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Ha habido una constante en los estudios e investigaciones sobre los niveles de fuga de capitales y la evasión tributaria asociada, y es que en cada oportunidad resulta que el fenómeno alcanza dimensiones mayores que las estimadas hasta ese momento. Ello es un reflejo no sólo del poco conocimiento que aún se tiene del fenómeno, sino además de la gravedad que tiene el problema en general para los países en desarrollo, y muy particularmente para la Argentina.

Una de las estimaciones más serias conocidas hasta ahora, realizada por James Henry para Tax Justice Network en 2012 (con cifras del año 2010), ubica a la Argentina en el cuarto lugar en América latina y octavo entre las naciones por fuera de las potencias occidentales, por la magnitud de la riqueza privada de sus residentes colocada en el exterior. Sin embargo, cuando la medición se hacía en función de la relación entre riqueza privada “off shore” y producto bruto de cada país, Argentina saltaba a un primer lugar compartido con Venezuela en el subcontinente, a los que se agregaba Kuwait en el podio de los tres países con peor performance en el mundo en materia de capitales fugados o expatriados. Brasil, México, China, Rusia y Corea, economías con altos niveles de riqueza privada en el exterior, empalidecían sin embargo frente a los tres anteriores cuando esos stocks de capitales fugados se comparaban con el tamaño de las economías que les daban origen.

En cuanto a los datos correspondientes a la Argentina, una sola fuente brindó algún nivel de información detallada, y fue en una causa judicial que lo involucraba en maniobras de fuga y evasión, en la cual esa misma persona se autoinculpó. Se trata del ex ejecutivo de cuentas del JP Morgan para Argentina Hernán Arbizu, quien en su declaración ante el juez estimó que, entre los diez bancos con mayor actividad en Argentina en materia de colocación de depósitos en el exterior, sin ser declarados, acumulaban en el año 2010 el manejo de unos 85 mil millones de dólares. En ese listado, Arbizu señalaba que en sólo cuatro de ellos se concentraba el 65 por ciento del monto fugado (55 mil millones de dólares). Entre esos cuatro, el HSBC aparecía en un tercer lugar, con una cartera estimada en unos 10 mil millones de dólares.

Las estimaciones acerca de la magnitud del stock de riqueza off shore de residentes argentinos (tomando en cuenta sólo los activos financieros, no otro tipo de inversiones en bienes raíces, yates, etc.) oscila entre unos 220 mil millones de dólares según cálculos oficiales, y 450 mil millones de acuerdo con estimaciones privadas. En cualquier caso, una cifra que supera largamente el volumen de la deuda externa, con lo cual la posición neta del país lo dejaría como acreedor del resto del mundo en vez de deudor. El problema es que esta riqueza privada está en pocas manos (personas físicas y empresas) y, a pesar de que haya sido obtenida en buena medida por actividades en el país, no fueron declaradas (fugaron ilícitamente) ni pagan impuestos (evaden), en tanto que la deuda externa debe ser asumida por el conjunto de la población. Una desigualdad que también es producto de los privilegios de los que aún sigue gozando el capital financiero en el mundo.