Desde Washington

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, el más antiguo de los miembros del gabinete del presidente Obama, renunció ayer como principal funcionario de las fuerzas del orden del país, privando a la administración de un luchador por los derechos civiles y por las reformas de la Justicia penal para reducir la superpoblada población de las cárceles estadounidenses.

Holder, de 63 años, un ex juez afroamericano, quien se desempeñó como vicefiscal general durante el segundo mandato de Bill Clinton, ocupó el cargo desde que Obama asumió en 2009. Su renuncia no fue, sin embargo, una sorpresa –ocupó una de las tareas más penosas y polémicas en el gobierno durante más tiempo que casi todos sus predecesores–, él había dejado en claro su intención en una entrevista con The New Yorker, en febrero.

Afirmó claramente ayer que iba a permanecer en el cargo hasta que un sucesor tomara su lugar y fuera confirmado por el Congreso. Los antecedentes de Holder son buenos y malos, a los que no ayudó la oposición a menudo implacable de la Cámara de Representantes controlada por los republicanos y una Corte Suprema conservadora que trató de restringir algunos pilares de la legislación de derechos civiles como la acción afirmativa (cuotas escolares y laborales para minorías étnicas) y partes de la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohíbe prácticas electorales discriminatorias en contra de los afroamericanos.

A pesar de las críticas generalizadas de los tribunales militares en Guantánamo, el Congreso rechazó su intento de que Khalid Sheikh Mohammed y otros acusados de los ataques del 11 de septiembre fueran juzgados en una corte federal ordinaria en Nueva York. A pesar del clamor público, el Departamento de Justicia no presentó cargos contra las principales figuras de Wall Street involucradas en el colapso financiero de 2008. En cambio, de acuerdo con la represión de la administración Obama sobre el secreto gubernamental, Holder autorizó el enjuiciamiento de un número sin precedentes de responsables de filtraciones, y ordenó la incautación de registros telefónicos de los periodistas, causando la indignación de los medios.

También estuvo en el centro de una tormenta sobre una operación encubierta (conocida como Rápido y Furioso) para atrapar a contrabandistas de armas través de la frontera de Estados Unidos con México, que en 2012 motivaron los pedidos republicanos para que renunciara. Ese fiasco allanó el camino para una votación en la Cámara que lo encontró culpable de de-sacato al Congreso, una humillación que ningún fiscal general de Estados Unidos sufrió.

Su mayor revés, sin embargo, para un hombre dedicado a hacer de los derechos civiles el foco de su gestión, sin duda llegó en junio de 2013, cuando la Corte Suprema anuló una parte clave de la Ley de Derecho al Voto, liberando a los estados del sur para que pudieran cambiar sus propias leyes electorales. Holder devolvió el golpe mediante la presentación de demandas federales que desafían las restricciones introducidas por Texas y otros estados. Más exitosos han sido sus esfuerzos para hacer que el sistema legal de Estados Unidos sea menos punitivo con las minorías. En 2013, lanzó la iniciativa del Departamento de Justicia, Inteligente para el Crimen, en especial reduciendo la pena para los delitos de droga no violentos.

“Durante demasiado tiempo, bajo políticas bienintencionadas diseñadas para ser duras con los delincuentes, nuestro sistema perpetuó un ciclo destructivo de la pobreza, la delincuencia y el encarcelamiento, que atrapó a un sinnúmero de personas y debilitó a comunidades enteras, en particular a las comunidades de color”, declaró Holder esta semana. Los resultados ya son visibles. En doce meses, la población penitenciaria federal se redujo en 4800, la primera merma desde 1980.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.