El Gobierno llevó al Citibank ante la Justicia por violar el orden público al acordar con los fondos buitre abandonar su actividad de custodio de bonos en el país y abstenerse de continuar con las apelaciones a las órdenes del juez Griesa, actos que interfieren con la regulación de la deuda soberana. “El Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y con el patrocinio de la Procuración General de la Nación, presentó una demanda contra el Citibank Argentina en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal”, anunció ayer el titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof. El funcionario explicó que el propósito es que se declare nulo el pacto entre la entidad y los buitres firmado en Nueva York, con los actos jurídicos de aplicación de ese acuerdo por perjudicar a la Argentina y a los clientes del banco. Según explicó el ministro, hasta que se tramite la demanda se solicitó adicionalmente una cautelar para dejar sin efecto el convenio y sus consecuencias. “Las órdenes de Griesa en Argentina no valen, porque la Justicia argentina tiene procesos jurídicos para consultar una decisión del exterior”, señaló Kicillof en conferencia de prensa. Por su parte, el Citi respondió a través de un comunicado que su plan de salida es anterior al acuerdo y que seguirá colaborando con las autoridades regulatorias.

El equipo económico busca dejar un precedente legal por el mal desempeño de la filial argentina del Citibank que sea visible para otras empresas de capital extranjero. “Si una empresa aplica la ley de afuera, lo que se menoscaba es la Justicia local”, aseguró el funcionario. Luego de que Griesa atara el pago de una supuesta compensación a un grupo de fondos buitre al normal cumplimiento de los servicios de deuda reestructurada, la filial local del Citi solicitó al juez neoyorquino directivas sobre cómo proceder con los desembolsos de la serie bajo legislación argentina. Luego de haber autorizado en tres oportunidades la transferencia de los fondos, el 12 de marzo pasado el juez denegó ese permiso y el Citi se avino a acatar esa negativa.

El Gobierno recrimina al banco haber consultado a un tribunal distrital en el exterior una decisión que concierne a las leyes argentinas y que, luego de haberlo hecho, no haya buscado pronunciamiento en la Justicia local. “El Citi tenía voluntad de ponerse debajo de Griesa. Es el único banco que lo hizo (consultar a Griesa)”, criticó el ministro. El funcionario, quien hizo un breve racconto de la batalla legal, sostuvo que el holding estadounidense “para salir de la extorsión de los fondos buitre cedió y firmó un pacto con el diablo, con perjuicio económico propio, contra la ley argentina y contra sus clientes”. El banco detuvo las apelaciones y firmó un acuerdo con los buitres y se lo llevó a Griesa, quien lo homologó y lo convirtió en una orden.

“Citi desea aclarar públicamente que tomó la decisión de que su sucursal en la Argentina ejecutase un plan de salida del negocio de custodia con anterioridad a la emisión de la orden”, sostuvieron desde la casa matriz. “El propósito implícito en la orden era simplemente otorgar tiempo la Citibank para que dispusiera la salida del negocio de custodia de su sucursal en Argentina de un modo consistente con nuestros acuerdos con clientes”, agrega. “El problema es que el Citibank funciona bajo las leyes argentinas y ahora se tiene que enfrentar ante los tribunales argentinos”, aseguró el ministro durante la conferencia que ofreció en el Microcine de Economía. La presentación ante la Justicia se fundamenta en que “el acuerdo vulnera el orden público argentino porque interfiere con la regulación de nuestra deuda pública. Ese es el fondo de la cuestión”, remarcó el ministro.

La regulación de la deuda pública es una decisión del Congreso, con la validación de la Corte Suprema. “Los títulos sobre los que se hizo el pacto son de ley argentina. Por eso necesitamos que la Justicia actúe rápidamente. Solicitamos que ese pacto que firmaron en Nueva York se declare ilegal, nulo e inexistente”, dijo. También se solicitó una cautelar. “Como los tiempos de la Justicia no nos aseguran que esto no tenga efectos nocivos para los clientes del Citi y contra la ley argentina, vamos a pedir una medida cautelar para que suspenda de inmediato la aplicación del acuerdo”, detalló. “Esperemos que esta vez que no es contra el Estado, se otorgue con rapidez”, ironizó el ministro, quien ratificó que “la denuncia ya fue presentada”. Deslizó la posibilidad de que el banco remita información de sus clientes a los fondos litigantes. “No sabemos qué información, situación y movimientos en la Argentina brindó a los buitres o si acordó pasar la información”, denunció el funcionario, quien aseguró que el rol de custodio le dejaba al banco una ganancia anual de 17 millones de dólares. “Tiraron a sus clientes a la parrilla”, resumió. La entidad ya fue inhabilitada para operar en el mercado de valores y el CEO de la filial local, Juan Ribisich, fue desplazado por ser partícipe del acuerdo y su puesta en marcha.