Poco antes de las 4 de la madrugada de ayer, en la provincia de Tucumán se iniciaron 45 allanamientos sorpresivos y simultáneos. Los ordenó el juez federal Fernando Poviña, en la causa que desde el año pasado investiga el presunto lavado de activos generados por una asociación ilícita, el clan Ale, comandada por los hermanos Angel “el Mono” y Rubén “La Chancha”, cuyas acciones eran seguidas de cerca por la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) a partir de investigaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP.

De los operativos, ejecutados por 277 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), participaron el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito; el titular de Procelac, Carlos Gonella, y su par de la UIF, José Sbattella. Al final del día, el juez Poviña tomaba declaraciones para resolver la situación de los cuatro aprehendidos, entre quienes se encontraba el Mono Ale (La Chancha cumple prisión preventiva en un centro médico desde el año pasado) y un policía a quien se sospecha cómplice del clan. El fiscal Gonella confió a este diario que posiblemente quedaran detenidos “porque hay elementos para ello”. Además, el juez intervino la empresa de juegos de azar Point Limits SRL, propiedad del Ale aprehendido, algo que el fiscal Gonella definió como inédito porque “es la primera vez que se practica una medida de este tipo en una causa por lavado en Argentina”.

En los allanamientos, que incluyeron domicilios privados, propiedades rurales y empresas de la capital provincial y otras localidades tucumanas, resultaron secuestrados alrededor de 300 mil pesos en efectivo, armas registradas pero a nombre de personas impedidas de tenerlas y elementos de un lugar aparentemente dedicado al fraccionamiento de cocaína.

Por la tarde, en la Fundación María de los Angeles, Gonella y Sbattella dieron una conferencia de prensa en compañía de Susana Trimarco, quien desde hace años menta a “la mafia de los Ale” como responsable del secuestro y la explotación sexual de su hija, Marita Verón. Trimarco dijo estar “muy conforme con la actuación de la Justicia Federal”, y recordó que la investigación por posible asociación ilícita y lavado “surge de la causa de mi hija”. “Verdaderamente los tucumanos estamos comenzando a librarnos de estos delincuentes que tienen banca de la política”, agregó. En un comunicado, la Fundación señaló: “Vemos cómo el tiempo va demostrando el accionar de la mafia al corromper a funcionarios que años atrás integraban el gobierno de Julio Miranda y hoy son abogados defensores de estos delincuentes”. Sbattella, a su turno, calificó a los Ale como “un grupo mafioso que llegó a tener el control de casi toda la provincia de Tucumán”.

Los allanamientos de ayer fueron, en algún sentido, la continuidad de los que sorprendieron a Tucumán en el amanecer del 4 de marzo de 2013, cuando cerca de 300 gendarmes y 30 inspectores de UIF terminaron por incautar documentación, dinero, armas. Ayer, aunque la cantidad de efectivos avocada al operativo fue similar (277), los agentes de seguridad fueron de la PSA, porque los investigadores sospecharon sobre la posibilidad de filtraciones. Entre una y otra tanda de allanamientos, además de casi diecinueve meses, pasó algo más: la recolección de información a partir de escuchas e investigaciones basadas en la documentación y los testimonios obtenidos en 2013. Esos datos sustentaron los allanamientos producidos ayer en los domicilios de los hermanos Ale, una remisería y dos empresas dedicadas a juegos de azar (una de ella de legalidad aún no confirmada), entre otros lugares.

El fiscal Gonella explicó que “a partir de las medidas de prueba que permitieron escuchas telefónicas, fueron surgiendo hipótesis para profundizar sobre narcotráfico, explotación sexual y un sistema extorsivo para cobrar dinero, entre otros delitos”. El funcionario señaló que en un domicilio allanado “se corroboró un cuadro indiciario compatible con tráfico de estupefacientes; se encontraron balanzas de precisión, envoltorios de nylon, sustancias de corte, polvo blanco”; en otro, se requirió la colaboración de un equipo de rescate de víctimas de trata del Ministerio de Justicia “porque se sospecha que había víctimas allí, pero el resultado fue negativo”. En la empresa de máquinas tragamonedas Point Limits SRL, del Mono Ale, “el resultado del allanamiento fue positivo, se secuestró dinero y documentación”. La situación legal de otra casa de juego allanada está bajo investigación.

“El resultado de los allanamientos fue positivo. Estamos analizando la documentación, se secuestraron computadoras también. En el delito económico, el elemento probatorio importante es la documentación, analizarla adecuadamente lleva tiempo”, explicó Gonella. Durante la investigación, en base a las escuchas que permitieron encuadrar pruebas obtenidas en el procedimiento anterior, agregó, “hemos podido corroborar nuestras hipótesis, ahora tenemos que procesar la nueva documentación para delimitar una base fáctica, poder atribuirla en indagatoria y pedir al juez el procesamiento”.

De los allanamientos, en los que estuvieron presentes Gonella y Sbattella, también participaron otros 64 agentes de la UIF, seis de Procelac (entre ellos, el responsable del Area Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, Mateo Bermejo) y dos integrantes del Registro Nacional de Armas (Renar).