La mesa de discusión era esperada. Cristina Torres viajó quince horas en ómnibus desde Santiago del Estero para poder estar. Reneé Ahually, la Turca, esperó hasta este encuentro para volverse a Tucumán después de varios días en Buenos Aires. En el fondo de la sala, chiquita, estaba Noemí Labrune, fundadora de la APDH de Neuquén. Lita Boitano, adelante de todo, terminó de sacudir la sala al pronunciar el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Jóvenes y no tanto, sobrevivientes, familiares, integrantes de los organismos de derechos humanos, representantes de distintas agencias del Estado y del Poder Judicial se reunieron preocupados por las últimas señales de la Justicia en las causas por delitos de lesa humanidad. Entre esos ejes está el freno a la investigación por las responsabilidades de los empresarios en los crímenes de la dictadura y la liberación de presos en Tucumán y Salta. El encuentro, convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, reunió a unos doscientos participantes en el edificio de la Procuración, sobre Avenida de Mayo.

Los sobrevivientes de Jujuy creen que la “falta de mérito” que la Cámara de Casación dictó sobre el empresario Carlos Blaquier es como un punto final dictado por la Justicia, sobre el avance de las causas relacionadas con la responsabilidad empresaria. En un descanso del encuentro, Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, señaló: “No es una apreciación antojadiza, sino más bien un alerta que se activó. Las últimas resoluciones son las que instalaron la sensación de que estamos ante un punto final judicial. Incluso diría que, más allá de las dificultades que tuvimos en el camino durante todos estos años, es la primera vez que se empieza a hablar de esto y esto tiene un antecedente concreto, que han sido los últimos fallos, fundamentalmente el caso Blaquier. Por eso, nos planteamos al empezar esta mesa de discusión ¿cuál es el límite para las investigaciones?”.

En la sala, el encuentro empezó a las diez de la mañana. Estuvo parte de la Comisión Interpoderes. Además de funcionarios de distintos ministerios, estuvo Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara de Casación Penal, a quien los presentes agradecieron haberse acercado y, cuando se fue, lamentaron que no oyera los reclamos, dado que muchos recayeron sobre todo en ese espacio.

Fuera de la sala, en un alto, la jueza hizo un esfuerzo para desmarcarse de sus colegas. “En un principio, después de la dictadura, los abogados centramos el debate sobre los responsables directos de lo que había sido el terrorismo de Estado. Este planteo con respecto a los civiles y los distintos roles es mucho más nuevo y, por esa razón, los juicios están también más atrasados. Es un tema de cuándo se advirtió que se podían establecer distintos niveles de participación y eso, con los años transcurridos, muchas veces es de difícil prueba, entonces hay obstáculos a salvar.” De la causa Ledesma no habló. Dijo que no podía, porque no era parte de la sala que intervino. Tampoco de la excepcionalidad de la falta de mérito, aunque admitió que no se da en la mayoría de los casos.

Pese a todo, Figueroa llegó con una buena noticia: un nuevo juez para el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, a cargo de las causas de Campo de Mayo. Allí hay doce juicios orales ya elevados, con más de 500 víctimas. Debates que no pueden empezar porque no hay tribunal. La nueva jueza será María Lucía Cassaín, aparentemente en reemplazo de Horacio Segretti.

Los planteos que se escucharon de la sala fueron variados. Además de los dos centrales, hubo descripciones puntuales que atraviesan buena parte de las causas. Falta de jueces en Santiago del Estero; ausencia de juicios en Corrientes y Santa Fe; la causa Milani. Necesidad de profundizar la búsqueda de los desaparecidos o los modos de identificación. Dificultades con el Cuerpo Médico Forense y los equipos ad hoc para chequear sus controles. Propuestas de controles aleatorios a los represores que cumplen prisión domiciliaria. Más allá de esto, hubo miradas generales especialmente sobre dos ejes: lo que dejaron estos diez años de juicios y lo que aún falta hacer.

Pablo Llonto, abogado de varias causas, entendió el encuentro como emergente de un nuevo escenario. “Estamos evidentemente ante el fin de la Comisión Interpoderes –dijo–, de esa herramienta que fue creada en su momento para avanzar con estas discusiones y ahora celebramos el nacimiento de un ámbito de discusión distinto, como un inicio de solución a los problemas que tenemos.” Podemos escribir 400 o 500 páginas de los problemas que hay en cada jurisdicción –explicó–, pero este llamado es “ultra-necesario y una respuesta a una preocupación, a la vista de las medidas que vienen existiendo en la Justicia, o porque sí o porque se les cayó la careta a algunos personajes del Poder Judicial”.

Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos en la causa Campo de Mayo, aplaudió el nombramiento de la jueza en San Martín, pero dijo: “Yo dejaría abierta una luz amarilla”. Y luego: “Con respecto a los civiles, vimos con preocupación que, justo cuando se empezaba a avanzar con el procesamiento a altos directivos de la empresa Ford, el juicio no se hace porque se cayó el tribunal. Nos quedaba una sola jueza, Marta Milloc, que además tiene problemas de salud”.

Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, se preguntó si no era el momento de empezar a pensar en una segunda acordada de la Cámara de Casación. “La acordada (de 2012) aceleró los juicios y, entre otros resultados, fue muy importante para evitar la revictimización de las víctimas, pero también produjo límites, porque tuvo distintas aplicaciones.” A esta línea se sumó Carlos Fernández Díaz, de Mar del Plata. Pero otros, como Llonto o el fiscal de Mendoza Dante Vega, abrieron una línea paralela para pensar en una legislación especial. “Sé que a algunos se les van a remover las tripas con esto”, dijo Llonto sobre la conquista que significó avanzar con los juicios sin leyes ni tribunales especiales. “Pero soy partidario de una legislación especial –dijo– porque es la única herramienta para unificar los problemas de lentitud.” Dante Vega dijo: “¿Legislación especial, sí o no? Siempre dijimos que no, pero es una alternativa. Tal vez frene este embudo de causas que mueren en la Corte”.

José Schulman, de la Liga por los Derechos del Hombre, habló de Milani, y cómo el caso vuelve a poner en duda la palabra de la víctima. “En 1983 la sociedad se dividió entre los que les creían a las víctimas o los que les creían a los represores, y esto parece reactualizarse con este caso: están aquellos que les creen a los familiares de Ledo o le creen a Milani. Esto es un problema en el avance de las conquistas de los organismos de derechos humanos.”

Las voces siguieron. Los querellantes y abogados de los organismos preparan un nuevo encuentro para mediados de mes. Cristina Torres es sobreviviente de Santiago del Estero, donde desde 2003 comenzaron a impulsar causas contra la policía, el Ejército y la corporación judicial. “En diez años de querellantes no logramos nada en buena parte de estos frentes –dijo–. Hay que volver a la calle, esto lo aprendimos los sobrevivientes, volver a hacer presente el reclamo al conjunto de la sociedad. Dejemos la siesta, lo decimos nosotros que somos santiagueños, y empecemos de nuevo a batir el parche.”