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Las reiteradas audiencias del juez Thomas Griesa con sus respectivos sermones serían poco significativas si no fuera por la amplificación de sus decisiones extravagantes por parte de una importante red de voceros locales alineados con los intereses de los fondos buitre. Hasta uno de ellos fue echado del grupo Bapro por el gobernador Daniel Scioli. Esas convocatorias en el juzgado del distrito sur de Manhattan y sus resultados merecen abordarse con la ironía que regala en su cuenta de twitter Sebastián Soler, abogado especialista en política bancaria y cambiaria, master de derecho de Harvard. Como Tommy Barban en las redes sociales, escribió los siguientes tuits respecto a la declaración de desacato a la Argentina por parte del magistrado de primera instancia de la jurisdicción de Wall Street:

- “Silogismo: a) multar a la Argentina por desacato sería un disparate jurídico. b) Griesa es un juez disparatado. c) ...”

- “Y si Griesa, con su habitual ignorancia jurídica e indiferencia ética, nos multa por desacato, deberíamos ignorarlo por intrascendente.”

- “Griesa no debería multar por desacato por razones jurídicas (FSIA lo prohíbe), política (gobierno de USA se opone) y práctica (no puede embargar.”

La FSIA es la Foreign Sovereing Immunities Act (Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera) de 1976 incorporada en el ordenamiento legal de Estados Unidos. Esa norma privó a los jueces de discrecionalidad en esa materia. En un litigio de una empresa estadounidense contra el Congo en 2006, donde el juez recurrió al desacato y a multas, el gobierno de Estados Unidos se presentó en un amicus curiae en los tribunales diciendo que instaba a “rechazar las sanciones monetarias como un mecanismo para coercionar a un Estado extranjero al cumplimiento de las órdenes. La declaración de desacato con sanciones monetarias va en contra de la práctica de la comunidad internacional y tiene el potencial para lesionar nuestras relaciones exteriores y abrir la puerta a la imposición de sanciones contra nuestro gobierno”.

El desacato dispuesto por Griesa es un nuevo disparate jurídico que sólo debe ser interpretado en clave política y financiera. Lo primero como parte del evidente acoso judicial de los fondos buitre contra la Argentina, con respaldo del magistrado, y lo segundo para boicotear la estrategia oficial para que puedan cobrar los bonistas del canje bloqueados. La declaración de desacato tiene el objetivo de disuadir a los bonistas de participar de la ventanilla abierta por Argentina con la Ley de Pago Soberano con la amenaza de también declararlos en desacato, instancia en la cual es más factible de efectivizar sanciones monetarias porque se trata de sujetos privados y no países.

En otras cuatro ocasiones jueces estadounidenses declararon en desacato a países (Rusia, Congo, Belice e Irak), pero es la primera vez que uno lo hace contra un Estado soberano por pagar una deuda. Si el desacato es una extravagancia más de Griesa, hacerlo por la decisión soberana en materia financiera de cumplir con los vencimientos de deuda con la mayoría de los acreedores es un disparate.

La posición del gobierno argentino es muy transparente en esta disputa y sólo un grupo de analistas locales, luego replicados en medios internacionales vinculados a las finanzas, logran hundir en el fango la comprensión del caso. La declaración de desacato va en contra de las normas básicas del derecho internacional que, a pesar de ser ignoradas por los jueces norteamericanos al considerar a un país como si fuera un sujeto privado, rige la convivencia pacífica de la comunidad de estados nacionales. Esa norma aceptada por Estados Unidos establece la igualdad soberana de los estados, siendo esa cuestión una de las nociones más fundamentales del derecho internacional. Especialistas en la materia explican que eso implica que los estados son jurídicamente iguales, que gozan de todos los elementos inherentes a su propia soberanía y que su integridad e independencia política es inviolable.

Frente a este argumento aparece la réplica esgrimida por los economistas de siempre respecto a la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros y, a partir de esa situación, demandar que la Argentina acepte el fallo sin protestar ni escudarse en la idea de soberanía. Pero hay un aspecto que algunos ocultan y otros ignoran que es la diferencia entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución. Aceptar tribunales extranjeros para dirimir litigios, en este caso por bonos en default, no significa que un país deba someterse a cualquier sentencia que viole su propio ordenamiento legal o que atente contra decisiones sobernas en materia financiera (el canje de deuda 2005 y 2010). Como la sentencia de Griesa es de cumplimiento imposible (la cancelación en un solo pago del capital al ciento por ciento más intereses) porque destruiría la reestructuración de deuda (por la existencia de la cláusula RUFO) y obligaría al Gobierno a violar sus propias leyes (por ejemplo, las que dispusieron las dos vueltas del canje), la Argentina no dice que no reconoce a los fondos buitre su derecho a cobrar por sus bonos, sino que no puede hacerlo tal como lo dispuso Griesa. Incluso existe una oferta de pago pública y oficial que significa una ganancia de más del 300 por ciento del capital invertido por los buitres al comprar bonos en default.

La cuestión de la soberanía no es un aspecto marginal en esta disputa pese a que queda borrada en gran parte de los análisis. La prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros no anula la noción de que la actuación de los órganos políticos del Estado argentino se encuentra únicamente sometida a la soberanía popular y a los principios de la Constitución Nacional, y no puede ser cuestionada por ningún órgano de un Estado extranjero (el Poder Judicial de Estados Unidos).

En un informe oficial se detalla entonces que la declaración de desacato presenta las siguientes irregularidades:

- “Es contraria al derecho internacional, que prohíbe la adopción de medidas punitivas contra un Estado con motivo de la negativa o incumplimiento de una orden judicial de un tribunal nacional.

- En especial, es contraria a la obligación de no aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político contra otro Estado, contenida en la Carta de la OEA.

- Atenta contra la dignidad y la independencia argentinas, ya que castiga al país porque sus órganos políticos han ejercido acciones soberanas tales como la sanción de una ley emanada de los poderes democrática y constitucionalmente constituidos.

- Es ofensiva en tanto un tribunal extranjero pretende hacer comparecer a un Estado soberano ante sus estrados para dar explicaciones sobre actos y decisiones legales y legítimas adoptadas por sus poderes constitucionales en ejercicio de su soberanía.

- Intenta aniquilar la reestructuración de la deuda soberana de la Nación, ejerciendo presión para compeler al país al cumplimiento de una orden que, como la Argentina ha repetido incansablemente, le es imposible cumplir en razón de la cantidad de dinero involucrada, y todo para favorecer a un grupo de especuladores que hacen negocios a costa del bienestar y los derechos de todo un pueblo”.

Griesa no dispuso una sanción monetaria acompañando la declaración de desacato. Como lo adelantó en la última audiencia es probable que la disponga en los próximos meses, cuando ese castigo, que no será efectivo porque la Argentina no lo pagará, sea útil a la estrategia de acoso de los fondos buitre. Este juicio ha brindado un aporte inestimable a la transparencia: está muy claro cómo y quiénes son socios, aliados y empleados en el mundo de las finanzas.

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