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Dejó la Corte Suprema sin haber revelado jamás su patrimonio y sin terminar de rendir cuentas de sus actos ante el Congreso. Pero ahora, Julio Nazareno tendrá que hacer todo eso ante la Justicia. El juez federal Sergio Torres resolvió abrir una investigación penal en su contra por posible enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, prevaricato, incumplimiento de sus deberes como funcionario y abuso de autoridad. El magistrado se reunió ayer con el presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Ricardo Falú (PJ), para pedirle las pruebas obtenidas en su pesquisa contra el ex supremo. En los próximos días solicitará su declaración jurada de bienes, como una de las primeras medidas probatorias.
Después de presentar su renuncia, el 27 de junio, Nazareno fue denunciado penalmente por los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Liurgo. Ellos señalaron que los elementos que habían acopiado los diputados investigadores no debían quedar en el aire: servirían para responsabilizar al riojano (por adopción) de varios delitos. Pidieron también que se analice su evolución patrimonial desde que ingresó a la Corte, en 1990, hasta este año, ante la sospecha el presunto enriquecimiento y teniendo en cuenta que se negó a presentar su declaración jurada ante la Comisión de Juicio Político, amparándose en una acordada con la que los propios miembros del alto tribunal se autoexcluyeron de publicitar sus registros de bienes.
Falú fue ayer a tribunales a pedido de Torres y mantuvieron una reunión de 40 minutos. “Le pude explicar al juez qué documentación tenemos y la puse toda a su disposición”, contó el tucumano a Página/12. “Detallé los cargos por los manejos de Nazareno en las causas Meller, Magariños y Macri que tramitaron en la Corte, la acusación por haber presionado a tres testigos en el juicio político del año pasado y, como material derivado de aquel proceso, están todos los datos sobre el plus por desarraigo que cobraba de manera irregular, el uso personal de autos secuestrados a disposición del Poder Judicial, la asignación anticipada de su jubilación mientras seguía en funciones, entre las cuestiones sustanciales”, enumeró el diputado. “En lo personal, creo que hay material fuerte para que avance una causa, pero serán los jueces los encargados de decir si se cometieron delitos”, añadió.
La semana pasada los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado presentaron su requerimiento para que Torres impulse la causa, junto con un listado de medidas de prueba sugeridas. En el rubro patrimonial, los fiscales pidieron, además de la declaración de bienes del ex juez presentada ante la Corte y la que se encuentra en la AFIP, un relevamiento de sus gastos con tarjeta de crédito y movimientos bancarios y un inventario de sus propiedades, sociedades y fundaciones. También quieren conocer detalles sobre la asignación del plus por desarraigo de 2200 pesos que cobraba mensualmente (además de su sueldo, que rondaba los 13 mil pesos) y acerca de un centenar de pasajes que recibió para viajar a La Rioja. Buscan establecer, aparte, si administró correcta o arbitrariamente el máximo tribunal, del que fue presidente durante diez años.
Nazareno carga con más de una decena de causas en la justicia federal y en alguna de ellas, incluso, se le atribuyeron delitos graves como asociación ilícita, que no es excarcelable. Pero, por lo pronto, el único expediente que da señales de encaminarse es el que instruye Torres. Allegados a la causa anticiparon que la semana próxima el juzgado girará oficios en busca de información. Son muchos los delitos en la mira, pero la figura más severa que hasta ahora se contempla, y que prevé de 2 a 6 años de cárcel, es la del posible incremento ilegítimo de la fortuna del ex magistrado. Si Torres establece un grado de sospecha importante, le pedirá que justifique cómo obtuvo lo que tiene. Otro delito severo que se podría aplicar, según una versión, es el de peculado (sustraer dineropúblico para fines personales), el mismo que llevó a María Julia Alsogaray a prisión.