubrieron que se apropió de un niño que nació en la ESMA.
El juez enviaría hoy su resolución al fiscal Eduardo Taiano para que éste opine sobre la eventual elevación del expediente a juicio oral. También tendrán que opinar las querellas. Hasta ahora fue aceptada en esa situación Patricia Walsh, pero también hubo una presentación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y habrá una del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Astiz será llevado mañana a Bahía Blanca, donde tiene que cumplir con la audiencia de reconocimiento ante el juez Alcindo Alvarez Canale, quien ordenó su detención por el pedido de extradición de Francia, donde El Cuervo fue condenado en 1990 por la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.
Astiz durmió ayer en el Edificio Libertad, sede de la Armada, junto con sus compañeros. Pero debido a que fue destituido en 1998 y ya no tiene grado militar, su lugar de arresto podría cambiar en los próximos días. “Si no es marino, no va a ir a ningún lugar de la Armada”, aseguró a Página/12 un funcionario con acceso al expediente.